440.000 suena bien. Si dijeras 400.000 o cientos de miles, como apuntaba el diario El País en la víspera de la publicación del informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica encargado a Gabilondo, no resultaría tan creíble. Pero si resaltas esta cifra parece que detrás hay datos contrastados.

Sin embargo, no es el caso, pues la cantidad de víctimas que ha copado los titulares de casi todos los medios durante el fin de semana está basada -como otros balances controvertidos que se extraen del informe- en una encuesta que se mueve con un margen de error del uno por ciento, lo que deja abierta la posibilidad de oscilación y, por tanto, de manipulación (las páginas aseveran que el 0,6 por ciento de los españoles ha sufrido algún tipo de abuso por parte de religiosos y sacerdotes, lo cual es imposible). 

Así, una consideración que merece esta investigación es que se ha planteado sesgadamente, más aún en comparación con otros países como Australia o Irlanda. En casos de esta naturaleza el recuento no puede ser estadístico y figurado, sino personal y real, porque cada víctima merece toda la atención, la ayuda, la compasión y la posibilidad de reparación que se le pueda ofrecer, a nivel personal y judicial. Hay que cuidar todos y cada uno de los casos, pero deben ser casos reales y probados, no recogidos a través de un sondeo realizado por una empresa. Falta seriedad. Es como si para investigar la relación entre el cáncer de piel en España y la exposición al sol, en lugar de seleccionar una cohorte de pacientes afectados con algún melanoma y derivarlos a un oncólogo, se recurriese a una encuesta para preguntar a los ciudadanos por la calle cuándo se han notado con quemaduras o insolaciones a lo largo de su vida. 

El problema es que no era ni mucho menos inverosímil la conclusión de esta investigación. El proceso se inició con ciertos titubeos y concesiones a la galería en las comparecencias del Defensor del Pueblo, luego llegaron el vituperio, los bulos y se promovieron las acusaciones (muchas de las cuales han sido a personas fallecidas, que no pueden por tanto defenderse, corroborar la denuncia o declararse culpables) y ha acabado con un daño gratuito y de magnitudes insospechadas a la imagen pública de la Iglesia. 

Tanto es así que, recientemente, Pedro Sánchez se dirigió a los periodistas que lo acompañan a los actos con ocasión de la presidencia comunitaria, y antes de que formularan las tres cuestiones que acepta responder en estos encuentros, él mismo les sugirió la pregunta de la pederastia en la Iglesia. Es especialmente llamativo que el presidente del Gobierno salga al encuentro de esa noticia. Un dato revelador de cómo se puede politizar hasta el extremo un tema que genera y ha generado enorme sufrimiento.