De niña me encantaba Robin Hood, el forajido que vivía escondido del sheriff de Nottingham y del malvado príncipe Juan en los bosques de Sherwood y Barnsdale; de hecho, jugaba a veces a ser lady Marian, hija del barón de Arlongford. Es verdad que la figura del arquero anglosajón ha sido popularmente descrita en una frontera difusa, sin aclarar si se trata de un bandido o de un héroe pues, aunque sea a los ricos para repartir sus bienes entre los pobres, robar no puede ser meritorio. Sin embargo, resulta admirable desestimar la acción de un poder político que utiliza la fuerza pública para acaparar ilegítimamente las riquezas de los nobles que se les oponen, al tiempo que exprimen a impuestos a los aldeanos. Pese a sus sombras, Robin era un defensor del pueblo en la Inglaterra medieval.

Salvando las distancias (literarias, históricas) también ahora en España, cuando un individuo se opone a los edictos de turno, aunque sean injustos, es considerado un proscrito. Y, siguiendo esta arriesgada comparación, el Defensor del Pueblo existe precisamente para velar por que sean salvaguardados los derechos fundamentales y libertades públicas de ciertos decretos caprichosos y cuestionables. El problema es cuando esta figura capitula… Es la duda que me provocan las últimas declaraciones de Ángel Gabilondo sobre los bajos índices de abortos practicados por la sanidad pública madrileña, apelando a que sean valorados y analizados por parte de la Consejería de Sanidad autonómica. Así lo ha manifestado a través de un escrito remitido a la líder de Más Madrid, recogido por el diario El País. ¿Qué conclusión quiere extraer de esas cifras? ¿Que son pocas, insuficientes? ¿O el interés es señalar a los profesionales en listas negras? Por cierto, el juramento hipocrático prohíbe el aborto, del mismo modo que el código deontológico médico en España.

Se barrunta un proceso encubierto contra los objetores, como sigue oliendo a causa general contra la Iglesia la investigación de la pederastia en esta institución que el Congreso de los Diputados le encomendó hace cuatro meses y sobre la que ha vuelto a pronunciarse en una entrevista concedida al mismo periódico. Recuerda Gabilondo que su objetivo es dirimir responsabilidades, aclarar hechos, reparar a las víctimas y evitar que “esto vuelva a suceder”. Huelga decir que la pederastia es un crimen mayúsculo, una calamidad para toda la sociedad y que los casos habidos en la Iglesia no pueden quedar impunes, pero ni éste es el cauce ni mucho menos depende de su cargo. Lo ha explicado claramente la catedrática de Derecho Constitucional María José Roca: la figura del Defensor del Pueblo, en vez de contribuir a facilitar la investigación y la restauración de las víctimas, ha aumentado las dudas y la confusión jurídica.

El Defensor no es una autoridad fiscal ni tiene en su naturaleza carácter punitivo alguno. Es lo que es y viene claramente definido en la normativa. Emplearlo para que, aunque sólo sea en apariencia, actúe de manera distinta, es una forma poco sutil de reducir el grave problema de los abusos a una mera cuestión de juego político. Ideológica es también la vigilancia sobre los sanitarios que se oponen a practicar abortos y la manipulación de las cifras que se ofrecen: el aborto ya es la primera causa de muerte en el mundo y en España casi todos se realizan sin motivos clínicos.

Si las instituciones públicas dejan de actuar con corrección jurídica, retrocedemos al medievo. Ahora bien, en esos tiempos sombríos no sé si existió Robin Hood, pero, según narran las crónicas, sí vivieron caballeros y guerreros valerosos que aceptaron distintos desafíos, resolviendo entuertos y protegiendo a los desfavorecidos, ante la inutilidad de reyes ausentes y políticos vendidos.

Carola Minguet Civera es responsable de Comunicación.