Tras la masacre del 7 octubre y el inicio de la guerra entre Israel y Hamás se puede vislumbrar un aumento de dos delitos de odio registrados en nuestro Código Penal como son el antisemitismo y la islamofobia. Incidiendo en el primero, cabe preguntarse si ciertos posicionamientos pro-palestina pueden ser considerados antisemitas.

En la última década se ha producido un incremento del antisemitismo institucional y académico que da solidez a las tesis planteadas por los expertos en cuanto a una nueva forma de antisemitismo o neo-antisemitismo, conocido también como nueva judeofobia.

Esta nueva forma de antisemitismo nació en los años 60 y se incrementó en los años 70 con los nuevos populismos, se trata de un antisemitismo que recoge el resurgimiento de determinados estereotipos y prejuicios contra los judíos. Dentro del nuevo antisemitismo se puede vislumbrar diferentes formas de antisemitismo como el antisemitismo clásico, racial, islámico, secundario y antisionista.

No obstante, el neo-antisemitimo se caracteriza por dos elementos. El primero, la banalización de la Shoa, y el segundo, la crítica a Israel y el sionismo. Dos elementos que confluyen con argumentos que utilizan la izquierda radical y el islamismo radical para invertir la moralidad de la Shoah con la intención de que los judíos pierdan su papel de víctimas en favor del pueblo palestinos.

Los expertos coinciden en que se trata de un antisemitismo de carácter estructural en el que adquiere especial connotación la relación entre lo judío, la occidentalización, el capitalismo, teorías de poder y demonización, la colonización, el imperialismo estadounidense y otros tópicos tradicionales de la vieja judeofobia. Teorías clásicas de la izquierda europea que conectarían con el discurso árabe-islámico dando origen a un espacio “islámico-izquierdista”.

Con todo ello, y a la luz de las persistentes violaciones de Israel de la legislación internacional y el interés de diversas potencias y actores extranjeros por sostener y alimentar la causa palestina, la intervención internacional y pacífica no ha logrado hasta ahora convencer y obligar a Israel para que cumpla con la legislación humanitaria, respete los derechos fundamentales y ponga fin a la ocupación y opresión del pueblo palestino. Tales acontecimientos han originado posturas políticas calificadas de antisemitismo según la definición de International Holocaust Remembrance Alliance, y a la que España se adhirió en 2020.

Junto a estos posicionamientos, han surgido nuevos métodos de activismo con postulados más coercitivos mediante diversas formas de boicot, desinversión y sanciones. Según los propios activistas, el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) tiene como objetivo recabar el apoyo internacional para acabar con la opresión de los palestinos por parte de Israel, actuando como arma de presión para que cumpla el derecho internacional.

De tal modo, se ha podido observar cómo instituciones, asociaciones, redes, diputaciones y más de 70 ayuntamientos en España han denominado a sus pueblos y ciudades Espacios Libres de Apartheid Israelí (ELAI).

Desde el año 2015 hasta la actualidad, se han interpuesto demandas contra Administraciones públicas cuyas asambleas han apoyado las postulaciones del movimiento BDS. En su mayoría se han concluido sentencias judiciales condenatorias del BDS-ELAI, y otras ocasiones revocaciones voluntarias de los propios ayuntamientos.

A finales del año 2022, hasta 86 acuerdos fueron anulados, de los cuales 10 de ellos llegaron a los tribunales superiores de justicia e incluso al Tribunal Supremo donde todos estos acuerdos han sido declarados inconstitucionales al vulnerar el marco común de convivencia, en especial la afección de art. 14 de la C.E, el derecho a la igualdad.

Al boicot institucional se suma el boicot académico al “apartheid” israelí en el Estado español. La solidaridad con Palestina tiene una larga tradición con las universidades españolas, tras la Operación Plomo Fundido de ataque a Gaza de 2008 se organizaron en distintas universidades colectivos estables que coinciden con la estrategia del BDS académico.

Expuesto lo anterior, el BDS ha incrementado su actividad en el último mes a través de manifestaciones y actos alentando a actuar a la ciudadanía para presionar a Israel a que respete el derecho internacional. No obstante, no está de mas recordar que el apoyo de una causa justa no debe justificarse con actos que son contrarios a la igualdad, la integración, a la interculturalidad e incluso la legalidad como se ha demostrado en los tribunales españoles.

Sin embargo, se debe concluir que lo recogido en este artículo no debe sesgarnos y evitar analizar las desmesuras de ambas partes, posturas que puedan fomentar a su vez el caer en prácticas islamófobas al vincular el terrorismo de Hamás con el mundo islámico.

Así pues, ha de remarcarse que el movimiento BDS ha sido declarado en Alemania como “antisemita” mientras que en Europa existe un consenso académico que reconoce el discurso antiisraelí y la narrativa antisionista como forma de antisemitismo. Justificar juicios antisemitas bajo la excusa de la crítica legítima a Israel no es algo novedoso y se le ha denominado “Livingstone Formulation”. Aunque no todo el antisionismo puede ser considerado antisemita, me gustaría cerrar el texto citando a Benno Herzog:

“Imaginémonos que una sociedad en la que a pesar de que la ciencia ya haya demostrado la forma esférica de la tierra, la mayoría de la población creyera que ésta fuese plana. De forma similar se muestra la situación respecto al carácter antisemita de gran parte del pensamiento antisionista”.