Las secuelas de una ley injusta, muy imperfecta y sectaria, van emergiendo preocupantemente. Se trata de la ampliación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o sea, la ley del aborto.

Las prisas en su elaboración, las carencias en cuanto a la incorporación de opiniones y valoraciones procedentes de órganos consultivos, asociaciones profesionales y expertos, y el marcado sesgo ideológico que la inspira, han alumbrado un mal instrumento.

Y es malo porque hace daño, al nasciturus al que no se le permite nacer, a la mujer a la que se le facilita enormemente la peor opción, la más lesiva para ella y para su hijo, la de abortar, y a la sociedad en general para la que se promocionan políticas antinatalistas que la conducen a una lenta pero inexorable extinción.

Pero también es un fatídico instrumento para la salvaguarda de las libertades. En primer lugar,  la de la mujer a la que ya no debe suministrársele información completa sobre el aborto, sus alternativas, sus opciones de elección, las ayudas que pueden facilitársele si quiere seguir con su embarazo o los riesgos que contrae si decide abortar, que pueden afectarle tras el aborto tal como evidencian muchos estudios relacionados.

En segundo lugar, es liberticida para los profesionales implicados en la práctica de los abortos o la administración de tratamientos que pueden terminar con la vida del embrión humano, como es el caso de las píldoras abortivas o la contracepción postcoital.

La libertad de conciencia de los ciudadanos siempre se erige como un enorme obstáculo para los gobernantes que imponen y pretenden dirigir las vidas de sus súbditos, marcándoles con nitidez los límites de lo que deben o no deben hacer, lo que pueden y no pueden elegir; límites que son señalados con amenazas de fuertes sanciones o persecución de cualquier tipo.

La libertad de conciencia de los profesionales y los ciudadanos puede motivarles a objetar al cumplimiento de una ley que consideran injusta, por atentar contra sus convicciones más íntimas y arraigadas.

No matar es la primera de ellas. No matar al embrión en el seno de su madre implica no practicar abortos, no cooperar con ellos o no facilitar fármacos que pueden matarlo. Pero si el gobernante sectario, aquejado de derivas absolutistas, ha decidido que se puede matar en ciertas circunstancias, como ocurre actualmente en España y otros países con el aborto y la eutanasia, se siente incomodado por aquellos que, habiendo construido una conciencia bien armada que les muestra con nitidez el valor de la vida humana en toda circunstancia, deciden objetar a la imposición liberticida, desobedeciendo la ley que les obliga a lo contrario. Y arremete contra ellos, tratando de limitar su derecho a pensar, a elegir, a actuar si lo hacen en la dirección contraria a la marcada por el gobernante sectario.

Pero hay más: esta mala ley promueve que los farmacéuticos acepten sumisos que el gobernante sectario e ignorante en la materia, les diga como ejercer su labor profesional que – no debe olvidarse- consiste entre otras cosas en velar por el uso racional de los medicamentos y no arbitrario o imprudente, para salvaguardar la salud de los ciudadanos.

La dispensación sin control alguno de las píldoras de contracepción postcoital, que promueve esta ley, va en contra de este uso racional porque se trata de preparados hormonales con una concentración de progestágeno diez veces superior a la de las píldoras contraceptivas hormonales orales de administración diaria que sí requieren -como todos los preparados hormonales- prescripción médica y farmacovigilancia, por la necesidad de salvaguardar la seguridad de las pacientes.

La contracepción postcoital es menos eficaz que la hormonal oral de administración regular y está indicada solo como medida excepcional, no repetida en el mismo mes, debiendo priorizarse la instauración de métodos más seguros y también mejor controlados. Pues ahora la mala ley que se nos impone, lo que promueve es dispensar la contracepción postcoital cuanto más, mejor, sin control alguno y gratis, amenazando con multas astronómicas a todo que el que ponga pegas a los tics absolutistas de sus promotores, como es el caso de los farmacéuticos que decidan no hacerlo.

No se puede disentir, ni en el terreno científico -es injustificable que la contracepción postcoital escape a todo control farmacoterapéutico de prescripción y dispensación- ni en el ético, pues las conciencias deben alinearse con lo que marca la ley.

Por último, en contra de lo que figura en los prospectos de las píldoras de contracepción postcoital, según muestran numerosos trabajos publicados, la mayoría de las veces en las que impiden un embarazo no lo hacen evitando la fecundación sino terminando tempranamente con la vida del embrión impidiendo su implantación en el endometrio uterino y provocando su expulsión.

Esto significa que si un médico o farmacéutico orientan sus actos profesionales según una conciencia formada en el respeto a la vida humana en toda circunstancia, desde la concepción hasta la muerte natural, y son consecuentes con ello, y además quieren ejercer su labor profesional según la buena praxis, se negarán a facilitar un tratamiento embriocida  que puede también comprometer la salud de la mujer porque escapa a todo control farmacoterapéutico, irrenunciable para un profesional del medicamento.

Dejen, a los profesionales hacer bien su trabajo y hacer el bien con su trabajo, para mejorar la salud de las mujeres y preservar la vida de sus hijos. Ustedes deberían hacer lo propio.

Julio Tudela es director del Observatorio de Bioética.