Recién iniciado el curso 22-23 la comunidad educativa y la sociedad en conjunto conviven con un escenario de incertidumbre y perplejidad notorias tanto en la parte sanitaria, como en la económica, la política y la seguridad internacional con la guerra en Ucrania. A este contexto desalentador se suma ahora la puesta en marcha de la octava ley educativa en periodo democrático que aún más dejará desorientados al alumnado, los maestros y las familias. La génesis de la nueva ley, la LOMLOE, ya advertía de la seriedad en los motivos que han provocado este cambio y derogación de la anterior. Los números nos hacen ver que la media de duración de una ley educativa en España se acerca a una legislatura, es decir, se cambia casi cada cuatro años. No obstante, en los mítines, campañas y programas políticos se utiliza la educación como estandarte de prosperidad insistiendo que si gana el partido político de turno derogará la ley del otro partido político.

Si realmente nos fijamos y comparamos las leyes educativas no existe como tal una derogación o supresión de contenido sino una continuidad. La LOMCE (2013) aprobada bajo la presidencia del Partido Popular integraba casi en su totalidad el desarrollo de la Educación Infantil de la LOE de 2006 del PSOE. El hecho de que España no tenga un merecido pacto educativo para conseguir estabilidad en la formación y la educación ciudadana no se debe a la sociedad sino mayoritariamente a la “enemistad” política. La sociedad española a través de representantes de la comunidad educativa de diferentes ideologías dejó constancia de su consenso en 2017 con sus comparecencias en la Subcomisión por el Pacto Social y Político por la Educación del Congreso de los Diputados.

Uno de los elementos que produjeron mayores discusiones en los debates fue la reiteración de algunos partidos políticos independentistas que no hubiera una ley nacional educativa que pusiera en peligro sus reivindicaciones con el beneplácito o silencio interesado de algunos de los constitucionales. Posiblemente este hecho supone una profunda reflexión sobre la necesidad de acordar primero qué organización política de España se pretende siendo conscientes que formamos parte de la Unión Europea. Después, es cuando se podría concretar las mejoras educativas desde un marco estructural político acordado y estable donde confluyan las distintas aportaciones de base.

Sin embargo, lo que sí hemos comprobado a lo largo de estos años y que corrobora esta argumentación, es que existen muchas dudas a la hora de recuperar o no la centralización del sistema educativo o de rebajar, incluso, las competencias autonómicas por la disparidad de aplicación de la ley que se lleva a cabo en las Comunidades Autónomas. Estas dudas quizás estén generadas por lo que planteamos, es decir, que hay serias dudas de que haya una idea común de España que sea mayoritaria en el marco de la Constitución, es decir, una identidad “postnacional” que nazca de la Constitución Española de 1978.

La identidad nacional o el término nación surgen en España con la Constitución de 1812, en las Cortes de Cádiz, donde los términos de monarquía y reino son reemplazados por nación, pueblo y patria. Podríamos plantearnos que en España uno de los motivos principales que no haya una idea común de estructura política puede deberse a que tampoco hay una clara identidad como españoles. En este proceso de diferenciación es clave la identidad, es decir, la identidad nacional basada en nuestra historia y cultura como pueblo, una identidad inclusiva. ¿Qué sucede con los llamados nacionalismos autonómicos o los que algunos denominan como periféricos? Se hace necesario reflexionar sobre la idea de que la identidad como nación española, o lo que Habermas podría denominar el patriotismo de la Constitución, podría reforzar la idea de un pacto educativo teniendo claro primero quiénes somos y quiénes queremos ser como nación española apoyándonos en la historia. Un pacto sobre esta idea generaría una estructura política estable y sólida que ayudaría a conformar otros pactos vitales de Estado. 

Habermas defendía la idea de que el único patriotismo posible era un patriotismo constitucional, es decir, un patriotismo basado en una Constitución elaborada y aprobada por los distintos grupos políticos de un país. En España hoy se cuestiona el valor actual de la Constitución Española de 1978. Hecho creciente en aquellos que defienden su propia identidad y apuestan por un nacionalismo fuera de dicha Constitución con el objetivo de lograr su independencia de España. Cabría preguntarse también si lo que algunos llaman una “España plurinacional”, es decir, con distintas identidades nacionales no integradas, ¿es el mejor escenario para cualquier tipo de pacto, incluido, el educativo? La idea de la existencia de una identidad nacional común parece alarmar a aquellos que sienten que no pertenecen a España aunque históricamente hayan contribuido a que exista como tal.

Carlos Novella es profesor en la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación.