La gestión de los recursos disponibles por parte de los organismos responsables en la atención de las necesidades de sus ciudadanos constituye un excelente indicador de la calidad de un gobierno, de su contribución al bien común y al progreso de la civilización. Por ello, merecen ser analizados algunos datos reveladores sobre la calidad de esta distribución justa y equitativa.

En primer lugar, hemos conocido recientemente el rechazo del actual gobierno de España hacia la tramitación de la conocida como “Ley de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)”, aprobada en la Cámara del Congreso de los Diputados desde el 8 de marzo de 2022, que ha sido deliberadamente postergada en su tramitación, aduciendo problemas presupuestarios.

Los pacientes con ELA son grandes dependientes que terminan sufriendo una parálisis generalizada que requiere de atención continua y especializada, medios sofisticados de asistencia médica y personal entrenado. 

También son grandes dependientes, de sus madres en este caso, los embriones, fetos y neonatos que deberían asegurar en la descendencia el necesario relevo generacional que permita la supervivencia de nuestra civilización. Tampoco ellos son destinatarios de las ayudas necesarias: las ayudas de 20 millones de euros destinadas a mujeres embarazadas -manifiestamente insuficientes para promover la deprimida natalidad en España- se ven ampliamente superadas por los 40 millones que la Administración dedica a subvencionar el aborto en nuestro país. Según datos de la Fundación Red Madre, 8 de cada 10 mujeres que se planteaban abortar seguirían con su embarazo si recibieran la ayuda que necesitan. Y esta necesidad no es solo económica, sino también psicológica, sanitaria y de promoción social.

Pero hay más. En España mueren cada año 75.000 personas con sufrimiento intenso, perfectamente evitable, porque no tienen acceso a los cuidados paliativos, según afirma el Dr. Marcos Gómez, anestesiólogo y uno de los máximos referentes a nivel mundial en medicina paliativa. Pero esta atención paliativa requiere recursos importantes, materiales y humanos, que deben proporcionarse durante periodos de tiempo a veces prolongados.

La atención paliativa sigue sin estar disponible en España para la mayoría de los pacientes que la requieren, grave carencia que no parece preocupar mucho a nuestros gobernantes, que sí se han precipitado a aprobar una Ley de Eutanasia que termina antes con las vidas de los sufrientes y ahorra muchos recursos al Estado en comparación con la provisión de los cuidados paliativos. Por unos cientos de euros puede matarse a un paciente, cifra despreciable con la que requeriría su cuidado y atención en el tiempo de su enfermedad. 

Los grandes dependientes, enfermos de ELA, embriones, fetos, neonatos o niños, pacientes incurables, y las personas que soportan sobre sus espaldas el peso de su cuidado, incluidas las gestantes, los familiares, los asistentes y sanitarios, parecen representar para el Estado un gasto evitable. No producen y sí consumen. 

Su desatención o directa eliminación -eutanasia o aborto- parece suponer un importante ahorro para las arcas públicas, que pueden destinar estos recursos a otros fines espurios relacionados con posiciones ideológicas o de sostenimiento del poder.

Parafraseando a Jérôme Lejeune, nuestra civilización está enferma, y el síntoma principal de su enfermedad es el modo en que trata a sus miembros más débiles.