Los delitos sexuales cometidos por menores de edad han aumentado durante los últimos meses de forma preocupante, también los homicidios o asesinatos se encuentran en un punto ascendente que necesariamente obliga a que se reflexione como sociedad y a preguntarse qué está pasando, qué estamos haciendo mal. Los ciudadanos demandamos medidas para la recuperación de la paz social, sin embargo, no todo depende de la adopción de políticas públicas que den una respuesta jurídico penal, sino que se requiere una intervención social, familiar, educativa... que centre su objeto en la prevención de las conductas delictivas.  

En ocasiones se legisla en caliente y se adopta una política criminal represiva de aumento de medidas penales o con el planteamiento de debates como la posible disminución de la edad de responsabilidad penal de los menores. Sin embargo, la curva ascendente de la delincuencia sexual y de los homicidios cometidos por menores decrecerá a medio plazo si focalizamos la prevención en el sistema educativo, en la sociedad y en las familias.  

Informes recientes del Instituto Nacional de Estadística muestran el incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos por jóvenes entre catorce y diecisiete años desde que empezaron a registrarse en 2017. Tal y como detalla el último informe, en 2022 el número de menores condenados por sentencia firme tuvo una variación anual del 14.1 %. Así, se condenaron a menores por 636 delitos de carácter sexual, de los que 389 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 134 abuso sexual, y 27 agresión sexual, de las que 4 fueron consideradas violación. En relación con las condenas por homicidios en grado de tentativa y consumados las cifras se han incrementado considerablemente con 91 condenas de personas menores de edad, siendo 79 de ellas hombres y 12 mujeres, frente a las 38 condenas impuestas en el año 2017.  

Estos datos generan inseguridad en la sociedad, pero no es así. Aunque el incremento sea evidente, es necesario trabajar en las causas y en los factores de riesgo de estas actitudes violentas de algunos jóvenes con la finalidad de diseñar políticas de prevención y actuar en el foco del problema. 

La percepción de la realidad social de nuestros adolescentes se ve influenciada por la educación afectivo-sexual, la educación y formación en valores, las redes sociales, la educación permisiva, el consumo de pornografía, el consumo de alcohol y drogas, la falta de respeto y empatía, y aunque no tiene por qué estar directamente relacionado con una actitud delictiva, son factores que hay que tener en consideración como posibles predictores de comportamientos violentos. 

Así, se constata un aumento significativo del consumo de pornografía que, en algunos casos, se convierte en adicción, en el que los menores aprenden que la falta de consentimiento está detrás de las conductas sexuales que visualizan a través de internet. Al respecto, Save The Children en un reciente análisis sobre el consumo de pornografía, afirma que el 62,5 % de las personas adolescentes encuestadas de entre 13 y 17 años ha visto pornografía. Y concluye que el consumo masivo online perjudica puesto que “el deseo sexual adolescente se va construyendo sobre unos cimientos irreales, violentos y desiguales”.  Los propios menores en el citado estudio han puesto de manifiesto que cuando intentan imitar las prácticas pornográficas no siempre solicitan un consentimiento previo, como sucede en Internet. 

Para reducir la violencia de los jóvenes en este tipo de delitos es fundamental una educación sexual que no cosifique a las personas y ponga en valor la dignidad de todos. También una información y formación adecuada de los riesgos de las redes sociales y cómo aprender a protegerse de éstos, así como apoyo psicológico para minimizar la agresividad y la impulsividad de los menores, aumentando su autoestima. Son respuestas a medio y largo plazo que ayudarán a crear una sociedad basada en el respeto, la justicia y la igualdad en dignidad de todas las personas.