Respeto de corazón a quienes defienden que Cataluña debe ser independiente, y amo profundamente Cataluña. Difícilmente por tanto podrán achacarme, como insinuó la vicepresidenta en funciones, estar a favor del odio y en contra de la convivencia. Sin embargo, como ciudadano, más aún, como profesor de Derecho Constitucional, no puedo dejar de sentir vergüenza por los pactos firmados entre el PSOE y Junts. Por muchas razones. 

La primera, más evidente quizás, es la inconstitucional amnistía a la que llevan. Quebrantar la separación de poderes y la igualdad ante la ley, eliminar toda consecuencia a alguno de los actos más graves que nuestro Código Penal prevé y hacerlo además en contra de lo que dispone la Constitución -prohíbe incluso los indultos generales- es impropio de cualquier Estado constitucional serio, digno y avanzado que se precie. La segunda, igual de grave, es el mercadeo a puerta cerrada en que se ha dirimido el futuro de España, lejos del Parlamento y de la contienda electoral, en casa de un prófugo de la justicia que se dice en el “exilio”. Pero hay muchas otras.

Pese al uso de anglicismos, emplear el concepto de “lawfare” en España significa, simple y llanamente, llamar a nuestros jueces prevaricadores. ¿Qué otra cosa es, si no, un juez que instrumentaliza la justicia para atacar a un enemigo político? Hablar de judicialización de la política, como expresamente hacen los pactos, o de una “derecha judicial”, como han hecho sus firmantes, vuelve a situar a España lejos de los países democráticos de nuestro entorno, más próximo a Venezuela que a Alemania, y a vilipendiar nuevamente a nuestros jueces, cuyo único “delito” es, parece, aplicar la Constitución y la ley como la propia Norma Magna les encomienda.

Emplear un mecanismo de resolución de conflictos expresamente calificado de “internacional” significa, a su vez, volver al relato que ya intentó imponerse en su día en el País Vasco: el de un conflicto entre España y otro pueblo. En vez de reconocer el inevitable conflicto que existe entre un Estado y aquellos que se saltan sus normas básicas, consensuadas entre todos. ¿Dónde queda, además, en dicho relato, los millones de catalanes que no quieren una Cataluña independiente?

Remontarse a los supuestos agravios históricos sufridos por Cataluña, desde los Decretos de Nueva Planta (expresamente citados en los pactos) hasta el franquismo, implica invocar a una España cavernaria, de la que llevamos más de 40 años lejos no, lejísimo. ¿De verdad queremos olvidar el mayor período de paz, prosperidad y convivencia del que ha gozado nuestro país, gracias a la Constitución, para resucitar duelos y quebrantos del pasado, mucho menos amables que los de nuestro buen Don Quijote, con los odios y rencillas que concitan?

Achacar los graves problemas sufridos en la última década a una Sentencia del Tribunal Constitucional que únicamente (de forma tardía, eso sí) intentó aplicar la Constitución de la forma más suave posible -declarando inconstitucionales solo las partes del Estatuto de Cataluña que clarísimamente lo eran, e intentando interpretar otras de la forma más favorable posible al texto - es desconocer y atacar el sistema de garantías del que todos nos dotamos al aprobar la Carta Magna, frente a aquellas mayorías que, abusando de su poder, quieren alterar el marco básico de la convivencia. Achacar los problemas, como hacen los pactos, al partido político que promovió el recurso de inconstitucionalidad correspondiente supone, a su vez, apelar a la peor acepción posible de la política, la trinchera entre enemigos, en el sentido que Schmitt acuñó en tiempos muy oscuros de nuestra humanidad. ¿Aquel que recurre una ley por inconstitucional, y al que el Tribunal Constitucional más tarde da la razón, es de veras un enemigo, el culpable de todos los males, el difusor del odio y de la discordia? ¿O lo son más bien quienes, a sabiendas, hacen saltar por los aires las normas que a todos por igual nos obligan?

Con todo, lo más triste quizás sea la mención de los pactos a las “imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras” con ocasión del referéndum ilegal del 1-O. Mucho me temo, por declaraciones anteriores, que se refieren a imágenes de la policía, y no a los ataques que éstos sufrieron, físicos y psicológicos, antes, durante y después del referéndum. Policías a los que incluso se les negó posada en Cataluña, y que fueron atacados con piedras, fuego y adoquines; una resistencia organizada, que se quiso hacer ver como pacífica y que distó mucho de serlo. Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, con riesgo de sus vidas y alejados de toda consideración política, cumplieron con lealtad y rigor la única orden que pueden y deben cumplir: la de defender la ley y la Constitución. ¿Es este el destino que merecen en el recuerdo que estos pactos dejan para la Historia?

Porque históricos son estos pactos por los cuales hoy, cuando me pongo delante de mis alumnos de 1º a intentar explicarles la Constitución, siento vergüenza de en qué la han convertido. Y veo como el edificio que entre todos construimos se derriba lentamente desde dentro.