Un reciente informe publicado este mismo mes por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recoge en su apartado 16, punto b, lo siguiente:

“La percepción social de que las personas con síndrome de Down y otras deficiencias son menos valiosas que otras personas contribuye al alto nivel de interrupciones selectivas del embarazo tras el diagnóstico prenatal de síndrome de Down u otras deficiencias”.

Esta preocupación por la percepción social y la atención debida a las personas con discapacidad, específicamente a las personas con síndrome de Down, inserta en las conclusiones de un informe relacionado con las políticas desarrolladas en Bélgica a este respecto, suponen una sorprendente defensa de las personas con discapacidad y una crítica del alto nivel de prácticas abortivas como consecuencia de los diagnósticos genéticos prenatales o preimplantacionales utilizados de forma generalizada como practicas eugenésicas.

Y resultan sorprendentes porque la ONU ha promovido desde hace muchos años la extensión de políticas de control de natalidad entre las que se prioriza el acceso al aborto libre.

Desde la Conferencia de Bucarest, donde en 1974 ya se publicitaba que “una familia pequeña es una familia feliz”, y en la que John D. Rockefeller III se dirigió a los delegados afirmando que “la planificación de la población ha de ser una parte fundamental de cualquier programa de desarrollo moderno tal y como reconocen y aceptan los líderes de las naciones”.

Otras conferencias retomaron el tema del control poblacional, como la de Pekín en 1995 donde Hillary Clinton, férrea defensora del aborto, afirmó que éste debería ser libre hasta el último día del embarazo.

Se ha promovido también desde Naciones Unidas, como recogió en su día el informe Kissinger, estimular la difusión de los métodos contraceptivos entre la población y hacer depender las ayudas al desarrollo de la aceptación por los gobiernos nacionales de las políticas relacionadas con la contracepción y el aborto.

Fue en los años 60 cuando la ONU empezó a utilizar el término “derechos a la salud sexual y reproductiva” como máscara semántica para dar cobertura y justificación jurídica a la contracepción y el aborto, así como el de “aborto seguro”, herramientas para introducir la mentalidad proabortista en las agendas de todos los gobiernos.

Una de sus consecuencias es, sin duda, las cifras al alza en las tasas registradas de abortos, que en España, en 2023, se sitúan muy cerca del máximo histórico alcanzado en 2011:  103.097 abortos, un 4,8% más que el año anterior. Debe recordarse que desde marzo de 2023 está en vigor la última reforma de la ley que facilitaba el aborto a las adolescentes desde los 16 años sin el consentimiento de sus padres, así como la no obligación de ofrecer información complementaria sobre alternativas o ayudas para proseguir con el embarazo.

En primer lugar, la utilización del término aborto seguro constituye una manipulación del lenguaje intolerable.

El aborto nunca es seguro porque constituye una agresión violenta contra la mujer gestante y su hijo, provocando la muerte de éste y secuelas en aquella, bien evidenciadas en numerosos estudios.

Por otra parte, la extensión de la cultura antinatalista fomentada desde la ONU no ha hecho más que promover la aceptación del aborto como un método contraceptivo más que contribuye al control poblacional, objetivo manifestado reiteradamente por este organismo. A este respecto la generalización de los métodos de diagnóstico genético prenatal y preimplantacional se ha convertido en una potente herramienta eugenésica que termina con la vida de los embriones y fetos afectos de cualquier discapacidad.

El ahora paradójico pronunciamiento de Naciones Unidas subrayando el valor de las personas con discapacidad y rechazando su discriminación, entra en abierta contradicción con las políticas que desde los años 70 este organismo ha promovido en todos los ámbitos.

Por supuesto que los afectados por el síndrome de Down o cualquier otra discapacidad merecen que su dignidad personal sea reconocida como cualquier otra persona y que su vida sea respetada. Pero no sólo ellos: los millones de abortos promovidos en el mundo cada año sobre embriones o fetos sanos o enfermos como consecuencia del rechazo a la discapacidad o simplemente al propio embarazo, constituyen un intolerable atentado contra la dignidad y los derechos humanos, que la ONU debería proteger y sobre el que ahora muestra una sorprendente preocupación.

Las personas débiles, dependientes, enfermas o discapacitadas son merecedoras de cuidados y respeto por su dignidad, inherente a todo ser humano. La forma en que una civilización se comporta con estas personas es un buen indicador del estatus moral de sus ciudadanos y su nivel de decadencia.

La defensa de los derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida, constituye un imperativo que la ONU debería promover de forma prioritaria, pero no solo en los casos de discapacidad, sino como protección de la dignidad y los derechos que toda persona merece.