El pasado 17 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por la que se considera el aborto como un derecho por imperativo legal. Esta consideración acarrea consecuencias directas, recogidas en la propia ley, que ahondan en la indignidad de una sociedad que reconoce el “derecho” de acabar con una vida humana.

Deberíamos reflexionar sobre aspectos de esta reforma como la posibilidad de decidir sobre un asunto tan crucial como el de la posibilidad de impedir el desarrollo de una vida humana a menores de edad de 16 y 17 años y mujeres con discapacidad sin necesidad de permiso de sus tutores legales. Así, personas a las que no se les permite entrar en determinados espectáculos o votar, sí se les permite acabar con la vida de sus hijos.

También deberíamos detenernos en el hecho de que se elimine el periodo de reflexión de 3 días y la información que se entregaba a las mujeres antes de decidir sobre la interrupción de su embarazo. Parece que para cualquier intervención clínica mínima o exploración -como una resonancia con contraste- se exige la entrega de un documento de información y un periodo mínimo de 24 horas de reflexión, antes de poder realizar el procedimiento en cuestión. Pero para acabar con una vida… ya no.

Por no decir, el hecho discriminatorio -que recuerda otras épocas- de crear un registro autonómico de profesionales sanitarios objetores, que se nieguen a colaborar en una actividad que consideran moral y éticamente inaceptable.

O también, el de los recursos y medios que se disponen para hacer un proselitismo ideologizado del aborto en escuelas, institutos y universidades.

Asuntos de importante calado recogidos en esta reforma que merecerían una respuesta detenida cada uno de ellos; sin embargo, no debemos perder de vista lo que realmente subyace en el fondo de esta cuestión -la del aborto, me refiero- que es, ni más ni menos, que la consideración de persona.

Hasta las 14 semanas de embarazo se puede acabar con la vida de un embrión humano sin necesidad de esgrimir razón alguna, y hasta el término del embarazo en caso de que exista riesgo para la vida de la madre. Porque para los defensores del aborto, el embrión humano no se considera una vida humana.

Quizás el aspecto externo de un embrión humano de 10 o 14 semanas o de 2 días tras la fecundación, tenga poco o nada que ver con el aspecto exterior de ese mismo ser humano a las 40 semanas o a los 40 años. Sin embargo, en ese ser humano de 2, 4 o 16 células están todas las potencialidades físicas, mentales y espirituales que, en uso de su libertad, desarrollará con el paso del tiempo.

Igual de criminal es acabar con esas posibilidades de crecer, pensar, creer o ser feliz a las 14 semanas de vida que a los 5 años o a los 40.

El fondo de la cuestión es que vivimos en una sociedad emotivista, en la que nos mueven las emociones y olvidamos -y cada vez nos importan menos- las razones. Donde nos conviene más a menudo no pensar y sólo “sentir”.

Convertimos la vida en una búsqueda ciega de la felicidad degradada a placer, en una huida instintiva del sufrimiento, del esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso. Donde el individualismo y el egoísmo son la única salida para subsistir en un mundo de amenazas. El único estímulo y sentido es la huida de lo no deseado, de una vulnerabilidad atenazante, para caer en manos de intereses espurios, de ideologías que menoscaban de forma, eso sí, muy atractiva y efectista, la condición esencial del ser humano: su libertad individual; haciéndonos cada vez más vulnerables y dependientes; con la apariencia de todo lo contrario.