La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo tripartito con patronal y sindicatos para establecer un protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo y garantizar la igualdad laboral del colectivo LGTBI. El borrador contempla que todas las empresas españolas de más de cincuenta trabajadores establezcan medidas de planificación con tal de evitar prácticas desiguales, así como convenios para negociar sus derechos. Además, se tendrá que hacer formación específica de cara a los procesos de selección y será obligatorio el diseño de reglamentos contra el acoso y la violencia hacia estos trabajadores.

La Federación Estatal LGTBI+, Comisiones Obreras y UGT han aplaudido que España sea pionera en la iniciativa, pero es difícil de entender una norma de estas características. Un motivo es que no se alcanza a comprender su justificación, pues se apoya en la necesidad de defender a personas amenazadas o que se encuentran en una situación desfavorecida. Sin embargo, ¿es así? ¿En qué lo están? El colectivo LGTBI está reconocido a todos los niveles. La diferencia sexual o la identidad de género en estos momentos no es obstáculo para nada; es un camino abierto para recibir ayudas, más bien. Un empresario o un empleado trans hoy no tiene ningún problema laboral. Es decir, parte de una victimización que no está clara. Además, esta actitud resulta contradictoria, pues se sale de la victimización cuando se deja de apuntar. Al señalar das por supuesta una condición de inferioridad con respecto a los demás. Por eso tantas campañas de igualdad (ocurre también con aquellas dirigidas a la mujer) hacen un flaco favor: empeñándose en la falta de igualdad, la subrayan, cuando no la hay.

El problema, quizás, es que hay una agenda social pobre y cabe llenarla de cara a la galería, siendo que, paradójicamente, personas que necesitan ayuda en el ámbito laboral hay muchas: madres de familias numerosas (más condicionadas para el trabajo que las personas trans); madres potenciales (a las que se está negando el trabajo); padres de familia (que necesitan estar por las mañanas y por las tardes para despertar y acostar a sus niños); enfermos crónicos (diabéticos, celíacos, pacientes de cáncer...); discapacitados, autistas, trabajadores con parientes cercanos mayores o enfermos a su cargo...

Entonces, si no hay una supuesta desigualdad y esta medida no se enmarca en un plan de mejora laboral global (hay que ayudar a los trabajadores, por supuesto; pero a todos), ¿por qué se ha anunciado esta medida? Pues no lo sé, por eso resulta dudosa. Sin embargo, son claras y preocupantes las interpretaciones que pueden hacerse.

Una es que, para ser reconocido, debes formar parte de un colectivo. En la década de los noventa, la filósofa estadounidense Iris-Marion Young advirtió de que, en los próximos años, la democracia no podrá ser universal, de modo que habrá que hablar de ancianos o de jóvenes, de hombres o de mujeres, de heterosexuales, homosexuales, bisexuales… para poder conseguir apoyos a las propias iniciativas. Más allá de si la democracia es ahora un terreno de colectivos, incluso de lobbies, y del peso que en estos grupos de presión adquiere el carácter sexual, como reconoce esta autora, el universalismo ciego y abstracto trata de etiquetar a la gente en cuanto a las diferencias elevadas a la enésima potencia: cabe distinguir por edad, por el color del pelo, por el tamaño de las manos… por todo hay que buscar factores de diferenciación porque, de lo contrario, habrá quien se quede en el camino.

La consecuencia no es sólo la polarización, sino la instrumentalización de la gente. En este caso, muchas personas representadas en el colectivo LGTBI no están siendo atendidas y acompañadas en lo que necesitan, en el sufrimiento que puedan padecer por razón de su identidad o falta de identidad sexual. Primero han sido conejillos de indias en programas de adoctrinamiento afectivo sexual en las escuelas e institutos (mal planteados e inútiles: si una persona es un ser indefinido e indefinible, no se puede educar ni defender). Después, material de laboratorio con la hormonación y cirugía a la carta que posibilita la ley trans, incluso a los menores (con los seres humanos no se hacen experimentos y mucho menos con los más vulnerables). Ahora, merced a esta propuesta, muchos van a ser estigmatizados e instrumentalizados en los puestos de trabajo, seguramente como banderín de enganche político.

En el fondo, la medida del Ministerio de Trabajo y Economía Social huele a esto último: a propaganda y rédito electoral, a que hoy se gobierna en función de los votantes, no de las personas.