Ya tenemos la foto, y ahora ¿qué? Ya se barruntaba hace mucho tiempo que esto acabaría pasando: los convenios para la realización de prácticas universitarias en centros sanitarios públicos han sido denunciados por el gobierno valenciano. Formalmente esta denuncia de los convenios incluye los de las universidades públicas y privadas, pero no nos engañemos, esto pretende afectar selectivamente a una parte de las universidades valencianas que no son precisamente las de titularidad pública. De carácter oficial, y firmados por las mismas personas, son los títulos que otorga una universidad pública y una privada, de hecho, habilitan para las mismas funciones. Más aún, quién autoriza la creación de una nueva universidad, pública o privada, es el gobierno (nacional o más recientemente también los autonómicos). La autorización de la implantación de unos estudios en una universidad debe estar autorizada también por la administración pública y sancionada por el correspondiente gobierno. Recientemente se viene haciendo esto a través de la correspondiente agencia de calidad, que es quien valora y evalúa si los espacios, personal, dotaciones, convenios, etc… (todo lo necesario para que el estudiante alcance los objetivos que el plan de estudios pretende), que la universidad correspondiente justifica tener en su haber, son suficientes y adecuados para autorizar que se pueda estudiar ese grado en esa universidad. Una vez se alcanza este objetivo, la autorización de la implantación, el modelo universitario español actual se reserva la acreditación de la titulación pasados unos años desde su implantación (éstos dependen de la duración de los estudios de que se trate), que no es otra cosa que la comprobación a posteriori de que lo que se prometió hacer, se ha hecho. ¿A qué viene pues todo esto? El proceso administrativo está muy bien regulado y, excepto para los universitarios, resulta especialmente aburrido, pero es, como casi todo en España, muy garantista de la calidad de lo que se hace. Esto se manifiesta en el hecho de que, por ejemplo, los médicos egresados de las universidades privadas valencianas, desde que éstas existen, no han sido en ninguna ocasión los peores de España; hay universidades públicas españolas que han obtenido peores resultados. No sé, a lo mejor, aplicando los criterios ‘a la valenciana’, deberíamos ir pensando en denunciar los convenios de prácticas de estas universidades públicas en sus correspondientes comunidades autónomas. El lector se puede imaginar que esto no pasará nunca. Luego el objetivo de esta maniobra no es mejorar la calidad de la formación que reciben los aspirantes a médicos de las universidades públicas valencianas, sino, aparentemente, empeorar la de los aspirantes a médicos de las privadas. Una primera cuestión sería por tanto ¿qué políticas son estas que se dirigen a empeorar algo sin mejorar nada a cambio? No alcanzo a vislumbrar la respuesta. ¡Serán las cosas de la ideología!

            En realidad esta última cuestión tampoco es relevante puesto que cuando se reescriban los convenios se deberán hacer otorgando preferencia a los estudiantes de la pública en caso de conflicto de intereses en algún hospital (puesto que deberán tener un único convenio principal con una universidad) y estipulando un canon por alumno. Este último deberá ser igual para todos los estudiantes, porque todos somos iguales ante la ley, y en el caso de las universidades públicas ser compensado presupuestariamente entre administraciones y las privadas deberán abonarlo. Esto nos llevará de nuevo a que los alumnos de la privada estarán subvencionando a sus compañeros de la pública pues sus prácticas se financiarán con los impuestos de todos. La demagogia de estas últimas declaraciones va más allá de lo que finalmente se pueda conseguir en la restricción del acceso de los estudiantes de instituciones privadas a hospitales públicos, que será seguramente poco. Lo que parece querer decir esta demagogia es que sería deseable que no existieran las instituciones docentes privadas (papá-estado es quien mejor nos educa y nos cuida) y, en caso de que no fuese posible exterminarlas, que los egresados de las universidades privadas solo pudieran trabajar en hospitales privados, que tampoco deberían existir en España. Así estaríamos seguros de que la educación sanitaria sería pública y supuestamente de calidad, puesto que no existiría comparativa posible. ¡De nuevo cosas de la ideología!

            Lo que peor se entiende en todo este maremágnum es la constante apelación que hacen los dirigentes sanitarios, y en general todos los políticos, a la cooperación público-privada. Es este un concepto muy loable que, por lo que se ve, solo se aplica a la inversión de los recursos privados en instituciones públicas. Esto es, lo tuyo es mío y lo mío también. Mucho ‘peor’ (‘peor’ desde el punto de vista ideológico) es que pongamos al servicio de la iniciativa privada los recursos públicos que hemos pagado entre todos los españoles, no sea que acaben haciendo algo mejor de lo que se ha hecho desde lo público y quedemos en evidencia con nuestra ideología. ¿En qué quedamos, es bueno que el capital privado sea puesto al servicio de lo público, pero no es tolerable que exista iniciativa privada sanitaria o educativa? Es malo pretender combinar la ideología con la obtención de resultados positivos en cualquier cosa, porque ésta, la ideología (especialmente algunas de ellas), prefiere aquel viejo adagio atribuido a Lenin de “cuanto peor, mejor”, aunque en realidad sea de Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky, un escritor y revolucionario ruso que inspiró, entre otros, a Lenin. Nada más lejos de la libertad y el progreso de la humanidad, tal y como la historia ha demostrado respecto a todas las derivadas leninistas. No hay universidades públicas o privadas, sino malas o buenas universidades, más aún, hay aspectos buenos y malos en cada universidad.