Ante las dificultades que se están presentado para poder vacunar a todas las personas que lo necesitan y deseen hacerlo a nivel mundial, una solución que se propone es liberar la producción de las vacunas de las patentes que ahora existen, pues, al parecer, pueden restringir su fabricación

En este sentido, se ha planteado, y se está planteando en estos días, un debate a nivel internacional sobre si se debería o no promover la liberalización de las patentes para la producción de la vacuna, existiendo opiniones favorables y contrarias.

En relación con ello, el pasado 27 de abril, el doctor Abel Nova, médico de Familia y miembro del Grupo de Trabajo de Bioética de la SEMFYC, concedía una entrevista relacionada con el «pasaporte de vacunación», en la que afirmaba que “es urgente eliminar las patentes para facilitar el acceso mundial a las vacunas”; pero, a nuestro juicio, el problema no es tan sencillo.

Nosotros lo abordamos en un Informe del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, el pasado mes de marzo. En él manifestábamos que “una coalición de países, liderada por India y Sudáfrica, han pedido a la OMS que las farmacéuticas renuncien a los derechos de propiedad, para que así se puedan producir «vacunas genéricas». La OMS ha recibido con interés la propuesta, aunque la Unión Europea y los Estados Unidos se muestran escépticos ante la misma, pues “las patentes garantizan la obtención de los beneficios necesarios para que las farmacéuticas puedan seguir investigando”.

La «vacunación universal», a nuestro juicio, plantea de entrada dos cuestiones: primero, poder fabricar suficiente número de vacunas para que estén disponibles en el mercado internacional las necesarias para conseguir una inmunidad de grupo a nivel mundial, y segundo, que puedan acceder a ellas con facilidad todos los países, especialmente los más pobres.

En relación con el primer aspecto, la Universidad Duke, de Estados Unidos, afirma que la producción de vacunas alcanzará este año las 14.000 millones de dosis, cifra que, a su juicio, parece suficiente para vacunar al 70% de la población mundial, pues para ello bastaría con disponer de 11.000 millones.

En relación con el segundo aspecto, se trata de promover iniciativas sociales, como COVAX, y disminuir los costes de producción de las vacunas, ayudando a las firmas farmacéuticas con incentivos económicos que faciliten dicha política, aunque también se propone liberar de patentes la fabricación de las vacunas.

El pasado 27 de abril, el portavoz de Salud Pública de la Unión Europea, Stefan de Keermaecker, manifestaba que si fracasan las soluciones voluntarias para garantizar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 de todos países, especialmente los económicamente más débiles, se plantea la solución de promover las «licencias obligatorias», pues a su juicio, “la protección por las patentes de la propiedad intelectual, con sus controles y equilibrios, no es una dificultad para conseguir la vacunación universal, sino que más bien es parte de la solución. Lo que, según él, se necesita” es el aumento de su producción, por lo que, dada la complejidad técnica, los gobiernos deben facilitar una amplia cooperación industrial”. Esta es, a su juicio, “la mejor manera de acelerar el suministro de vacunas contra la COVID-19 en la Unión Europea y en todo el mundo y de abordar una efectiva vacunación contra las variantes del virus que se vayan produciendo”.

Por otro lado, el Comité de Bioética de la UNESCO, con fecha 24 de febrero, afirmaba que “los derechos de propiedad protegen algunas libertades fundamentales, como la de investigación y el derecho a la propiedad intelectual”, por lo que la existencia de las patentes, garantiza dichos derechos. Pero, adicionalmente manifestaba que, “en un contexto extraordinario, como la actual pandemia, se deben poner a punto las necesarias medidas extraordinarias para conseguir que la vacunación llegue a todos los países”.

Lo que no parece claro es, que la liberalización de la producción de vacunas, sea una solución positiva para su producción por un mayor número de países, pues la complejidad de su elaboración, especialmente las vacunas mRNA, es grande, pues para producir la variante de Pfizer se utilizan alrededor de 280 productos diferentes, que son suministrados a la farmacéutica por 86 proveedores distintos, pertenecientes a 19 países (ver AQUÍ). Además, el número de pruebas que se requiere para garantizar una adecuada calidad de las vacunas, seguramente no está al alcance de todos los países, pues carecen de la suficiente tecnología para ello.

Como se ve existen opiniones de personas y organismos favorables a la liberalización de patentes para la producción de vacunas, pues según ellos con el sistema actual las vacunas no llegan a todas la personas y países que las necesitan.

Pero naturalmente existen opiniones contrarias, como es la de Gonzalo Ulloa, experto jurista en este campo, el cual afirma que el tema es complejo “por lo que no se puede simplificar contemplando solamente su aspecto social, que lo tienen, pero no es el único”. De todas formas, sigue afirmando, “que en España está vigente la ley de patentes que contempla la concesión de «licencias obligatorias» por motivos de interés público, licencias que posiblemente podrían solucionar el problema”; pero de lo que no tenemos conocimiento es si en la mayoría de los países está vigente dicha posibilidad, pues según Pere Ibern, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, “desafortunadamente no se ha desarrollado suficientemente por parte de los países dicha posibilidad”.

De mayor calado es la opinión de los líderes europeos reunidos el pasado 8 de mayo en Lisboa para debatir sobre temas relacionados con al Covid-19. Entre ellos, naturalmente, se ha tratado el tema de la liberación de las patentes para fabricar las vacunas. En relación con ello, el presidente francés Emmanuel Macron piensa que la liberación de las patentes “no es un chaleco antibalas mágico para solucionar el problema”. En el mismo sentido, Angela Merkel estima que la liberación de las patentes “podría socavar los esfuerzos que se están haciendo para conseguir vacunas contra las posibles mutantes del coronavirus”, añadiendo, además, que esta media “puede tener mas riesgos que beneficios”, a la vez que “no cree que liberar las patentes para fabricar las vacunas sea la solución para hacer llegar éstas a más personas” (ver AQUÍ).

A nuestro juicio, en el fondo del debate, subyace la idea que, sin patentes, será difícil que las empresas farmacéuticas logren los beneficios necesarios para seguir innovando y produciendo nuevas vacunas, pues es sabido que, para conseguir un producto farmacéutico comercial, según el “TUFTS Center of Drugs Development”, se requieren alrededor de 2500 millones de dólares.

Pero para que las vacunas puedan llegar a todos los países, y especialmente a los económicamente más débiles, parece que una buena solución es apoyar el programa COVAX, una iniciativa de la OMS, sin fines de lucro, encaminada a facilitar la llegada de las vacunas a la población de los países en vías de desarrollo. COVAX, ha conseguido hasta el momento reunir más de 2000 millones de dólares para lograr sus fines, aunque a su juicio, para que se pueda alcanzar la vacunación de un 20% de la población mundial, se necesitarían 4600 millones.

En este debate, también es de interés conocer los aspectos ético-morales que el mismo suscita. En ese sentido, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a través de «la Comisión Vaticana Covid-19», manifiesta la necesidad de que las vacunas estén disponibles y accesibles a todos, para evitar la “marginalidad terapéutica”, pues si existe la posibilidad de curar una enfermedad con un medicamento, éste debería estar al alcance de todos, de lo contrario se cometería una injustica, sería un delito contra la justicia distributiva, justicia que debe llegar especialmente a los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta”. Pero también, la misma Comisión sostiene que dado que las vacunas no son un recurso (como el aire y los mares), ni un descubrimiento natural (como el genoma u otras estructuras biológicas), sino que es un invento producido por el ingenio humano, es posible someterlas a la disciplina económica, lo cual permitiría compensar los costos de la investigación y el riesgo que han asumido las empresas. Sin embargo, dada su importancia para la salud pública, las vacunas deben ser vistas como un bien al que todos tengan acceso indiscriminadamente, según el principio del destino universal de los bienes, mencionado por el Papa Francisco”. Además, el Papa también afirma que no deben colocarse las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad (ver AQUÍ).

En relación con todo ello, Ngozi Okonjo-Iweala, directora de la Organización Mundial de Comercio, manifestaba en este mismo mes de mayo en una entrevista concedida a la BBC británica, que “su organización está dividida entre los que defienden que se promueva la liberalización de las vacunas y los que sostienen que esta no es la solución, pues lo que hay es un problema de escasez de materias primas y de dificultad para la importación y explotación de las misma y también la necesidad de más plantas farmacéuticas acondicionadas para la fabricación de las vacunas”, por lo que en su opinión “el objetivo debería ser poner vacunas a disposición de todos los países a un precio razonable, a lo que nosotros añadimos que en dicho objetivo también deberían introducirse soluciones como el programa COVAX anteriormente referido.

Como se comprueba, es este un problema complejo, con vertientes, tanto sanitarias, como económicas y éticas diferentes, por lo que su solución, a nuestro juicio, debería pasar por promover un amplio debate entre las propias firmas farmacéuticas, las organizaciones sanitarias internacionales, como la OMS, y los expertos en bioética.