La abogada Ana Móner, coordinadora jurídica de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) y profesora del Máster Universitario de acceso a la Abogacía de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, ha señalado que están a la “expectativa” para ver si se pone en marcha un procedimiento extrajudicial “como ha anunciado el Gobierno” ante la sentencia europea que obliga a los bancos a devolver todo el dinero de las cláusulas suelo.

“De momento no vamos a instar al inicio de demandas judiciales”, ha matizado durante su participación en una jornada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia sobre los nuevos mecanismos en la defensa de protección del inversor-consumidor, que ha reunido a juristas y profesores.

“Iremos a las acciones judiciales si no se da otra respuesta o si la respuesta no es suficientemente segura para los ciudadanos por la falta de transparencia y publicidad, como la que se dio anteriormente con las preferentes y las subordinadas tras un procedimiento similar”, ha añadido Móner.

La responsable del servicio jurídico de AVACU ha detallado que “si el procedimiento es oscuro y tiene falta de transparencia no podremos aconsejar a la gente que vaya a ese posible procedimiento y nos veremos abocados a ir a la vía judicial, como con las preferentes”. 

Asimismo, "hasta que no se sepa si va a existir una vía más rápida y económica, que es posible si se hace bien", Móner ha aconsejado "no avanzar ningún dinero a despacho o entidad, salvo que se tenga claro que se quiere ir por vía judicial”.

En este sentido ha opinado que "lo ideal sería que la criba sobre lo que podría entrar o no la realizara un arbitraje de consumo tripartito formado por asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales independientes y la administración”.

MANTENER EL EFECTO DISUASORIO

De igual forma, Móner se ha mostrado partidaria de que el “efecto disuasorio que ya se venía recogiendo en muchas sentencias de la Unión Europea debe mantenerse para defender al consumidor”. “Las empresas han de saber que si incluyen clausulas abusivas, estas van a ser inaplicables. Solo así dejarán de establecerlas”, ha expresado. 

Igualmente, la profesora del Máster Universitario de acceso a la Abogacía se ha congratulado de que los tribunales españoles, “gracias al empuje de la Unión Europea, por fin se han dando cuenta de lo débil que es el pequeño inversor”.

En este sentido, Moner ha añadido que “la Unión Europea nos han dado sentencias muy válidas que han supuesto todo un revulsivo para los tribunales españoles, ya que han tenido que aprender mucha legislación de consumidores”.

LUIS SEBASTIÁ: “AUNQUE LA LEY PROVEE DE MUCHOS MECANISMOS DE DEFENSA, LA MAYORÍA  DE ELLOS, POR FARRAGOSOS, NO LLEGAN AL INVERSOR” 

Por su parte, Luis Sebastiá, socio del bufete de abogados Garrigues y profesor de Derecho Mercantil en la UCV ha analizado las herramientas legales que la normativa, inicialmente europea y luego ya española, va avanzando para que cada vez haya más protección en materia financiera y del mercado de valores.

Sebastiá también se ha referido a la crisis de las preferentes y ha relatado que “los mercados financieros, que desde siempre habían estado reservados a gente con mucho dinero y con un perfil financiero, se abren en los años 90 a ahorradores no profesionales, con el riesgo que esto conlleva”. “El resultado es inversores arruinados con subidas y bajadas de bolsa, y productos de riesgo elevado como preferentes, obligaciones convertibles, o Cefedes, dejando en una situación de indefensión a pequeños inversores”, ha añadido.

“Es en este contexto en el que la Unión Europea mueve ficha y redacta la normativa MIFID I, que entra en vigor en 2007 y que supone un gran avance en la materia, exigiendo mayores requisitos en lo que información, transparencia, evaluación del inversor y de la inversión en general se refiere;  y que tiene su continuidad en MIFID II, una modificación que tiene por objetivo fortalecer esa seguridad para el inversor ”, ha apuntado este abogado.

Por último, Sebastiá ha hecho hincapié en la necesidad de tener “cautela y asesoramiento” a la hora invertir en productos de alto riesgo. “Es necesario contar con asesoramiento para ese tipo de inversiones, porque aunque la ley provee de muchos mecanismos de defensa, la mayoría de ellos son tan farragosos que al final no llegan al inversor”.

En la jornada también ha participado Adela Serra, profesora de Derecho Civil acreditada a Catedrática de la Universitat de València, que ha abordado las consecuencias jurídico-privadas ante la infracción de la obligación de informar; y Paz Lloria, profesora de Derecho Penal de esta misma universidad que ha clausurado la jornada con una conferencia en la que ha profundizado en la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante la comisión de delitos relacionados con el mercado de valores.

Rubén Figueirido / comunicacion@ucv.es