La actuación de la Conferencia Episcopal está enmarcada, podríamos decir, por varias etapas: una primera en la que hay un primer momento con la presidencia de Quiroga Palacios, a la que sigue la presidencia de mons. Casimiro Morcillo, arzobispo de Zaragoza y Madrid. Breve, interrumpida por enfermedad y muerte del mismo D. Casimiro, y entrada en escena del nuevo presidente, cardenal arzobispo de Toledo y después de Madrid, D. Vicente Enrique y Tarancón. En esta etapa está ya muy presente, desde los comienzos, la preocupación por cómo situarse ante la realidad social y política proveniente en buena medida de la contienda civil. Ahí surge una declaración de la Conferencia que lleva por título «La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio», o su documento de 1966 de toma de postura ante el referéndum de 1967 parar la Ley Orgánica de Sucesión.

Estos dos documentos revelaron una posición del Episcopado que en el orden doctrinal se movía en la dirección señalada por las orientaciones del Concilio Vaticano II, pero que en la apreciación de la situación concreta de la sociedad española no parecía responder ya a la sensibilidad de las nuevas generaciones. Esto unido a posiciones eclesiológicas parciales hizo difícil el entendimiento dentro y fuera de la Conferencia y el diálogo fue tornándose un tanto más costoso, aunque sin exagerar, ya que los medios de comunicación social tuvieron un influjo bastante decisivo.

Un tema que aparece con cierta fuerza, y que todavía está sin resolver, es el de la enseñanza. Con una gran sensibilidad ante los temas educativos, la Comisión Episcopal de Enseñanza, presidida por Mons. D. José López Ortiz y orientada con perspicacia e inteligencia por D. José Manuel Estepa, lleva a cabo una importante obra de sensibilización de la Conferencia Episcopal en esta materia y de la Iglesia en su conjunto, en la orientación educativa, y en la gran cuestión la libertad de enseñanza,– quién educa los padres o el Estado– el papel de los padres de familia, colegios de la Iglesia y profesores, predominantemente los de religión; recuerden, por ejemplo, la toma de posición, juicio que se hace ante la así llamada Ley Palasí, o ante las disposiciones del Ministerio Martínez Esteruelas. Es esta una cuestión que se va a mantener, y se comprende, porque en esas disposiciones se pretendía llevar a cabo la modernización de la sociedad española.

Ya en los primeros años, y principalmente al fi lo de la década de los 70, se van acentuando las tensiones entre el clero que quería ver la reforma conciliar ya, los mismos seglares comprometidos en los movimientos apostólicos, sobre todos algunos de AC de ambiente, los religiosos y la jerarquía eclesiástica se adivinaba que iba creciendo una separación notable y un malestar que tuvo sus expresiones y manifestaciones y que cristalizarían en la famosa y clave Asamblea Conjunta de 1971. Los obispos de la Conferencia, en su mayoría mayores, con una mentalidad en un sector importante de ellos tradicional, se situaban con cierto recelo, más bien prudencia, ante los movimientos innovadores.

Influyó sin duda su cercanía al Régimen, el provenir de una guerra, el haber vivido una paz social, pero creo que tampoco se puede achacar a los obispos que mantuviesen una actitud de sumisión respecto del Régimen, como señalan algunos tópicos, o que se aferrasen a una posición numantina ante el cambio. La Conferencia no fue sumisa. Con todo, se vivieron momentos, los recuerdo perfectamente, en los que «la separación entre la mayoría de los Obispos y el clero –en especial el clero más joven– podían remediarse promoviendo al episcopado sacerdotes absolutamente independientes del Estado, con amplio prestigio pastoral, y, sobre todo, con formación y sensibilidad para percibir los graves problemas de España y contribuir, con su magisterio y formación de los seglares, a la reforma de la sociedad conforme a la doctrina social de la Iglesia. En España existía una fuerte presión de la sociedad que quería evolucionar hacia una mayor libertad y equidad»(Y Cárcel, 423). En concreto «los trabajadores y la juventud universitaria, sana en su mayor parte aunque, reconozcámoslo, un poco manejada’’, deseaban vivamente una organización social más justa y verdaderamente democrática. No podemos olvidar, además, el mayo del 68 francés, que tuvo más incidencia en España que la que pudo parecer en su momento; como también el auge del marxismo con la capa del eurocomunismo y el Congreso de Suresnes del Partido Socialista Obrero. Era, pues, apostólicamente necesario que la Iglesia tomara posición. Por consiguiente, era de vital importancia para el futuro de la Iglesia en España que la Santa Sede nombrara algunos obispos nuevos sustituyendo a otros por razones de edad» (V. Cárcel, 423).

Aquellos años, recuerdo, había una palabra magra: el «cambio», había que cambiar, había que «aggiornarse», y todo lo que no fuera esto, conforme a ciertos parámetros, era inmovilismo, aferrarse a una tradición entendida de forma estática y conservadora, era retardar o impedir el Concilio. Esto, sin duda, también estuvo presente en la Conferencia, y, aunque el Episcopado estaba unido en su adhesión al Santo Padres, Pablo YI, entre los que, innegablemente, había disensiones que se dejaban traslucir al exterior de la misma Conferencia. Diría que más que divisiones lo que había entre los obispos eran incertidumbres y esperanzas que había que clarificar y encauzar concretando.

Estimo que la Presidencia del cardenal Tarancón fue decisiva a este respecto y el papel tan importante de otro gran arzobispo, cardenal Marcelo González, que no debemos ver como figuras contrapuestas, sino complementarias y más unidas de lo que pueda parecer o lo que se ha dicho sobre ambos. No debemos omitir el recuerdo de los múltiples nombramientos episcopales que se llevaron a cabo durante los años que fueron Nuncios en España Mons Riberi y Mons Dadaglio, principalmente cubriendo puestos de obispos auxiliares que, a mi entender, fueron decisivos en los años posteriores.