La Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado su primer Congreso Internacional sobre la Protección de las Víctimas en el Espacio de la Unión Europea. Ha pronunciado la conferencia inaugural la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes, que ha disertado en torno a la construcción europea a través de la protección de las víctimas.

Tras enunciar distintas situaciones históricas acaecidas en el viejo continente a lo largo del siglo XX como la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial, en referencia a la gran cantidad de víctimas que provocaron, Freixes ha puesto su atención en las que causó el terrorismo de ETA: “Algunas de las preocupantes reacciones frente al terrorismo son aquellas que consisten en identificarlo como conflicto armado, ignorar a las víctimas y construir una determinada memoria, llamada por algunos «democrática», que nada tiene que ver ni con la historia ni con la democracia”.

En opinión de Freixes, “desde hace algún tiempo se pretende diluir a las víctimas de los delitos específicos de ETA para normalizar lo que algunos llamaron «el conflicto». Quitando importancia a las víctimas no se reconoce la legitimidad que los textos internacionales y europeos les confieren. Además, aquí no ha habido conflicto armado sino, lisa y llanamente, terrorismo y barbarie”.

“Tuvimos una seria disputa cuando se pretendió que la reciente conmemoración del atentado en el Hipercor de Barcelona no estuviera dirigida especialmente a las víctimas. Dijeron que «como ya han vivido los hechos, no es necesario dirigirse a ellos, sino a todos los barceloneses». Finalmente se recondujo el asunto, pero ello muestra el tono de algunas posiciones. Este caso fue muy sangrante porque se trataba del delegado especial de Protección a las Víctimas quien se había pronunciado de esa manera”, ha relatado.

Contra la equiparación del atentado de Hipercor con el bombardeo de Barcelona de la Guerra Civil

Redundando en el atentado de 1987, Freixes ha criticado que se llegara también a afirmar que este “supuso un «cambio de estrategia» de ETA porque por primera vez todas las víctimas eran civiles, incluidos niños, y que era un atentado «indiscriminado»”.

“El giro radical de ETA fue la escisión dentro de esa banda terrorista que decidió seguir matando aún con la llegada de la democracia. También debe recordarse que no es lo mismo luchar contra un dictador que desestabilizar un sistema democrático asesinado, secuestrando y mutilando a civiles, pero también a militares o policías. Estos últimos son precisamente los servidores públicos que en democracia han de garantizar la libertad y seguridad de todos”, ha afirmado.

La catedrática catalana ha recordado también que “se ha afirmado que todas las cuestiones relacionadas con la memoria son conflictivas y sibilinamente se ha asimilado el terrorismo a los bombardeos aéreos sufridos por Barcelona durante la Guerra Civil. También los hubo en otros lugares de España, no nos miremos el ombligo. Con esa calificación de los bombardeos, se equipara de una manera absolutamente inadecuada, de facto, un acto terrorista con un acto de guerra, cuando ello está claramente diferenciado en toda la regulación jurídica aplicable al respecto”.

“Un conflicto bélico puede comportar actos lícitos o ilícitos, según la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales. En el caso de ETA estábamos ante el asesinato de personas en un régimen democrático y de libertades, por lo que no hay comparación posible: en una guerra hay combatientes, en el terrorismo hay asesinos y víctimas. No nos equivoquemos al respecto porque ello constituiría una bajeza moral terrible”, ha aseverado.

Debido reconocimiento institucional y social a las víctimas

En relación a las víctimas de ETA, Freixes ha hecho hincapié en que “hay que tener en cuenta que desde las orientaciones emitidas por el Consejo de Europa el apoyo moral a las víctimas constituye uno de los ejes fundamentales para garantizar que las políticas antiterroristas estén de acuerdo con los textos internacionales de protección de los derechos humanos. No solo por ética pública, sino porque las víctimas son las principales colaboradoras de la justicia en la lucha por erradicar el terrorismo. Su ayuda ha resultado esencial en la desarticulación de la lacra etarra que hemos padecido en España”.

Así, desde la UE se obliga a las autoridades internas “a no ‘revictimizar’ en forma directa o indirecta a las víctimas y a tomar todas las medidas necesarias para su resarcimiento, no solo material, sino también moral; en un contexto no solo procesal sino también extraprocesal”. Por su parte, la ONU, “que hasta hace muy poco tiempo ponían más el acento en la garantía general de los derechos en la lucha contra el terrorismo”, considera ahora que “el apoyo y la protección a las víctimas debe incluir su reconocimiento social e institucional”.

Herminia Rangel: “No se puede meter en el saco de la violencia de género todo tipo de conductas o comportamientos”

Herminia Rangel, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº3 de Valencia, ha participado en el I Congreso Internacional sobre la Protección de las Víctimas en el Espacio de la Unión Europea organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV) en el que ha manifestado que “no se puede meter en el saco de la violencia de género todo tipo de conductas o comportamientos que pueden ser más bien desavenencias dentro de una relación de pareja”.

Así, la magistrada ha subrayado que “la violencia de género es una violencia muy concreta, y si aplicamos el concepto de violencia de género en esos casos, no estamos avanzando en el mensaje, y lo que está llegando, sobre todo a los jóvenes, es un mensaje equivocado, fuera de contexto, que provoca rechazo, y que ha hecho que los índices de violencia en adolescentes sean cada vez más elevados”.

En este sentido, Rangel ha hecho hincapié en la necesidad de diferenciar entre tres tipos de víctimas de violencia de género: las víctimas adolescentes, las víctimas de mediana edad y las víctimas mayores; y en que, aunque la orden de protección en sí es la misma para todas, la eficacia de la misma es diferente para cada una de ellas.

“En las víctimas jóvenes, la orden de protección no acaba de protegerles porque estas no reconocen la situación de violencia, y en muchos casos ni ellas mismas respetan esa orden y siguen quedando con el presunto maltratador”, ha indicado.

La orden de protección es “más eficaz” en las víctimas de 40 a 60 años

Por otro lado, la ponente ha señalado que “quizá, donde la orden de protección es más eficaz es en las víctimas de mediana edad, de 40 a 60 años. En este caso, son mujeres que sí asumen y verbalizan la situación de violencia que están viviendo y acuden al juzgado para denunciar y buscar protección”.

La magistrada ha aludido a un tercer grupo de víctimas, las de más de 70 años, que “más que una orden de protección, lo que necesitan en muchos casos es una intervención de los servicios sociales, ya que no quieren dejar en la calle al marido, pero sí que alguien le regañe y le haga cambiar su conducta”.

Para cerrar esta enumeración, la ponente ha mencionado “un cuarto tipo de víctima que llega al juzgado y solicita una orden de protección, cuando verdaderamente no es víctima de violencia de género”.

“Son mujeres que están viviendo una situación de fin de matrimonio o de relación de pareja y piden una orden de protección esta no es la medida para solucionar conflictos de pareja. En este caso, lo mejor sería reconducirlas a una especie de mediador o persona que les ayude a gestionar ese fin de su proyecto de pareja”, ha añadido.

En este punto, Rangel ha indicado y alertado que “todas ellas, desde el momento en que ponen una denuncia, son reconocidas como víctimas de violencia de género, y ponen en marcha unas medidas inmediatas que no siempre son las adecuadas”.

Noemí Pereda: “Las comisarías o juzgados son muy intimidantes para el niño y pueden generarle dificultades para recordar”

En el congreso también ha participado Noemí Pereda, profesora titular de Victimología en la Universidad de Barcelona, que ha disertado sobre los efectos que tiene que los niños estén implicados, como víctimas o testigos, en procesos judiciales, y de qué recursos se dispone para hacer frente a esos efectos de victimización secundaria.

Así, la ponente ha afirmado que “las comisarías o juzgados son entornos muy intimidantes para los niños, que elevan su ansiedad y que pueden generarles pesadillas y dificultades para recordar, con lo que puede afectar también al juicio en el que se encuentran inmersos”.

Como solución a este problema, Pereda ha hecho mención a las ‘barnahus’, un recurso que se está implementando ya en algunas comunidades autónomas y que consiste en un modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima. Se trata de una casa, lejos de comisarías y hospitales, que cuenta con un entorno amigable para los niños: decoración adaptada a su edad y profesionales especializados en victimología infantil.   

Pereda también se ha referido al juzgado especializado en violencia contra la infancia en Canarias, que es el único de España en atender a niños víctimas de la violencia, y que pretende también crear un entorno amigable, con unos profesionales formados y sensibilizados para poder proteger a estas víctimas vulnerables”.

En el congreso han participado también José Manuel Vidagany, abogado especialista en violencia contra la mujer y discapacidad; y los profesores de la Universidad de Valencia (UV) César Chaves, Raquel Borges y María José Jordán.