Andrea Ropero charló hace unos días con Irene Montero sobre la nueva ley del aborto que, según apuntó la ministra de Igualdad, ha tenido "elementos a debatir" como las discrepancias sobre la baja por menstruación o el precio del IVA de los productos de higiene menstrual. Dilema venial ha resultado que se garantice la interrupción del embarazo a las menores de 16 años sin necesidad del consentimiento paterno, pues la mayoría de edad sanitaria en nuestro país está fijada en esta edad.

Estos dislates no me sorprendieron y han sido sobradamente comentados durante esta semana. Sin embargo, me preocupa su afirmación de que la norma “hace compatible el derecho individual a la objeción de conciencia del personal sanitario con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo".

Tantos médicos acuden a la objeción de conciencia con tal de respaldar el bien y la verdad que reconocen en conciencia y que, además, coincide con su código deontológico: defender la vida. Sin embargo, se da el caso de que otros colegas apelen a la libertad de conciencia para hacer justamente lo contrario, pues al practicar un aborto o una eutanasia esgrimen el mismo argumento: lo hacen en conciencia.

¿Los derechos de conciencia son tales? Porque la conciencia no puede dictar una cosa y su contraria. La formación de una conciencia verdadera, por estar fundada en la verdad, y recta, por estar decidida a seguir sus dictámenes, no admite contradicciones, traiciones y componendas. Hay que hilar muy fino para no caer en la trampa que antes nos han tendido con la libertad: la de que cada uno tiene su conciencia y actúa según ella.

Esta cuestión no está clara en los diálogos contemporáneos (tampoco entre algunos católicos) y mucho menos en la práctica jurídica (el Derecho no es nada sin personas que piensen en su servicio a la dignidad humana; el positivismo es una superstición intelectual).

Por eso conviene ir con cuidado, matizar bien qué es esto de la libertad de conciencia y cuál es el sentido profundo de la objeción.  Al menos, a la hora de no pervertir la propia conciencia y nuestro ordenamiento jurídico, ahogado en sus incongruencias. Así lo planteó en su famosa Carta al Duque de Norfolk el cardenal Newman: «Cuando los hombres invocan los derechos de la conciencia no quieren decir para nada los derechos del Creador ni los deberes de la criatura para con Él. Lo que quieren decir es el derecho de pensar, escribir, hablar y actuar de acuerdo con su juicio, su temple o su capricho […] En estos tiempos, para la gran parte de la gente, el más genuino derecho y libertad de la conciencia consiste en hacer caso omiso de la conciencia […] La conciencia es un consejero exigente, que en este siglo ha sido desbancado por un adversario de quien los dieciocho siglos anteriores no habían tenido noticia —si hubieran oído hablar de él, tampoco lo hubieran confundido con ella—. Ese adversario es el derecho del espíritu propio, la autonomía absoluta de la voluntad individual».

Por cierto, una aclaración, al hilo de las declaraciones de Montero. El objetivo del Ministerio no es compatibilizar el derecho a la objeción de conciencia con el del aborto. Lo que quieren es utilizar el primero como una excusa para crear listas negras de objetores en los centros hospitalarios, además de que apuntarse a un listado con antelación y por escrito para poder objetar, ya es una limitación para ejercerlo. Así lo ha advertido Manuel Martínez Sellés, presidente de ICOMEM, en una jornada de la Universidad Católica de Valencia. Otro contrasentido: cada vez tenemos más derechos, pero el Estado es más totalitario.

Carola Minguet es responsable de Comunicación.