Sorprende la celeridad con la que se anuncia por el nuevo Gobierno de la nación una reforma de la LOMCE que limita con la finalidad de dejar en un segundo plano la educación concertada, que desprecia la enseñanza de la asignatura de Religión, y que incorpora al currículum de nuestros niños y jóvenes una asignatura de la que muchos temen –tememos- sus claros indicios adoctrinadores. Y las preguntas que surgen son muchas.

¿Es la educación concertada un problema que haya que afrontar, además con carácter de urgencia? No lo parece, ni lo uno ni lo otro, porque la existencia de centros concertados permite a las familias, principalmente a aquellas que carecen de recursos, elegir la formación que quieren para sus hijos. De otra forma, –sin conciertos- solo quienes tienen capacidad económica para pagarla pueden elegir. En este mismo sentido, por ejemplo, varios colegios diocesanos concertados valencianos han abierto sus puertas durante el mes de julio para que más de 300 escolares puedan recibir atención y alimentación, muchos procedentes de personas sin recursos. Una labor encomiable, muy vinculada a la motivación y objetivos principales del modelo de la educación concertada. Se trata de un tipo de educación –la concertada- plenamente consolidada en la sociedad española, tras más de 30 años instaurada, y que cuenta con 8 millones de niños escolarizados en dicha modalidad.

¿Es la enseñanza de la asignatura de Religión un problema que haya que afrontar, además con carácter de urgencia? No lo parece, sobre todo si atendemos al número de familias que optan libremente por cursar esta materia. Es, quizá por este motivo, por el interés que tiene para las familias, el deseo de quitarle su valor académico y a fin de desincentivar que se siga cursando de forma mayoritaria. En la actualidad, la clase de Religión es una demanda social y una necesidad social que elige más del 60 por ciento de la población escolar, en los distintos niveles de infantil, primaria y secundaria, y que escogen libremente alrededor de 3,5 millones de alumnos. Es curioso que los poderes públicos ignoren –consciente o inconscientemente- los beneficios de la enseñanza religiosa en la educación, como señalaba recientemente el Cardenal Cañizares en un curso de verano de la UCV. La enseñanza de la materia de Religión, sin duda, contribuye a la formación integral de la persona.

¿Y la incorporación de una nueva asignatura que parece, más bien, destinada a adoctrinar, a establecer una nueva fe? ¿Es una prioridad hoy? No, no lo es hoy, no lo era ayer ni lo será mañana. La formación, la educación, es tarea y misión de las familias, no del Estado.

Por este motivo, a quienes pensamos que la educación en España presenta hoy importantes retos y desafíos a los que atender, entre otros, el fomento de la creatividad y el espíritu crítico de nuestros alumnos, la revisión de los modelos pedagógicos que garanticen un mayor protagonismo del alumno, que permitan el desarrollo máximo de sus habilidades, entre otros, nos sorprende las prioridades avanzadas por la nueva ministra de Educación. Igualmente, a quienes defendemos la libertad de educación, así como la libertad religiosa, nos preocupa esta declaración de intenciones; y a quienes creemos en el principio de subsidiariedad que prioriza al individuo, a la persona, frente al Estado, nos asusta la deriva apuntada por el Gobierno.

Al Estado y a los poderes públicos les corresponde, según reza la Constitución española en su artículo 27, regular las condiciones necesarias para que la sociedad pueda ejercer por sí sola los derechos y deberes que le son propios en el campo de la enseñanza, y permitir a las familias que puedan educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales, religiosas y pedagógicas, lo cual se consigue reconociendo a aquellas la libertad de elegir el centro para sus hijos. La libertad -también la de elección de centro- no es el problema, es la solución. Más bien, la restricción de aquella es el riesgo y la cosificación de la persona, con su derivada planificación, su consecuencia.

El primer anuncio de la ministra de Educación, pero también sus palabras posteriores en las que matizaba aquellas primeras declaraciones, han vuelto a hacer más evidente que nunca la necesidad de un pacto de Estado que aglutine amplias mayorías, que rescate la educación de la lucha partidista –demasiados años ya con leyes sobre leyes- y que ponga en primera línea a los alumnos y a sus familias, respetando sus derechos y libertades.