La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV), Nuria Martínez, ha impartido una ponencia sobre el coordinador de parentalidad, una figura tiene su arranque en Valencia en el año 2017 a partir de un proyecto piloto que se desarrolla en los juzgados de primera instancia y, que la Conselleria de Justicia “ha apoyado mucho. De hecho, en junio de 2019, la consellera Gabriela Bravo manifestó, dado su buen resultado al haberse logrado canalizar muchos conflictos, que había venido para quedarse e implementarse en todos los juzgados de familia de la Comunidad Valenciana”, ha subrayado.

Martínez ha inaugurado el III Congreso Internacional de Derecho de Familia que celebra la UCV centrado en los nuevos retos en materia de protección del menor, capacidad jurídica y ejercicio de la patria potestad en situaciones conflictivas. En esta ocasión, las sesiones se celebran online debido a las circustancias sanitarias.

En su intervención se ha centrado en esta figura a la que se está recurriendo en aquellos procedimientos de familia en los que hay un alto nivel de conflicto entre las partes. El coordinador de parentalidad tiene sus orígenes en Estados Unidos y en Canadá y ha irrumpido con fuerza en Valencia. Esta medida viene como ayuda en los casos de rupturas matrimoniales que implican un alto nivel de judicialización con el consiguiente perjuicio que esto acaba causando en los niños; así, esta figura pretende ser “una especie de escuela de padres, de mediador -aunque no lo es porque tiene más facultades y poder de decisión- que busca pacificar el conflicto existente”, detalla la Decana de la Facultad.

“Es verdad que en los procedimientos de familia se producen muchas veces roces y enfrentamientos derivados, por ejemplo, por el ejercicio de la guardia y custodia, el tema de las visitas del progenitor no custodio, el incumplimiento de horarios o del régimen de visitas… Estas situaciones generan una serie de problemas que acaban en el juzgado y a los que, muchas veces, no se les da solución no porque no se quiera, sino porque tampoco hay instrumentos para ello. Así, ha irrumpido la figura del coordinador que pretende ayudar a resolverlas, siempre tomando como referencia el interés superior del menor. De hecho, en ocasiones se trata de educar a los padres para que puedan solucionar este tipo de conflictos sin llegar a judicializarlos”.

La apertura ha contado también con la directora del Congreso, Pilar Estellés, que ha incidido en los “enormes retos socioeconómicos que afectan de manera significativa a su futuro común; como el cambio demográfico, la exclusión social y la pobreza, la integración y la desintegración, las desigualdades y los flujos migratorios, entre otros”.

“En este contexto, los menores migrantes no acompañados se encuentran a menudo en situación vulnerable. En función de su destino en el país de recepción pueden desarrollar diferentes estrategias de supervivencia que llevan, en muchos casos, a la comisión de actividades ilegales o pequeños delitos. Algunos pueden, asimismo, ser víctimas de redes de explotación o trata. En todo caso, los menores no acompañados sin protección encuentran dificultades significativas para poder ejercer sus derechos fundamentales”, ha aducido.

Asimismo, la directora del congreso ha expuesto que el ámbito familiar, “lugar natural donde el menor se desarrolla, educa y protege”, es, a su vez “terreno de conflicto” cuando la unidad familiar quiebra y surgen nuevas situaciones “que afectan a los hijos en diversos aspectos importantes relacionados con el ejercicio de la patria potestad o cuando los padres tienen opiniones encontradas entre sí o con sus hijos menores adolescentes”; diferencias “respecto a cuestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos de la personalidad de los menores, como las alternativas educativas, religiosas y académicas, o los consentimientos para determinados tratamientos e intervenciones médicas”.

José Ramón de Verda: “Prolongar el derecho de los hijos a percibir alimentos más allá de lo razonable está provocando parasitismo social”

El catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, José Ramón de Verda, ha participado en la primera sesión con un análisis de las novedades sobre la obligatoriedad en el régimen de alimentos a los hijos mayores. Así, ha reconocido que el Tribunal Supremo (TS) ha admitido casos en los que los hijos que no se ocupan de sus padres pierdan esta prestación.

En su opinión, esta medida es conveniente porque “hay que acentuar el principio de responsabilidad; prolongar el derecho de los hijos a percibir alimentos más allá de lo razonable está provocando parasitismo social. Tampoco se puede percibir que reciban alimentos los hijos que no se ocupan o tienen abandonados a los padres a nivel afectivo”.

Carlos Martínez de Aguirre: “Sería bueno que el Tribunal Supremo corrija su jurisprudencia ya que han cambiado mucho las circunstancias”

Carlos Martínez de Aguirre, de la Universidad de Zaragoza, ha centrado su intervención en los problemas derivados de la reciente jurisprudencia del TS en torno a las consecuencias en la vivienda familiar y en la pensión alimenticia de la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja,

Desde su punto de vista, este tribunal “ha tomado una serie de decisiones respecto a que las exesposas no pueden seguir usando la vivienda en casos de convivencia con nuevas parejas que son contrarias al interés superior del menor. Sería bueno, por tanto, que corrija su jurisprudencia, incluso que haya una intervención legal en esta materia, porque esta regulación procede de 1981 y han cambiado mucho las circunstancias”.

Mª Dolores Cervilla: “El covid va a generar que los progenitores se encuentren más fácilmente en una situación de pobreza extrema”

El simposio ha contado también con Mª Dolores Cervilla, de la Universidad de Cádiz, quien se ha referido a las últimas sentencias del TS acerca de los alimentos debidos a los menores de edad cuando sus progenitores están en situación de crisis.

En este sentido, aunque por razón de la pandemia aún no ha dado tiempo para que existan pronunciamientos jurisprudenciales ni doctrinales al respecto, ha reconocido que “sí podría haber incidencia, pues la crisis del covid va a generar que los progenitores se encuentren más fácilmente en una situación de pobreza extrema y, de aumentarse los casos, podría suspenderse la obligación de prestar alimentos”. Con todo, la ponente ha incidido en que esto es una suposición “pues aún no ha habido un recorrido adecuado para valorarlo”.

Ubaldo Nieto: “Aún nos queda camino por recorrer”

Por su parte, el notario Ubaldo Nieto ha abordado el patrimonio protegido de los hijos con discapacidad, un asunto en el que “aún nos queda camino por recorrer”. “Hay varias alternativas para que los padres puedan asegurar a su hijo discapacitado una vida digna, incluso una mayor inserción en la vida laboral y social. Una vía es la testamentaria (legar unos bienes al hijo discapacitado para que pueda mantenerse y vivir razonablemente); otra es donar bienes en vida (por ejemplo, una vivienda o su usufructo, para que cuando fallezcan siga disfrutando de una vivienda y no depender de nadie). Una tercera opción es acudir a la figura jurídica del patrimonio protegido, que se creó en España en 2003”, ha detallado.

Respecto a su idoneidad, el ponente ha expresado que “depende del caso y de lo que se pretende”. En España vamos caminando en la protección del discapacitado, lo cual no significa que aún estamos bastante lejos de donde deberíamos estar. Para empezar, desde el punto de vista fiscal, las aportaciones a un patrimonio protegido están bonificados para el que aporta hasta 10.000 euros al año, lo cual no parece una cuantía suficiente”.

En el Congreso, que continúa mañana 4 de noviembre, han participado también Begoña Ribera, de la Universidad de Alicante; Isabel Zurita, de la Universidad de Cádiz; Purificación Cremades, de la Universidad Miguel Hernández de Elche; e Iñaki Planas, de Andersen Tax & Legal.

José Soriano, secretario del ICAV; Beatriz Morera, de la UCV; Mirzia Bianca, de la Universidad La Sapienza de Roma; Giovanni Berti, de la Universidad de Perugia; Nelson Rosenvald, procurador de Justicia del Ministerio Público de Minas Gerais en Brasil; Javier Barceló, de la Universidad de Alicante; Josefina Alventosa, de la Universidad de Valencia; Y Cristina Bárbara Mosquera de la UCV han sido otros de los ponentes.