Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la Conselleria de Hacienda, ha clausurado las Jornadas de Derecho Tributario de la Universidad Católica de Valencia (UCV). En su intervención, Illueca ha agradecido a la UCV la celebración de este encuentro, “una manera de sumarse a la reivindicación justa que hace la Generalitat para tener un modelo de financiación que de acceso a los mismos servicios de la misma calidad en todas las partes de España”.

“Los valencianos estamos muy endeudados gastando menos que los demás. Con los ingresos que tienen otras autonomías con menor población que la nuestra, nosotros no solo cumpliríamos con el déficit cero, sino que tendríamos superávit. El problema es que no ingresamos lo que ingresan los demás con respecto a los habitantes que residen en nuestro territorio”, ha lamentado.

Así, Illueca ha recordado que España está financiando con deuda “lo que debería financiarse vía impuestos”, por lo que el actual sistema de financiación autonómica “no puede perpetuarse en el tiempo”. En ese sentido, el director del IVF ha insistido en que la propuesta hecha por el Consell para el cambio de modelo es una “justa” reivindicación.

“Cuando negociemos el presupuesto, debe quedar bien claro que si no ajustamos dineros y gastos, automáticamente los mercados financieros impondrán una penalización a la Comunidad Valenciana que le impedirá volver a pedir financiación. De lo que se trata es de generar modelos de financiación dinámicos, suficientemente adaptables al ciclo económico en que nos encontremos para mantener unos niveles de estabilidad razonables en las finanzas públicas”, ha subrayado.

Illueca ha señalado también las dos únicas vías que puede seguir España: “O cambiamos el modelo actual para dotar a las autonomías de una financiación suficiente y equilibrada en relación a su peso poblacional, de modo que todos los españoles tengamos derecho a los mismos servicios públicos con independencia de dónde residamos; o prolongamos el sistema de financiación caducado manteniendo un desequilibrio entre comunidades y creándoles un problema de endeudamiento asimétrico”.

“El problema de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana viene desde el inicio del Estado autonómico, incluso de antes. Vino a reproducir desequilibrios que venían de antes. Los valencianos adolecemos de un problema de invisibilidad por falta de información. Nunca hemos tenido conciencia de la situación en la que estábamos. Hemos de concienciarnos sobre la reclamación de nuestros derechos, de tener nuestros servicios públicos al mismo nivel que el resto de autonomías”, ha incidido.

FRANCISCO PÉREZ GARCÍA (IVIE): “DEBEMOS ABORDAR EL PROBLEMA DE LA FINANCIACIÓN AHORA; DEJAR PASAR EL TIEMPO SOLO LO COMPLICA MÁS”

Francisco Pérez García, director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universitat de València (UV), ha asegurado en su conferencia en las Jornadas de Derecho Financiero y Tributario ‘El problema de la financiación de la Comunitat: ¿Hasta cuándo?’, que “debe abordarse el problema de la financiación autonómica; dejar pasar el tiempo solo lo complica más”.

“Nos encontramos en un punto en el que hay muchas evidencias y análisis técnicos que empujan a realizar un cambio en la financiación para que esta sea más justa. Ahora es el momento de las decisiones. Esperemos que, por fin, a través del Grupo de Decisión recientemente constituido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se pongan propuestas concretas encima de la mesa. Después el Gobierno y los grupos políticos tendrán que abordar la cuestión”, ha aseverado.

El problema de la financiación afecta a la equidad, según Pérez García, porque los recursos con los que cuentan las comunidades son “demasiado desiguales” para permitir una igualación en el acceso a los servicios públicos fundamentales: “Desde luego, entre las comunidades forales y las de régimen común. Pero también entre estas últimas. Entre Cantabria y la Comunidad Valenciana -la última en recursos por habitante- hay una diferencia de treinta puntos porcentuales”.

“De ahí la defensa del status quo por parte de las comunidades, que en una revisión de la distribución, piensan que perderían. En este sentido, es muy importante distinguir entre planteamientos que impliquen que pierdan en términos absolutos unas comunidades o que pierdan en términos relativos. En términos relativos debe modificarse la posición, porque si no, no cambia nada; en términos absolutos se puede discutir cómo se produce el ajuste para que nadie pierda en términos absolutos pero lo haga en términos relativos a lo largo del tiempo”, ha expuesto.

En opinión de Pérez García, el Estado “tiene problemas de diseño que hay que corregir, pero las soluciones no salen gratis para todos. Tienen costes, pero merece la pena asumirlos porque de ellos se deberían derivar mejoras en el funcionamiento del  Estado de bienestar, en el diseño territorial del Estado, y las características de la financiación de un nivel de Gobierno tan importante como el de las comunidades autónomas”.

“Las soluciones son difíciles, en primer lugar, porque si se trata de aportar más recursos, tienen que salir de algún sitio: corregir el reparto de recursos existente entre administraciones, sea desde la perspectiva vertical (administración central vs comunidades autónomas) o sea horizontal, o de un incremento de recursos que deberían aportar los contribuyentes”, ha indicado. 

Para el experto del IVIE la población española debe preguntarse “qué Estado del bienestar” quiere y “qué recursos” requiere este: “En ese sentido, tenemos un problema. Cuando se nos pregunta a los españoles sobre servicios públicos, queremos más; pero cuando se pregunta por el pago de impuestos, no queremos más. La presión fiscal, en contra de lo que algunos piensan, el porcentaje que representan los ingresos públicos respecto al PIB, es lo que está más bajo en España respecto de los países de nuestro entorno”.

En la jornada de clausura del encuentro celebrado en la Facultad de Derecho de la UCV han participado también Vicente Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la UV, que ha disertado en torno a la solidaridad en el Estado autonómico; así como Juan Manuel Baixauli, CEO de la empresa Consultia Travel, y Carlos Sánchez Piera, CMO/Partner de GNV Capital, que han departido en una mesa redonda centrada en los efectos de la falta de financiación en la economía valenciana.