Mariano Ayuso, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ha señalado en la Universidad Católica de Valencia (UCV) que “la contratación pública supone en España el veinte por ciento del Producto Interior Bruto y la falta de transparencia y control en ella es la raíz y matriz de la corrupción”. Sin embargo, se ha mostrado esperanzado con la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017, pues, “después de un año de su publicación, ha logrado un mayor control de la contratación pública”.

Dicho texto “introduce por fin en la legislación española las normativas de contratación pública europeas que hemos ido teórica y paulatinamente incorporando desde 1995, pero siempre muy defectuosamente. España se ha resistido siempre con uñas y dientes”, ha expresado.

En este sentido, Ayuso ha detallado lo que han venido siendo los puntos débiles de la contratación pública a efectos de la corrupción, fundamentalmente, la adjudicación directa, real (fraccionamiento de contratos) o virtual (pliegos “ad hoc”); la limitación en la admisión de licitadores; la prevaricación y cohecho en la selección del contratista y las modificaciones del contrato y ha señalado, en contraposición, los principales recursos para que la contratación vuelva a ser “objeto primordial de la ética pública”.

Entre los medios legales para prevenir la corrupción ha priorizado la publicidad y concurrencia, la transparencia y los informes del control a posteriori ( por parte del Tribunal de Cuentas del Estado y análogos autonómicos) y, como instrumentos para remediarla, la tipificación penal de las conductas corruptas, la persecución policial y el enjuiciamiento criminal y los recursos administrativos y judiciales contra los actos ilegales en la contratación.

La jornada, organizada por la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades, en la sede de San Juan y San Vicente, ha contado también con la participación de Vicente Garrido Mayol, catedrático de Derecho Constitucional y Javier Pinazo, experto en gestión administrativa y políticas públicas.