No digo nada nuevo al afirmar que la base de la democracia es la separación de poderes. Tampoco digo nada nuevo al señalar que cada uno de estos poderes ─ejecutivo, legislativo y judicial─ tienen reconocidas sus competencias en nuestra Carta Magna, sirviendo de contrapesos de unos sobre los otros para evitar la concentración de poder, lo que nos llevaría indefectiblemente a un sistema político dictatorial. Así, para seguir conservando nuestro Estado democrático, es fundamental que dicha separación sea real, y que cada poder ejerza su autonomía con total respeto al ejercicio de las atribuciones del resto.

En los últimos meses, por no decir años, nos encontramos con declaraciones de miembros, tanto del poder ejecutivo como legislativo, criticando abiertamente resoluciones dictadas por integrantes del otro poder, el judicial.

Podemos argumentar que en virtud del ejercicio de la libertad de expresión ─derecho fundamental también recogido en la Constitución de 1978─, es posible criticar cualquier actuación judicial. Por supuesto que esto es así, si las críticas o valoraciones se hacen desde un punto de vista personal, lo cual es bastante difícil cuando esas declaraciones las realizan miembros del Gobierno o de las Cortes Generales. Sin embargo, esas críticas se han llevado a cabo por integrantes de los otros poderes, lo que supone una intromisión en unas competencias ajenas a los mismos y un ataque directo al principio del respeto que debe haber entre las instituciones.

Los Juzgados y Tribunales ejercen la potestad jurisdiccional, de manera exclusiva, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. De este modo, los Jueces y Magistrados son los únicos competentes para impartir justicia, encontrándose sometidos únicamente al imperio de la ley. Por consiguiente, cualquier crítica o injerencia por parte del resto de poderes supondrá un ataque directo a la esencia del Estado de derecho, máxime cuando dichas críticas se realizan para desacreditar la actuación de estos jueces o magistrados, sin que se materialicen en actuaciones reales contra estos.

Si una persona integrante de cualquier poder del estado considera que se está actuando de manera irregular, cuenta con herramientas suficientes para denunciar dicho comportamiento sin tener la necesidad de verter públicamente sus críticas, donde lo único que se consigue es la intromisión en unas competencias ajenas y, lo que es peor aún, socavar la confianza que la ciudadanía debería tener en sus instituciones.

No estaría de más recordar las recientes palabras de Su Majestad el Rey, el cual en el mensaje de Navidad de 2023 señaló que cada institución “debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala”. Además, el Jefe del Estado abogó por el respeto de las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. En efecto, cuando un poder pone en entredicho la forma de actuar de otro, lo único que logra es el desprestigio de la institución ante la ciudadanía.

Como decía supra, la teoría de la división de poderes se fundamenta en el control que cada uno hace de los otros para evitar que todos recaigan sobre una sola persona o institución. Pero dicho control no puede hacerse a expensas de socavar las funciones del resto de poderes. Ese control o contrapeso debe realizarse a través de los cauces legalmente establecidos y con el máximo respeto a las instituciones.

Nuestro ordenamiento jurídico permite a cualquier ciudadano, ciudadana o institución de herramientas suficientes para impugnar las actuaciones judiciales. Además, los Jueces y Magistrados tienen un régimen de responsabilidades muy amplio, el cual se puede aplicar para el caso de que algún miembro del Poder Judicial se extralimite en el ejercicio de sus competencias. Si a la ciudadanía cabe pedirles que respeten los procedimientos, con mayor razón debemos exigir a nuestras instituciones que no se salgan de los cauces legales en sus actuaciones y, mucho menos, que sean fuente de discordia y de debilitamiento de los poderes del Estado, en este caso del Poder judicial.

Termino como empecé, la división de poderes es la base fundamental de la democracia, cada poder debe respetar las competencias del otro y debe evitar la crítica gratuita y sin fundamentos sólidos con el único fin de desprestigiar su actuación y, por ende, debilitar la institución -en este caso, ni más ni menos, que de uno de los tres poderes del Estado-, ya que una democracia débil, sin unos poderes sólidos y bien delimitados, es el primer paso para alcanzar el autoritarismo.