El curso de verano “Libertad de Expresión y Libertad Religiosa ¿Libertades Reconciliables?”, organizado por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir ha continuado en su segunda sesión con la participación de ponentes procedentes, principalmente, del ámbito jurídico y docente, así como varios miembros de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia.
 
De esta forma, los expertos han coincidido en señalar que el derecho de libertad de expresión “no es absoluto”, dado que tiene como límite los derechos fundamentales. Asimismo, han lamentado y denunciado el aumento de los ataques a la libertad religiosa, según recoge el informe del año 2015 presentado por el Observatorio de la Libertad Religiosa.
 
“EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO PUEDE JUSTIFICAR TODO TIPO DE INJURIAS NI DE ESCARNIOS”

Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, que ha abordado en su ponencia varios casos, ha instado a la Fiscalía a “atajar” las conductas “muy graves” que vulneran la libertad religiosa. Igualmente, también ha animado a “asociaciones, colectivos e, incluso, de forma individual” a presentar denuncia ante este tipo de casos.

En este sentido, la abogada, que ha participado en la segunda sesión de los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia, ha incidido en que cuando no se respeta la libertad de conciencia puede “dejarse de lado” la tolerancia y comenzar a “vivir como en un estado totalitario”.

Castellanos ha aseverado que la libertad de expresión “no debería estar por encima de otros derechos fundamentales, como el de libertad religiosa o de conciencia”. “El derecho a la libertad de expresión no es absoluto y no puede justificar todo tipo de injurias ni de escarnios”, ha asegurado.

Al respecto, la presidenta de los abogados cristianos se ha referido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal Constitucional para señalar que “en varias instancias” han certificado que “para poder vivir en un clima de tolerancia y de democracia es imprescindible que esté por encima del derecho a la libertad de expresión el derecho a la libertad de conciencia”.

No obstante, la ponente ha lamentado que los jueces son “muy reacios a aplicar este tipo de artículos del Código Penal que regulan, precisamente, los delitos contra la libertad religiosa.  Además, ha apuntado, “hay como una especie de impunidad generalizada por la que parece que cualquier escarnio o cualquier vejación se puede hacer”.

“SE HACE UNA INTERPRETACIÓN LAXA DE LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”

Precisamente, el vicerrector general y de Planificación Estratégica de la Universidad Católica de Valencia, Ricardo García García, ha coincidido en dicho aspecto y ha asegurado en su intervención que la libertad de expresión tiene límite, “y el primero son los derechos fundamentales“. “Cuestión distinta es que se quieran ejercer o que haya que ejercerlos a través de la jurisdicción penal”, ha apostillado.

El problema, según el director de este curso de verano y vocal experto de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, es que se hace una “interpretación especialmente laxa de los límites del derecho de la libertad de expresión, y parece que vale todo”.

En este sentido, García ha añadido que no se trata de que haya casos que simplemente se consideren de “mal gusto” cuando lo que requiere es que tengan “alguna sanción jurídica con independencia de su dificultad para aplicar el derecho penal como elemento corrector”.

Para el vicerrector, esta laxitud se debe a una “interpretación errónea” de la amplitud de los derechos fundamentales, así como a una corriente constitucionalista que obedece a lo que se llama el “efecto desaliento”. Este efecto se deriva de una doctrina de derecho penal, en conexión con derecho constitucional, en la cual lo que se tiene en cuenta es que “un derecho fundamental no debería ser tipificado penalmente puesto que generaría que las personas no ejercieran ese derecho ante el temor de recibir una sentencia penal”.

En su opinión, esta doctrina “ha ido muy lejos porque todos los derechos tienen límites y si aplicamos este efecto desaliento también causa efecto desaliento los derechos de los demás”.

Sobre las imágenes ofensivas de la Virgen de los Desamparados y la de Montserrat, García ha subrayado que la principal prueba de que son “absolutamente ofensivas contra la conciencia” no solo contras los católicos, sino también contra otras confesiones ha sido “la respuesta ciudadana, que ha sido absolutamente ejemplar y supera con mucho cualquier sentencia que pueda dar el ordenamiento jurídico por parte de cualquier juez”.

Finalmente, el responsable de este curso de verano ha manifestado que la máxima que habría que seguir sería “comportarse con los demás como te gustaría que se comportaran contigo, así la libertad de expresión y la religiosa no tendrían ningún problema”.

“NUEVA MORAL PÚBLICA OFICIAL”

Por su parte, José Landete, Director de Departamento de Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado de la Universitat de València, ha advertido del uso de una “técnica legislativa que pretende construir una moral pública oficial”, que ayuda jurídicamente a “limitar el ejercicio de los derechos”.
 
De esta forma, el profesor ha subrayado que las nuevas “concepciones morales”, ahora “impuestas por el legislador”, generan un contenido de moral pública que “limita” el ejercicio tanto de la libertad de expresión como de la libertad religiosa.

En este sentido, Landete ha añadido que en términos penales los delitos de odio estarían “cobrando una nueva función”, puesto que dicho delito “protege” la nueva moral pública. Así, ha lamentado que tras la definición de una moral pública de forma legislativa, “incluso más allá de lo que quieren los ciudadanos”, no solo fuerza que los ciudadanos piensen de forma distinta sino que “se crea un contenido penal distinto”.

El profesor ha criticado que “el Estado está injiriendo en la libertad de las personas y actuando de forma totalitaria”. Al respecto, ha aseverado que cuando en el debate público la opinión está basada en una creencia religiosa esta es “rechazada”. “Solo pueden opinar los neutrales, los puros, los no manchados por creencias religiosas, algo que va en contra del principio democrático”, ha subrayado.

Sobre el “conflicto aparente” entre libertad religiosa y libertad de expresión, el profesor ha asegurado que lo que existe es una “contradicción”. “O bien la libertad de expresión se utiliza para lesionar las creencias religiosas o bien fundar opiniones en creencias religiosas parece que ofende a la vida pública y la democracia”, ha indicado.

DENUNCIAN QUE LOS ATAQUES A LA LIBERTAD RELIGIOSA SE HAN DUPLICADO EN ESPAÑA
La Comunitat Valenciana es la tercera con más ataques a la libertad religiosa, tras Madrid y Andalucía, según se desprenden de los datos del informe del año 2015 que ha proporcionado María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, durante su intervención en el curso de verano.

García ha denunciado que en la Comunitat Valenciana se han realizado “profanaciones”, como en la casa de San Vicente Ferrer, pintadas en parroquias, así como “numerosos casos en los que los políticos pretenden eliminar los símbolos religiosos de los edificios públicos, como crucifijos, o la presencia de autoridades en las procesiones”.

García ha mostrado su preocupación ante los “ataques físicos” a personas por confesar una religión. Así, ha citado el caso de una persona musulmana golpeada por no llevar el velo, así como sendas agresiones a dos sacerdotes “por el hecho de serlo”.

Asimismo, también se han multiplicado los “ataques a templos”. “Si el año pasado fueron 36 agresiones a lugares sagrados creemos que en 2016 van a aumentar porque en lo que llevamos de año tenemos ya 22 casos así como 16 actos de vejación a personas por creencias, 33 casos de escarnio de la religión y 99 casos en los que se margina la religión de la vida pública”, ha cuantificado.

En España la religión católica es la confesión religiosa más atacada, “en parte porque es la mayoritaria y en parte porque al ser España un país de raíces cristianas, desde muchos sectores se la ataca con pintadas a iglesias o profanaciones”.

La ponente, que ha cerrado la segunda sesión de los cursos de verano de la UCV, también ha hecho hincapié en la postura que “desde determinados ámbitos políticos se alienta un laicismo radical y una cristianofobia que hace que el laicismo radical crezca también en las calles”.

Finalmente, García se ha mostrado partidaria de la unión entre sociedad civil y representantes públicos “para frenar estos ataques”. “No se puede confundir la aconfesionalidad del Estado con marginación de la religión en el ámbito público”, ha añadido.

 “EL ESTADO HA DE FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS CIUDADANOS EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS”
En el curso de verano también ha intervenido Jesús Miguel López Nieto, miembro de la Asesoría Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, que ha señalado que el Estado ha de “facilitar la participación de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derecho, ya que s un Estado aconfesional, “no confesional, neutral o laico”.
 
El ponente ha señalado que en la actualidad se encuentran “serias dificultades” tanto por parte de los centros educativos como de los padres a educar a sus hijos “conforme a sus convicciones religiosas y morales”.
 
En opinión de López Nieto, existe una pretensión demostrar a la sociedad que hay una especie de privilegio de la Iglesia Católica “cuando no existe ninguno”. “Lo que hay es el cumplimiento de una legislación no solamente nacional sino también internacional, que, por cierto, es equiparable al resto de confesiones religiosas que también tienen acuerdos con el Estado, como judíos, musulmanes o evangélicos”, ha matizado.
 
Sobre la reciente publicación en el BOE del programa de clases de religión musulmana, el miembro de la Asesoría Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española no entiende que “haya levantado ampollas en ciertos sectores”. Una cuestión que, ha asegurado, es “fruto” de los acuerdos suscritos con las confesiones religiosas minoritarias y “en virtud de un del principio de neutralidad del que lógicamente ha de participar el Estado, que ha de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales entre los cuales se encuentran el derecho fundamental de libertad religiosa”.
 
En el curso de verano también ha participado la catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Zaragoza Zoila Combalía, vocal experta de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que ha abordado los modelos de derecho comparado y libertad de expresión.
 
El también vocal experto de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, José María Coello de Portugal, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Computense de Madrid, ha pronunciado una ponencia sobre la libertad de expresión en el entorno de entidades con “carácter propio”.

C.Minguet / A.Martínez / comunicacion@ucv.es