En su conferencia, ‘Final de la Vida: Eutanasia, sedación y cuidados paliativos’, Ignacio Gómez, vicedecano de Internacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y presidente de la sectorial de la Salud de la FIUC, ha propuesto, frente a la eutanasia o el suicidio asistido, la creación de estructuras estatales a nivel social “de apoyo a las familias con personas en situaciones de enfermedad terminal para no dejarlas solas ante el sufrimiento”.

La conferencia de Gómez ha protagonizado la nueva jornada del ciclo ‘La vida humana. Ciencia y Verdad’, organizadas por el Observatorio de Bioética, el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida y la Plataforma Valencia Sí a la Vida, celebrada en la sede de Santa Úrsula.

“En el caso de María José Carrasco, por ejemplo, su marido llevaba cuidándola él solo durante tres años, sin ayuda de asistentes sociales ni de nadie. Una persona que ve deteriorarse de esa manera a un ser querido poco a poco al final la sobrecarga emocional produce una depresión profunda”, ha argumentado.

Asimismo, Gómez ha propuesto la sedación terminal como una herramienta “lícita” ante el sufrimiento de un paciente si se aplica “desde el punto de vista paliativo”: “La clave está en la dosis que se dé al paciente. Si se aplica con dosis no letales y en un enfermo terminal con síntomas refractarios que no responden a ningún tratamiento, es un acto lícito, como ya apuntó el papa Pío XII. Sedar a un paciente en sus últimos días que tiene un gran sufrimiento sí es dar una muerte digna a la persona”.   

“Hay otra salida distinta a la eutanasia o al suicidio asistido, los cuidados paliativos: que no son sólo físicos, sino también psíquicos y espirituales. Eso es lo que necesita un paciente en ese momento de su existencia”, ha apuntado.

“EN EL MUNDO HAY 195 PAÍSES  Y SOLO CINCO HAN APROBADO LA EUTANASIA”

En ese sentido, Gómez ha remarcado que el sufrimiento planteado como motivo que otorga el derecho de pedir la eutanasia es un argumento convincente “en el plano emocional, no en el racional”. Así, “todo ser humano es persona hasta que deja de vivir. Eliminar a un ser humano es matar a una persona. Y no deja de serlo porque sus capacidades psíquicas hayan mermado por culpa de un alzhéimer, por ejemplo”.

“¿Dónde pones el límite de lo que se puede hacer con la eutanasia? Cuando a un paciente le quedan dos meses de vida, o tres, o cuatro? Hemos visto lo que ha pasado en Holanda y Bélgica. Se empezó aplicando la eutanasia a los enfermos terminales, en situaciones de enorme sufrimiento y que no respondían a ningún tratamiento, y se ha acabado aplicando a personas por el simple hecho de que no tienen ganas de vivir”, ha indicado.

De ese modo, el experto de la UCV ha expuesto que en la sociedad actual se pretende “sustraer el sufrimiento” a la vida humana: “Queremos una vida con bienestar permanente, pero eso no es posible, es una utopía. El ser humano sufre desde el momento en que atraviesa el canal del parto. El sufrimiento es inherente a la forma de vida humana, aunque pretendamos quitarlo con cualquier tipo de alienación. ¿Qué ocurre cuando no es posible eliminarlo, cuando se está ante una enfermedad terminal? Entonces lo que pretendemos es eliminar al sufridor, porque sufre él y hace sufrir a los que están a su lado”.

“En el mundo hay 195 países y solo cinco han aprobado la eutanasia y otros dos en algunas de sus regiones o estados. Estas prisas por aprobar una ley sobre la eutanasia es producto de un falso progresismo que pretende ir por delante de todo el mundo. Esta actitud denota lo que Juan Pablo II expuso proféticamente en la encíclica Evangelium Vitae: estamos inmersos en una cultura de muerte en la que lo que antes se consideraba un homicidio ahora es un derecho”, ha subrayado.

En su intervención, Gómez ha considerado “paradójico” que, tras la aparición de la Declaración Universal de Derechos Humanos del siglo XX, “en la que se defiende el valor de la vida humana por encima de todo”, exista en la actualidad “una conjura contra la vida no productiva o ineficaz”. No debe olvidarse, ha aducido, que las personas mayores con discapacidades generan problemas económicos a los estados y resulta “mucho más barato” aplicarles la eutanasia.