UCV, 17 JULIO.- Ana Blas y José Asunción, inspectores jefe de la Unidad de Familia y Mujer, han reconocido que el sistema judicial es “perverso” en el sentido de que “el agresor, si ejerce una violencia de baja intensidad, necesita muchas denuncias para entrar en prisión, lo que acaba minando el ánimo de la víctima”. En este sentido, “la labor de la policía es apoyar y animar a la víctima durante el largo proceso judicial y ayudarla para que acabe en una condena de cárcel”.
 
Ambos expertos han participado en un Curso de Verano de la Universidad Católica de Valencia (UCV) sobre ciencia policial aplicada a diversos ámbitos delictivos, en cuya apertura han participado el jefe superior de la Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, José Javier Causante, y Juan Carlos Valderrama, vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCV.
 
En el caso de la violencia de género, los ponentes han incidido en que “la policía está desarrollando su principal función, la de servicio publico, así como está trabajando de manera ardua en la especialización de sus funcionarios para hacer erradicar de una manera efectiva y radical los casos de violencia contra la mujer, sobre todo los feminicidios”.
 
En este punto, el inspector Asunción ha asegurado que “es fundamental denunciar y visualizar los casos de violencia: El número de denuncias se ha multiplicado en toda España en este primer trimestre y esto significa que las mujeres que antes se escondían nos ven como un servicio cercano. Las denuncias han de seguir aumentando, para que una violencia que tradicionalmente estaba en el ámbito privado salga a la luz”.
 
Igualmente, la inspectora Blas ha recomendado como principales medidas “la prevención, la información y, sobre todo, la educación en igualdad: que los niños aprendan las conductas que son violencia de género y las rechacen”.
 
En la sesión ha participado también José María Gómez, juez de violencia sobre la mujer, quien ha afirmado que “hay que darle esperanza a las víctimas de que se va a acabar con la violencia de género” para lo que ha propuesto "la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados, fiscalía, oficinas de atención a las víctimas del delito y unidades forenses, es decir, que todos los operadores jurídicos se pongan en contacto con la víctima para detectar los casos de un riesgo extremo o muy alto”.