El fenómeno del fundamentalismo es una dramática realidad en la Europa de nuestros días. Los posicionamientos radicales invaden los espacios públicos, donde el extremismo religioso campea al lado de nacionalismos irredentistas y populismos demagógicos, de extrema derecha y de extrema izquierda. La manifestación más extrema de todo ello es, sin duda, el fundamentalismo islámico yihadista y su actividad terrorista, que ha llevado la muerte y el terror a las calles de Paris, Marsella, Berlín, Londres, Manchester, Barcelona y Cambrils, por mencionar sólo los atentados más recientes.

La sensación de temor es grande. Un estudio realizado por encargo del Parlamento de Europeo a mediados de 2016, demuestra que un 40% de los europeos se sienten amenazados por un riesgo alto de sufrir un ataque terrorista en su país; riesgo de ocurrencia que ponen en una posición elevada que va del 8 al 10, en una escala de 10 puntos.

La necesidad urgente de abordar la problemática de la radicalización es, por tanto, comúnmente sentida. En la mayoría de los casos, el tratamiento del tema se ha llevado al terreno de la seguridad y la definición de las medidas necesarias para prevenir, perseguir y castigar las actividades delictivas y el terrorismo. Así, por ejemplo, se han adoptado medidas de carácter policial, militar y penal, se busca un mayor control de la inmigración irregular y son mayores las exigencias para la concesión del asilo. Sin embargo, la UE y sus estados miembros reconocen también que esas medidas no son suficientes y no abarcan la totalidad del problema, que se extiende mucho más allá de su dimensión criminal y de la seguridad.

Numerosos estudios de destacados analistas han puesto de manifiesto que la radicalización de los jóvenes europeos pertenecientes a minorías culturales se deriva principalmente de su escasa integración social y de la falta de su reconocimiento como ciudadanos iguales, con plenitud de derechos. La discriminación es un hecho; a veces es una realidad innegable, y otras veces es más una percepción personal que una verdadera realidad. En todo caso, ello lleva a la marginación, y la marginación lleva a la delincuencia y, en el caso del islamismo, la delincuencia de tipo común lleva con frecuencia al extremismo religioso y al terrorismo. En este sentido, los estudios sociológicos realizados sobre los terroristas yihadistas dibujan con detalle este proceso: primero, joven marginado, o que se siente marginado en su medio; segundo, caída en la delincuencia común, generalmente pequeño tráfico de drogas; tercero, la cárcel y allí la radicalización religiosa, buscando con ello tanto una integración en el grupo, como la busca de la redención en la fe; y tercero, en los casos más dramáticos, la acción terrorista y, muy frecuentemente, el autosacrificio: la acción suicida.

Pero, al lado de la marginación, el factor más importante de la radicalización quizá sea la ceguera de las instituciones y su falta de aceptación del hecho multicultural, como un componente insoslayable de la actual realidad social. Ello determina la ausencia de políticas específicas –educativas, laborales, sociales, etc.– dirigidas a abordar los problemas que plantea la multiculturalidad y, en última instancia, a favorecer la integración social de las minorías.

El líder religioso musulmán Fethullah Gülen, hoy exilado en los Estados Unidos, lo describía con toda precisión hace sólo unos meses. En sus palabras, “ISIS y otros grupos similares recrutan a los jóvenes marginados ofreciéndoles un falso sentimiento de objetivo común y de pertenencia, que ponen al servicio de una ideología totalitaria”. Para luchar contra esto, añade Gülen, “se requieren medidas religiosas, políticas, psico-sociales y económicas. Se requiere que las comunidades locales y las instituciones gubernamentales adopten medidas estructurales contra la discriminación y la exclusión”. Y, en un sentido muy similar, el periodista y escritor Amin Maalouf señala cómo el individuo necesita tener una pertenencia cultural y comunitaria, por encima de su entorno familiar; así, cuando existen problemas de rechazo cultural, los jóvenes son vulnerables ante un discurso que ensalza unos criterios morales alternativos que se presentan como superiores y contrarios a los de la comunidad de acogida. De ahí al acto terrorista hay sólo un paso.

Una vez más, la educación se presenta como el arma más efectiva en la lucha contra la radicalización. Los ministros de educación de la UE lo han reconocido de manera unánime: “los jóvenes han de adquirir competencias cívicas, sociales e interculturales, promoviendo valores democráticos y derechos fundamentales, la inclusión social y la no discriminación, así como la ciudadanía activa”. Y, en este sentido, una de las herramientas más útiles es la enseñanza de la “Shoá” (Holocausto) en colegios y universidades, tal y como se viene practicando ya en varios estados europeos. La enseñanza de la Shoá, pone de manifiesto como el fanatismo político, al igual que el religioso, trae consigo consecuencias dramáticas, y no sólo para el grupo social contra el que inicialmente se dirige –como ocurrido con el pueblo judío– sino también para todas las minorías sociales, cualesquiera que fueren sus identidades o factores de diferenciación. En este sentido, pues, la enseñanza de la Shoá, se manifiesta con un útil instrumento para la prevención y resolución pacífica de conflictos y para el fomento de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos.

Precisamente para el estudio de esta cuestión, se reúne en la Universidad Católica de Valencia, los días 18 y 19 de septiembre, un nutrido grupo de expertos de varias nacionalidades y del Ministerio de Educación, que van a analizar el problema del radicalismo desde diferentes perspectivas, políticas, sociólogas y educativas. El objetivo último es proporcionar a las autoridades políticas y educativas medios y capacidades que les permitan luchar mejor contra esta peligrosa y creciente lacra social.