La Asociación Profesional de la Magistratura, en colaboración con la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha celebrado en la sede Trinitarios unas jornadas sobre la Ley Orgánica 1/2025, en las que se han analizado las medidas de esta nueva normativa en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Entre los participantes en el evento, el juez decano de Alicante, César Martínez Díaz, ha afirmado en su intervención que, a pesar de no aparecer de manera expresa en la LO 1/2025, “va a introducirse, sin ninguna duda, la inteligencia artificial en la tramitación de los asuntos judiciales. Acelerará la labor de la Justicia, pero seguimos con el mismo problema de siempre: España está a la cola de Europa en cuanto a número de jueces por número de habitantes”.

“La tramitación procesal va a ser más rápida con la IA y eso es positivo, pero no podrá utilizarse en las valoraciones, que son competencia del juez. Aunque con la inteligencia artificial pudiera informatizarse todo el camino previo, al final todos los expedientes llegan a un juez. Y en España hacen falta muchos más de los que tenemos ahora. Es verdad que la nueva organización que instituye esta ley para la será más barata, en el sentido de que ya no habrá que crear otros juzgados al sacar plazas de juez, pero no sé si eso conducirá a convocar más oposiciones”, ha lamentado Martínez Díaz.

Un camino que va ser “muy largo”

No obstante, la previsible introducción de la IA en la Justicia española se enmarca en el cambio “más profundo” que se busca con la nueva ley, recuerda el juez decano de Alicante: “Ya veremos cómo se desarrolla la eliminación de los juzgados unipersonales y su sustitución por los llamados tribunales de instancia. En principio, va a separarse por completo la labor de los jueces de las de la oficina judicial, donde trabajan los funcionarios que, entre otras tareas, se dedican a la gestión y el apoyo a las actuaciones judiciales. Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, formarán parte de este equipo y ellos se encargarán de la tramitación de todos los asuntos. Los jueces, sólo de la resolución, y trabajando por separado”.

“Es lo mismo que estaba sucediendo, pero en cada juzgado tenías un juez, un LAJ y un equipo de funcionarios, cada uno dedicado a una labor y organizados de una manera distinta. La superior dirección del juez respecto del trabajo de la oficina desaparece al crear esos grandes servicios comunes en cada partido judicial, donde estarán todos los funcionarios y todos los letrados. Se inicia ahora un camino que va a ser muy largo”, ha aseverado.

La carencia de la nueva ley

Martínez Díaz considera que la administración de justicia en España debe ser “más eficiente” y que la LO 1/2025 se ha creado con ese propósito, pero apunta que existe una “carencia” en la nueva normativa: “Los legisladores dicen que la puesta en marcha de esta nueva estructura será una reforma a coste cero, pues se trata tan sólo de la reordenación de efectivos. Eso no es verdad, porque se parte de la base de que la Justicia ha llegado ya a un grado de digitalización tan elevado que la antigua organización de los juzgados ha quedado obsoleta”.

“Como los expedientes son completamente electrónicos, no hace falta que el juez tenga físicamente a un funcionario junto a su despacho, por ejemplo. Pero eso no es real a día de hoy y, dependiendo de características de los partidos judiciales, como su tamaño, puede haber problemas. En Alicante tenemos hasta nueve sedes judiciales. Decir ahora que, a partir de una determinada fecha, los funcionarios que se encuentran en cada uno de esos juzgados trabajarán para todos en modo a distancia no me parece real. Todo este cambio va a requerir de mucho tiempo y de una considerable inversión económica”.

Martínez Díaz ha manifestado no tener “confianza” en que llegue esa inversión y ha hecho hincapié en la “siempre conflictiva” relación de los políticos con la Justicia: “Nosotros estamos para controlar que se cumplan las leyes y al político que manda le incomoda nuestra labor. Ojalá me equivoque y desde los poderes Legislativo y Ejecutivo se haga una apuesta por dotar a los tribunales españoles de los medios y el personal necesarios”.

Magistrados de distintos lugares de España

En las jornadas han participado también la juez decana de El Vendrell (Tarragona), Marta Casero, que ha centrado su ponencia también en los nuevos tribunales de instancia creados por esta reforma orgánica, durante la jornada inaugural del evento. Las mesas redondas del viernes se han dedicado a la reforma procesal, tanto en lo referente a la Orden Jurisdiccional Civil (OJC), como a la Orden Jurisdiccional Penal (OJP).

En la mesa sobre la OJC han participado los magistrados Rita del Rocío Molero, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig (Alicante); Marta Sancho, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mataró; y José Soler, juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Junto a la jueza Molero, el coloquio sobre la OJP ha contado con el magistrado Alejandro Téllez de Meneses, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija (Sevilla).