Detrás de las propuestas sobre laicidad institucional que se han presentado recientemente en el Ayuntamiento de Valencia, se esconde un afán por excluir lo religioso de la vida pública. Sin embargo, es conveniente recordar que la palabra laico surgió para que juntos, religiosos y laicos, buscasen la verdad y no para excluir a ninguna de los dos dimensiones.
Declarar la laicidad institucional supone despreciar el reconocimiento público, existente durante siglos, de nuestras raíces y nuestra cultura. Es una visión excluyente y reduccionista del mundo, ignorando la cosmovisión de la que forma parte lo religioso. Desde lo laico, los poderes públicos pueden colaborar con la Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas de igual modo que hacen con otras entidades y asociaciones culturales o deportivas.
Con esta moción sobre laicidad institucional, se busca promover un marco de cobertura política a actuaciones que han venido siendo denunciadas hasta ahora, como la eliminación de símbolos religiosos en espacios públicos y destierro al ámbito privado. En esta nueva iniciativa, se malinterpreta la laicidad en el sentido de un laicismo empobrecedor. La no confesionalidad del Estado, no debe confundirse intencionadamente con no colaboración.
Los símbolos religiosos que han configurado la historia de nuestro pueblo, no deberían verse como un obstáculo para los no creyentes puesto que juntos buscamos la verdad y, desde siempre, los hemos vivido como símbolos de convivencia e integración con la historia y respeto mutuo.
No siempre es adecuado ni necesario, deslindar las distintas dimensiones en la celebración de un acto público. Entiendo que las iniciativas de actos religiosos de este carácter que ya existen y que forman parte de nuestro acervo cultural deben ser respetadas por las autoridades. Además, no resta legitimidad a la independencia de un ayuntamiento democrático, el que éste acepte las tradiciones religiosas recibidas de generaciones centenarias que conforman la identidad y el legado cultural de esta ciudad. Una herencia identitaria y cultural que debe preservarse para ofrecerla como parte de nuestro tesoro a las generaciones venideras de nuestra sociedad.
Si la Corporación municipal no quiere participar en actos religiosos públicos, no debería impedir que ningún miembro de la misma pudiera hacerlo sin separar su doble condición religiosa y de servicio a la comunidad. Lo contrario, sería imponer un pensamiento único que nos recordaría etapas ya superadas.
Respecto a la exención del IBI de que habla la Moción, no entiendo el agravio comparativo que supone que la Iglesia Católica, una institución dedicada de manera especial a los más pobres y reconocida por una gran mayoría de nuestro pueblo como un símbolo y signo de convivencia e integración, no sea tratada, como mínimo, como lo son otras organizaciones al servicio de los demás: sindicatos, partidos políticos, asociaciones culturales…
Entiendo que el ayuntamiento se preocupe por la celebración de las bodas civiles, sin embargo, no entendemos por qué muestra una despreocupación frente a los valencianos que contraen matrimonio católico desde hace siglos. ¿No deberían recibir estos valencianos algún gesto de apoyo también por parte del Ayuntamiento al que sostienen con sus impuestos unos y otros?
Por otro lado, si el Ayuntamiento de Valencia quiere que las urnas electorales se instalen en lugares completamente agnósticos, deberían utilizar lugares a los que no hubiera que arrancarles su identidad religiosa. Sin embargo, la Iglesia Católica y otras confesiones ponen sus centros a disposición de la sociedad, especialmente de los más necesitados. Esto lo observamos en la última oleada de frío, cuando las parroquias de Valencia dejaron abiertas sus puertas para dar refugio a quienes lo necesitasen.
Igualmente, resulta interesante ver que se quieran incorporar nuevas conmemoraciones civiles al calendario oficial. Sin embargo, es exactamente igual de interesante que se mantengan e incorporen aquellas efemérides y conmemoraciones que forman parte de nuestras tradiciones, como por ejemplo, el Corpus, la Virgen de los Desamparados, San José, San Vicente Mártir y Ferrer.
Dice la Moción que el Ayuntamiento deberá instar al Gobierno de España a elaborar un protocolo para la organización de actos “in memoriam” de carácter civil; sin embargo, creo que estos actos no deberían excluir la dimensión religiosa y deben permitir que el acompañamiento de las autoridades respete la sensibilidad de las víctimas.
A propósito de la referencia que hace la Moción a los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede vigentes desde 1979, recordar que han sido respetados por todos los partidos políticos que han presidido nuestra Nación desde la democracia. Creo que es un signo de buena salud, el que los distintos gobiernos democráticos los hayan respetado.
Lo laico y lo religioso pueden colaborar sanamente sin perder su independencia. De este modo, respetar el entendimiento entre laicos y religiosos significa ser conscientes de que nuestra convivencia de creyentes y no creyentes se construye juntos. El universo de sentido religioso forma parte intrínseca de la cultura; separar, dividir y mutilar la fe y la cultura es no tener claro el concepto de razón “aprehender la realidad e interconectarla”. Por tanto, no se debería decretar que lo religioso sea invisible públicamente.
Forma parte de la idiosincrasia cultural valenciana multisecular, el que lo laico y lo religioso se den juntos en fiestas y tradiciones, reflejándose en el entendimiento común, siendo esta convivencia un signo integrador, como nuestra propia cultura valenciana, acogedora de las distintas sensibilidades que han llegado hasta nosotros.
La no confesionalidad del Estado, tal y como se establece en el artículo 16.3 de la Constitución, no quiere decir que los poderes públicos (incluidos los ayuntamientos) no puedan reconocer la realidad social de la convivencia de siglos entre lo laico y lo religioso, pues o la razón explica lo racional o se convierte en irracional. Si el Ayuntamiento ostenta la representación de todos los valencianos, creo que no puede imponerse la ausencia de una de las partes de nuestra identidad como si se tratara de una nueva confesión agnóstica, de aquello que conforma la historia, cultura, patrimonio material e inmaterial, incluida la simbología religiosa que forma parte de la vida de nuestro pueblo.
La libertad religiosa es un derecho de todas las confesiones y de todas y cada una de las personas, no un privilegio de la Iglesia Católica aunque se cite expresamente en la Constitución Española, por haber sido parte configuradora de nuestra historia e identidad como pueblo.