La Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de Valencia (UCV) celebró una jornada reciente en la que expertos de distintas áreas y universidades revisaron las consecuencias de las polémicas leyes del Ministerio de Igualdad, conocidas como ‘ley del solo sí es sí’ y ‘ley trans’. Entre estos especialistas estuvo Elena Iñigo, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Navarra (UNAV).

Íñigo aseguró en su intervención en el encuentro que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual pretende “cambiar las relaciones entre el hombre y la mujer” o lo que es lo mismo: la legislación del Ministerio de Igualdad “hace doctrina social con el derecho penal”.

¿Qué le parece más grave de la ley del sólo sí es sí?

El cambio de paradigma frente a la legislación anterior. El sistema clásico para gestionar la protección de bienes jurídicos entendía que las conductas de una persona no son relevantes penalmente, en principio, hasta que pasan a serlo cuando se lesiona un bien jurídico. Normalmente, por coerción de la libertad, ya sea a través del engaño (el médico que miente a su paciente sobre la necesidad de ciertos tocamientos para la terapia), la intimidación o la violencia. Es decir, se presumía que el individuo tiene libertad sexual, que controla ese bien jurídico suyo.

La ley del sí es sí tiene el planteamiento contrario al sistema clásico: presume que la mujer no tiene libertad y sólo si consiente de una manera expresa, verbal y clara, se anula esa presunción. De lo contrario, la presunción absoluta, independientemente del contexto, es que hay hecho delictivo.

¿Qué consecuencias tiene ese planteamiento?

Imaginemos que una mujer denuncia que ha sido víctima de una agresión sexual y la única prueba que aporta es su afirmación de que ella no quiso. Con la ley del Ministerio de Igualdad resulta imposible destruir esa prueba, porque normalmente no hay grabación, no hay un papel firmado de consentimiento.

Es verdad que si lo único que tiene la acusación es la palabra de una verdadera víctima, no hay forma de probar el delito. Y eso es algo duro, por supuesto, pero en nuestro ordenamiento jurídico, y en el del resto de países occidentales, debe probarse la culpabilidad, no la inocencia. Por eso, esta ley añade la presunción de creer a la víctima y ahora es el acusado el que debe probar que ella quiso. Y eso es casi siempre imposible de demostrar. Es un cambio de paradigma. Ya no hay que probar nada; basta la palabra de la mujer.

¿Cómo justifican algo que abre tanto la puerta a posibles falsas denuncias?

La excusa es que gracias a esta ley la mujer que ha sido agredida no tiene que demostrar el engaño, la violencia o la intimidación, como decíamos antes, y así se condena a agresores que, de otro modo, quedarían en libertad. Pero el fin no justifica los medios. Esta nueva legislación supone revertir el procedimiento judicial: en todos ellos es la acusación la que debe probar el delito, y no el acusado su inocencia.

¿Qué hay detrás de ese empeño en creer siempre, sin excepciones, a la mujer que denuncia?

El deseo de llevar a cabo un cambio paradigmático en las relaciones sexuales. Es cierto que el derecho penal debe adaptarse a la sociedad, pero en este caso la pretensión es ir por delante.

En la exposición de motivos de la propia ley se habla de que todas las mujeres están sometidas por el heteropatriarcado y que esto ha generado un sesgo que hace que, en realidad, las mujeres no consientan libremente a las relaciones sexuales. Sólo algunas, las mujeres empoderadas, son capaces de decir que sí con auténtica libertad. Estas ideólogas conciben a la mujer como una pobre víctima con una serie de estereotipos adquiridos que perpetúa sin darse cuenta.

Según esta concepción, la mujer no es libre, aunque crea que sí lo es. Una relación sexual es sólo válida, por tanto, si se expresa un sí verbalmente, como lo estipula la ley. Sin ese “sí” explícito, toda relación sexual es criminalizable.

Menuda concepción del hombre esconde esta ley, entonces.

Es terrible. Se criminaliza al hombre, pues siempre existe la presunción de que se está aprovechando de la mujer.

¿Qué responde usted a las alegaciones realizadas desde el Ministerio de Igualdad que apuntan al “machismo” de los jueces que han excarcelado o reducido sentencias a abusadores?

No hay ni un solo jurista que se crea ese argumento. Ni uno. Si tiras un muro maestro y la casa se te cae encima, no es culpa del arquitecto, la culpa es tuya. Se trata de una cuestión puramente técnica. Por eso, antes de la aprobación de la ley, tanto el CGPJ como los juristas a los que el Gobierno pidió informes habían avisado de que esto sucedería. Eso es lo grave.

¿Cuál es la razón jurídica de esas excarcelaciones y reducciones de condena?

Que en esta ley sólo sea relevante la existencia o no de consentimiento ha provocado que todo se califique de agresión sexual, sin importar si el hecho es un tocamiento sorpresivo en el metro o una violación con gran violencia. Así, se equiparan situaciones muy distintas de facto. La pena no puede ser la misma, pero esa igualación provoca un lío tremendo. Las penas más graves han bajado en algunos supuestos y también las más leves, en otros. Se ha llegado a la situación de que la pena mínima ahora sea menor que la pena mínima del delito anterior, y eso es lo que ha provocado las excarcelaciones y las reducciones de condena a abusadores.

Sin un baremo claro, ¿cómo pueden decidir los jueces la amplitud de la condena dependiendo de los hechos concretos? 

En este nuevo marco extraordinario, los jueces deben ir delimitando el número de años que ponen al agresor. Eso hubiera sido un problemón, porque habría penas muy diversas para hechos similares. Al final, todo acabaría llegando al Tribunal Supremo para que este fuese creando una doctrina, en la que se determine la pena para distintos tipos de agresiones sexuales. Unas tendrían condenas de uno a cuatro años, otras de cuatro a diez... Eso es lo que teníamos antes de esta ley, y es lo que se ha hecho con la modificación de abril.

Además de esta cuestión, ¿qué otros cambios ha introducido la modificación de la ley del sólo sí es sí impulsada por la parte socialista del Gobierno?

El cambio de abril respecto de su redacción en octubre de 2022 ha convertido la ley en un híbrido entre el sistema de la ministra Irene Montero y el anterior, y eso es un jaleo enorme, porque son incompatibles. En el nuevo lo relevante es el consentimiento y en el clásico, descubrir si ha habido engaño, intimidación o violencia. Por eso, los jueces van a hacer lo que puedan.

Habrá jueces que deseen acogerse sólo al sistema del Ministerio de Igualdad...

Sí, pero esas sentencias serán fácilmente recurribles. Como el sistema ya es híbirdo, un juez que se base sólo en la idea de consentimiento está más limitado. Desde el apaño de abril los jueces pueden aplicar el sistema anterior, de modo que las cosas, de facto, van a cambiar, aunque un nuevo Gobierno tras las elecciones no eliminase de la ley el cambio de paradigma del consentimiento.

Respecto de la idea de consentimiento, parece que quienes han redactado la ley no viven en la misma realidad que el resto de mortales. ¿Ahora los hombres deben guardar contratos en casa para ser firmados por la mujer antes de una relación sexual, o grabar audios con el sí explícito?   

Quienes han ideado esta normativa demuestran que no entienden cómo funcionan las relaciones sexuales y las relaciones humanas, en general. Como han llegado a unas conclusiones sin hacer un estudio de campo previo, la ley que han redactado está fuera de la realidad. Por eso, luego es complicadísimo aplicarla en un juzgado. La realidad es muy cabezona.

Resulta curioso que, a pesar de estar contra el patriarcado, quienes han ideado esta normativa parecen comportarse de manera muy paternalista con las mujeres, ¿no?

Efectivamente. La ley del sólo sí es sí es de un paternalismo radical, por lo que decíamos antes sobre la alienación de las mujeres. Por otro lado, aquí entra también la cuestión del paternalismo estatal. Es algo común en la izquierda: decir a la gente lo que debe pensar, decir y hacer, porque el ciudadano está alienado, así que hay que ayudarle. Eso sucedía y sucede en las sociedades comunistas.

Sin embargo, estos mismos grupos políticos, los que conforman el actual Gobierno, sí creen en la voluntad absoluta de la persona en otros asuntos, como sucede con la eutanasia, el aborto o la transexualidad. Nadie tiene que decirle a nadie lo que hacer. Pero en las relaciones sexuales hay que ser paternalistas. Es una gran contradicción.

Le iba a preguntar cómo miden en el Ministerio de Igualdad el empoderamiento de una mujer, pero ahora que habla de la ley trans, hay otra pregunta aún más urgente: ¿qué es una mujer? Montero la define como aquella persona “que se siente mujer”, lo que supone una definición circular.

Es imposible resolver esa pregunta con esa definición, efectivamente. Cuando separas un concepto de su realidad fáctica subyacente ya no se puede hablar de nada. Una silla es un objeto diseñado para que una persona se siente, pero si ahora decimos que una silla es lo que queremos que sea, entonces una cama es también una silla, o una mesa, o lo que se nos ocurra ¿Cómo podemos ya hablar, demostrar algo, acercarnos a la realidad? Los conceptos quedan vacíos de contenido.

La dinámica de opresión del hombre sobre la mujer como definición de las relaciones históricas entre ambos sexos que presenta la ley de Montero, además de reduccionista y dogmática, parece apuntar al marxismo cultural del que hablaba Gramsci como base ideológica ¿no cree?

Claro, y a un planteamiento vital negativo, donde la sociedad es un desastre, todo está mal y nos vamos a ir al garete. Por supuesto que el proletariado ha estado sometido y que la mujer ha sido oprimida. Al principio de casarse, mi abuela no podía ir a comprar sin el permiso de mi abuelo, por ejemplo. Pero eso no significa que se haya dado una opresión absoluta y general, sino en unos aspectos concretos.

Entender que todo ha sido negativo para la mujer, que no ha tenido ningún papel social hasta ahora, es desconocer la realidad. Los extremos siempre suelen mentir: no es verdad que la mujer haya estado absolutamente oprimida ni que haya sido totalmente libre.

Las posturas del feminismo más radical son brutalmente contrarias al hombre y el problema es que Irene Montero y su equipo beben de esas fuentes.

¿Y qué me dice del famoso techo de cristal? Es innegable para el Ministerio de Igualdad

Pues yo creo de verdad que la posición machista según la cual la mujer sirve para poco y debe estar en la cocina está totalmente superada. El hecho de que haya pocas mujeres en los puestos de dirección de las empresas, los bancos o la Administración es un techo de cristal que muchas veces decidimos nosotras mismas.

Y aquí toca volver a hablar de que la realidad es muy cabezona: por mucho que algunos se empeñen, la maternidad y la paternidad no son iguales. Hay mujeres que renuncian a crecer más profesionalmente por no perderse la crianza de los hijos, y otras que no. La realidad está llena de grises, no es todo blanco o negro. Realizar aseveraciones generales sin tener en cuenta los matices es falsear la realidad.

Puede volver a verse la jornada en el siguiente enlace: