La reciente aprobación en nuestro país de la Ley de la Eutanasia, es decir, de la muerte medicamente procurada, abre una profunda y dolorosa herida en la misma esencia de la Medicina. Como responsable de la docencia en una Facultad de Medicina, me parece necesario recordar que el Código de Deontología Médica establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente (eutanasia), ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este (suicidio asistido)”. Además de los conocimientos y habilidades técnicas necesarias para el buen ejercicio profesional, este código de conducta -que perdurará mientras el hombre siga siendo verdaderamente humano- es el que seguimos enseñando en las Facultades como marco ético de referencia para el ejercicio de la profesión.

Desde la tradición hipocrática, el objetivo de la Medicina ha sido siempre curar, o al menos, aliviar, acompañar o consolar al enfermo que sufre una determinada dolencia. En nuestra conducta como médicos no cabe acabar deliberadamente con la vida del enfermo, o dicho sin eufemismos, matar al paciente. Nuestra vocación como académicos, y también nuestro deber como médicos, es enseñar en las Facultades la verdadera esencia de la Medicina: conservar la vida y promover la salud de las personas, eliminar o paliar el dolor y el sufrimiento de los enfermos, con o sin perspectivas de curación.

Seguiremos argumentando a los futuros profesionales de la salud que la eutanasia no es un acto médico, no es un servicio sanitario, a pesar de que se inste al médico a realizarla. La eutanasia no incluye ninguno de los actos que caracterizan el ejercicio de la medicina como son diagnosticar, prevenir y tratar. La eutanasia solo persigue acabar con la vida del paciente para evitar su sufrimiento. Esta práctica no puede serle exigida al médico, ya que su fin, la muerte, se opone diametralmente al de la vocación médica: la salud y la vida.

Además de ser una mala praxis médica, ética y deontológicamente inaceptable, eliminar al que sufre es un estrepitoso fracaso del sistema sanitario, que traiciona su razón de ser. Uno de los retos de la práctica clínica es establecer el diagnóstico que subyace tras un cortejo determinado de síntomas. En muchos de los pacientes con enfermedades incurables que se plantean anticipar el momento de la muerte asistidos por sus médicos, esa decisión no responde nada más que a cuadros depresivos asociados a la enfermedad y que son susceptibles de tratamiento médico y/o psicológico, si se saben diagnosticar. En el resumen anual de 2018 de actividades asistenciales del Departamento de Salud Publica del Estado de Oregón (EEUU), donde está legalizado el suicido asistido, un 90,6% de los solicitantes de ayuda médica para morir esgrimieron, como principales razones, las derivadas de un estado depresivo (pérdida de autonomía, imposibilidad de enrolarse en actividades que hicieran la vida más agradable, carga para la familia y/o cuidadores, etc.). En ningún caso se dio relevancia al diagnóstico de depresión y no se instauró ningún tratamiento. Curiosamente, solo un 25,7% de los pacientes que solicitaron asistencia para el suicidio lo hicieron por control inadecuado del dolor como primera razón. ¿No hubiera sido una buena practica clínica haber tratado en estos pacientes los síntomas depresivos o ajustado la pauta analgésica?

Un aspecto que preocupa a muchos docentes de Ciencias de la Salud es la previsible deriva de esta Ley, la “pendiente resbaladiza” por la que han discurrido otros países que nos han precedido. En su primer año de actividad (marzo 2012 a marzo 2013), la End-of-Life Clinic de Amsterdam, promovida por la filial holandesa de la asociación Derecho a Morir, solo atendió al 25,2% de los solicitantes, porque el 19.2% murió antes de poder ser “atendidos”, y el 9.1% cambio de opinión. La clínica rechazó el 46,5% de las solicitudes principalmente por grave deterioro psicológico de los pacientes a los que se les consideró inhábiles para tomar la decisión por si mismos. Hoy, 7 años después, no se rechaza a ningún paciente -aunque alegue solo cansancio vital- y ya se incluyen niños entre los pacientes “tratados”. ¿Hay algún lucrativo negocio detrás de estos alarmantes cambios de criterio?

La ley española comienza en el punto al que han llegado ya los Países Bajos y Bélgica. Lamentable precocidad. Considera a los enfermos con grave deterioro cognitivo como jurídicamente capaces para tomar una decisión consciente y válida. Pero, además, no se sorprendan, las muertes derivadas de la eutanasia deberán ser declaradas muertes naturales. ¿Puede llamarse natural a la muerte sobrevenida por una inyección letal? ¿Cuánto de natural resulta matar? Evidentemente, ningún profesional sanitario en su sano juicio habrá asesorado semejante sandez.

Desde las Facultades de Medicina seguiremos reclamando una política de desarrollo de los Cuidados Paliativos, recomendada por la OMS desde 2014, y que, sin embargo, siguen siendo reiteradamente marginados u olvidados por el sistema sanitario. Continuaremos ayudando a los alumnos a descubrir el valor y el sentido de la vida humana, fundamentado en la inalienable dignidad de todo ser humano y de un modo especial, del enfermo y sufriente, tratándolo, especialmente cuando solicita anticipar su muerte, como lo debe hacer un médico y no como un verdugo. Seguiremos considerando la eutanasia como la más indigna de las muertes porque atenta contra la dignidad del hombre y destruye el bien más precioso que posee y que no se ha dado a sí mismo: la vida y toda su riqueza, también en momentos de sufrimiento o desesperanza.