En las últimas semanas se está hablando de la Universidad, por un lado, con motivo del proyecto de real decreto que sobre creación de universidades prepara el Gobierno; y, por otro lado, con ocasión de la anunciada ley orgánica del sistema universitario. En relación con el primero, conviene advertir que, con el debido respeto, la propuesta elaborada por el Gobierno vulnera en distintos temas la autonomía universitaria garantizada por nuestra Constitución. Por ejemplo, cuando señala la inversión mínima que cada universidad debe hacer en investigación o cuando establece límites en el número de alumnos, entre otros.

A partir de aquí, conviene reconocer y compartir la importancia que la investigación debe tener en toda Universidad para que pueda ser considerada como tal, algo que con acierto señala el proyecto normativo del Ejecutivo. Dicho lo cual y pensando en la ley de universidades en la que se trabaja, conviene reflexionar acerca de la razón de ser de la Universidad, una reflexión que nos ayude a plantear una propuesta normativa que no venga impuesta por una mayoría suficiente (y exigua), sino por una mayoría amplia, dispuesta a renunciar a visiones particulares. Me voy a centrar en tres de los muchos aspectos que exigen de reflexión: estudiantes, financiación y oferta académica. La Universidad tiene su principal razón de ser en sus estudiantes, no olvidemos esto. El compromiso con ellos no debe limitarse a una mera instrucción técnica o a la adquisición de una serie de competencias para el ejercicio de una profesión. La Universidad debe recuperar su dimensión sapiencial de búsqueda del sentido último de la vida. No renunciemos a formar personas libres, con espíritu crítico, que busquen la verdad y que, además, salgan preparadas para el desempeño de una profesión. Para conseguir lo primero, reivindiquemos el papel de las humanidades en la Universidad y con carácter transversal para todos los títulos. En palabras del profesor Alejandro Llano, «el futuro de nuestra civilización depende en buena parte de que la Universidad no pierda su esencial vinculación con el tipo de conocimiento que afecta más profundamente a la persona humana».

En materia de financiación necesitamos garantizar la inversión pública en investigación vinculada a resultados y potenciar los grupos consolidados y emergentes. De igual manera, reforcemos un sistema de becas públicas que descanse en el mérito académico y la necesidad económica del candidato como criterio de concesión de la ayuda. En paralelo a todo ello, incentivemos la contribución privada a la Universidad a través de un marco jurídico y tributario que impulse el mecenazgo como forma de financiación adicional. Facilitemos que el capital privado pueda participar a través del mecenazgo.

Por último, y en materia de oferta académica, limitemos el papel de la Administración en la aprobación de títulos a validar objetivamente la calidad de la oferta, remitiendo a la Universidad y con base en la autonomía universitaria lo relativo a la oportunidad y al diseño del título; reduzcamos la burocracia; suprimamos la duplicidad entre las administraciones y potenciemos la creatividad de la Universidad en la oferta y aprobación de títulos. Una oferta que debe sujetarse al principio de mejora continua, del catálogo de títulos ofertados, de los planes de estudio de cada uno de ellos y de las competencias a adquirir por los estudiantes, donde la innovación docente sea una constante y la incorporación de recursos tecnológicos, una oportunidad y un medio –nunca un fin– para desarrollar un aprendizaje que dé protagonismo al estudiante.

No quiero acabar sin insistir –en una sociedad que busca lo inmediato y lo pragmático, que muchas veces pretende reducir la formación universitaria a la adquisición de destrezas y habilidades meramente instrumentales– en la necesidad de una Universidad que enseñe al joven universitario a conocer la verdad, a amar el bien y a contemplar la belleza; a partir de ahí, capacitemos a nuestros jóvenes para que puedan llegar a ser los profesionales que nuestra sociedad necesita. No renunciemos, en definitiva, a formar excelentes profesionales y mejores personas. Y para esta tarea es fundamental contar con profesores que, sin descuidar la investigación, disfruten en el aula y se empeñen en ser cada vez mejores; profesores que, en definitiva, compartan con sus alumnos no sólo su saber, sino el mismo deseo de saber. Hoy más que nunca necesitamos profesores coherentes y comprometidos, que estimulen y que inspiren a sus alumnos, presentándoles el sentido auténtico de la verdad, la sabiduría y la libertad. Sin duda, el factor clave para que la Universidad cumpla su misión más auténtica es el profesor, en su relación con el estudiante. Aprovechemos la oportunidad que toda reforma trae consigo para reforzar el protagonismo de la Universidad como motor del cambio que necesitamos hacia una sociedad más justa. No tengamos prejuicios infundados al iniciar este proceso. Seamos ambiciosos y generosos a la vez. Fijémonos en lo que hacen las universidades que son referencia a nivel mundial y consultemos a la comunidad universitaria. En este sentido, conviene poner en valor el documento Foro Universidad 2030, elaborado desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en enero de 2020.