La proposición de Ley de la Eutanasia, promovida por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, ha recibido el pasado 10 de diciembre el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso, para pasar a ser debatida en el Senado y en el Congreso y así, dada la mayoría de escaños que sustenta al grupo que apoya al Gobierno, poder convertirla en la primera Ley Orgánica que se aprueba en 2021. Es decir, poder legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en nuestro país.

Para justificar dicha proposición de ley, sus promotores esgrimen los siguientes argumentos:

Afirman que existe una amplia mayoría social en nuestro país, y también en los restantes países de la Unión Europea, que reclama que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido, afirmación que, como poco, es incierta.

En efecto, las encuestas realizadas con tal fin ofrecen resultados diversos, fundamentalmente debido a la manipulación de las preguntas que se incluyen en dichas encuestas. No podemos aquí recoger el amplio elenco de consultas realizadas, pero si hacer referencia a la que, a nuestro juicio, es más significativa, por el número de personas incluidas en ella, promovida por el grupo de Joachim Cohen, de la Universidad VRIJE, de Bruselas. En su estudio se constata que ningún país europeo desea de forma mayoritaria la legalización de la eutanasia, pues siendo Dinamarca el país que lo requiere en mayor grado, su porcentaje de aceptación es de 6,79 sobre una aceptación máxima de 10. En España ese índice es de 6,08.  Constatándose, por tanto, que, aunque la opinión europea sobre el tema no es unánime, la pretendida afirmación de que existe una abrumadora mayoría social que desea que esta ley se apruebe, es totalmente infundada.

También esgrimen que gran parte de las organizaciones sociales y médicas de los países desarrollados apoyan la legalización de ambas prácticas. Igualmente es esta una afirmación errónea. En tal sentido, el Comité de Bioética de España, órgano asesor del Gobierno para asuntos que implican temas éticos, afirma que “existen solidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y/o el suicidio asistido en un derecho subjetivo y en una prestación pública, y ello no solo por razones de contexto social y sanitario, sino, también por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía. Por otro lado, la eutanasia y/o el suicidio asistido no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargos o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”.

Más explícita, aun si cabe, es la Declaración del Consejo General de Médicos de España, que se reafirma en su compromiso del respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud, recordando que el Código de Deontología Médica establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este”. Además, y según dicho Código, “el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”.

Esta opinión es así mismo refrendada por la Asociación Médica Mundial, en su 70 Asamblea General celebrada en Tiblisi (Georgia), el 19 de octubre de 2019, en la que se reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y con que se debe mantener el máximo respeto por la vida humana, oponiéndose firmemente a la eutanasia y al suicidio asistido.

También la Organización Mundial de la Salud, considera que “con el desarrollo de los métodos modernos de tratamiento paliativo no es necesaria la legalización de la eutanasia”.

Igualmente, diversos organismos e instituciones jurídicos españoles se muestran contrarios a legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha manifestado que “el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva, configurado como un derecho de libertad, que incluye la propia muerte, no existiendo por tanto un derecho al suicidio, ni tampoco el derecho subjetivo a la libre disposición de la propia vida”.

Igualmente, el Código Penal Español, considera delito toda acción voluntaria realizada por una persona para terminar con la vida de otro ser humano.

Desde un punto de vista moral existe abundante documentación contraria a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. En un país como España, que se muestra mayoritariamente católico, no cabe duda que la voz de la Conferencia Episcopal Española, parece la más autorizada para catalogar moralmente los actos eutanásicos. En relación con ello, en noviembre de 2019, la Conferencia publicó un exhaustivo documento, “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida”, que ofrece una razonada exposición de por qué la eutanasia y el suicidio asistido son moralmente rechazables, al afirmar que “la intención de eliminar la vida del enfermo, por propia iniciativa o a instancia de terceros, con el fin de que no sufra, poniendo los medios que para realizarlo, es siempre contraria a la ética: se elige un mal, es decir, suprimir la vida del paciente, que, como tal, siempre es un bien en sí misma. Esto queda aún más claro si tiene en cuenta que, para afrontar el sufrimiento, siempre se pueden elegir otros medios: aliviar las molestias, controlar el dolor, consolar el sufrimiento, acompañar y mejorar la situación vital”.

También la Conferencia Episcopal Española, con fecha 11 de diciembre de 2020, ha hecho pública una declaración, en la que entre otras cosas afirma: “la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza”.

Igualmente, y desde una posición jerárquica superior, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con apoyo expreso del papa Francisco, ha publicado al Carta «Samaritanus Bonus», sobre el cuidado de las personas físicas en las fases críticas y terminales de la vida», en la que se rechaza de forma absoluta las prácticas eutanásicas, por inmorales, manifestando que la Iglesia considera que debe de reafirmar como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana porque, con tal acto, el hombre elige causar directamente la muerte de un ser humano inocente. La eutanasia, por lo tanto, es un acto intrínsecamente malo, en toda ocasión y circunstancia”. Además, en el pasado la Iglesia ya ha afirmado de forma definitiva que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios, en cuanto eliminación deliberada y moramente inaceptable de una persona humana. Toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave contra la vida humana”.

Finalmente, y adicionalmente a las anteriores declaraciones, no cabe duda que la aprobación de la proyectada Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido abrirá una puerta a una «pendiente resbaladiza» de consecuencia impredecibles.

En efecto, no es necesario realizar una elucubración teórica sobre ello, pues existen datos de dos laboratorios sociales incontestables, en los que se puede constatar la inequívoca «pendiente resbaladiza» que la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido promueve. En efecto, en un estudio realizado en Holanda que abarca el periodo 2010 a 2015, se constata que se contabilizaron 2554 suicidios asistidos, de los cuales 431 fueron por “terminación de la vida sin petición”. En otro trabajo, llevado a cabo en Flandes en 1996, se pudo comprobar que el 3,3% de las eutanasias se habían practicado sin la preceptiva petición del paciente y en un tercer estudio también realizado en Flandes, se comprobó que se habían producido 1796 casos de eutanasia involuntaria, lo que constituye el 3,2% del total de muertes acaecidas en ese país. Igualmente, en otros estudios más recientes, se comprobó que el porcentaje de las eutanasias involuntarias fue del 1,8% y 1,7%; pero, además, en los pacientes de 80 años o más el porcentaje de eutanasias involuntarias se elevó al 52,2%, y en aquellos casos de enfermedades distintas al cáncer este porcentaje llegó a ser del 67,5%.

La puesta en marcha de una ley que favorece la eutanasia, sin antes haber desarrollado de forma suficiente los cuidados paliativos, supone un mayor atentado a la dignidad de la persona y una enorme injusticia social. Puesto que, en lugar de ofrecer medios humanos y materiales para cuidar a los pacientes en situación de vulnerabilidad, se opta por acabar antes con sus vidas, sin dar ni siquiera la posibilidad de elegir entre unos cuidados paliativos y la propia eutanasia. Si bien es cierto que el coste económico entre ambas opciones es significativo, una sociedad que no considera ofrecer todos los medios necesarios para dar los cuidados pertinentes a sus ciudadanos en las situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento, prefiriendo acabar con sus vidas, no puede considerarse una sociedad libre, justa ni social.

Conclusión

La legalización de prácticas como la eutanasia y el suicidio asistido pretende mostrar como un bien social un proceder del todo inaceptable, tanto desde un punto de vista médico, como jurídico, sociológico y moral, pues estas prácticas conculcan el respeto a la dignidad humana y su defensa en toda circunstancia.

Abordar el sufrimiento humano pretendiendo eliminar a las personas que lo padecen es, ante todo, un fracaso del sistema asistencial, pero también de la sociedad en general, que, lejos de suprimir a los débiles y sufrientes, debería eliminar su dolor, dedicándoles los mejores recursos disponibles, precisamente porque son los que más lo necesitan.

En el estado actual de la medicina y la práctica clínica estos recursos existen, son eficaces para aliviar el sufrimiento de los enfermos y constituyen a través de los Cuidados Paliativos de calidad, la herramienta que procura el trato digno que toda persona merece en atención a su inviolable dignidad, máxime cuando padece un estado de dependencia absoluta.

Observatorio de Bioética. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir