El Gobierno enviará el próximo día 17 de mayo al Congreso para tramitación parlamentaria su proyecto de nueva ley del aborto que podría ser aprobada el próximo año.

La situación que precede a este nuevo intento de extender el aborto y de privar de derechos al no nacido viene marcada por algunos sucesos que pasamos a enumerar:

1. Hace doce años que esperamos una sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva el recurso de inconstitucionalidad a la vigente ley por considerar que no respeta el derecho a la vida del nasciturus, entre otras razones.

Nadie ha sabido explicar hasta la fecha por qué una sentencia del Tribunal Constitucional que afecta a derechos fundamentales ha sufrido este retraso, aunque no es difícil intuir que razones ideológicas y políticas están detrás de esta inacción que deja indefensos a los más débiles, los no nacidos, a quienes la ley debería proteger en primer lugar.

La aprobación de una nueva ley del aborto haría ya innecesario el pronunciamiento del alto Tribunal, que parece estar en el trasfondo de esta intolerable dejación.

2. En junio de 2021, ya en el Parlamento europeo, el informe Matić reivindicó el reconocimiento del aborto como un derecho para la mujer ignorando los derechos del nasciturus.

3. Posteriormente, el presidente francés Emmanuel Macron proponía la inclusión del derecho al aborto en la Carta de Derechos de la Unión Europea, contraviniendo de este modo el primero de sus artículos en el que se plasma el derecho a la vida.

4. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha reclamado facilitar el acceso al aborto a todas las mujeres en todas las circunstancias, sin restricciones y en todo el mundo, omitiendo todas las consideraciones que afectan a la salud de las mujeres embarazadas que abortan o a la salud de sus hijos. Además, el organismo internacional parece supeditar la concesión de ayudas a los países a que estos legislen en este sentido.

5. Paralelamente a estas regulaciones proabortistas se producen otras que promueven la eutanasia y se abandona la implementación universal de los cuidados paliativos. El actual proyecto de ley del aborto destina recursos importantes a la financiación no solo del aborto en centros públicos sino de todos los métodos anticonceptivos, incluyendo una rebaja de impuestos a los productos de higiene femenina, estableciendo la gratuidad para muchos de ellos. El destino de estos fondos, ignorando necesidades sanitarias más urgentes, como es el caso de la atención paliativa no sigue verdaderos criterios de salud y de atención a los ciudadanos, sino exclusivamente ideológicos.

6. El ejercicio de la objeción de conciencia parece convertirse en un obstáculo si el aborto y la eutanasia se convierten en derechos. Los actuales movimientos regulatorios en estos dos campos tratan pues de restringir este derecho en los facultativos implicados. El derecho a la objeción de conciencia -negarse a participar en actos no médicos que buscan provocar la muerte de los pacientes- es el último resquicio que le queda al no nacido o al enfermo incurable o terminal de ver respetado su derecho a la vida dado que este derecho no le es reconocido en la ley. Es la negación del facultativo a terminar con su vida la única garantía de que su derecho a la vida sea respetado.

7. La ley del aborto actualmente vigente, modificada por el Partido Popular en 2015, restringe el derecho al aborto en las menores de edad mayores de 16 años que deben contar para practicarlo con el permiso de sus padres o tutores. El actual proyecto suprime esta restricción. Pero no solo esta: elimina el periodo de reflexión necesario de 3 días que debe transcurrir entre la petición de la mujer y la práctica del aborto. Se elimina también la obligatoriedad de facilitar a la mujer información sobre los recursos y ayudas disponibles en caso de querer continuar con su embarazo. No existe tampoco ninguna obligatoriedad de mostrar imágenes de su hijo o informarle de las posibles secuelas futuras que conlleva la práctica del aborto.

8. Simultáneamente se han venido produciendo en los últimos meses regulaciones que pretenden restringir el derecho a la libertad de expresión por parte de los defensores de la vida cuando se manifiestan frente a clínicas abortistas. La reciente regulación aprobada por el gobierno lo considera acoso y lo persigue penalmente. Se trata de un instrumento más para eliminar alternativas a la mujer que se dispone a abortar.

9. El actual anteproyecto parece derivar el grueso de los abortos, financiados con fondos públicos, a los centros públicos, dejando el recurso a los centros privados acreditados solo en caso de necesidad. Debe recordarse que según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2020 el 85% de los abortos se practican en clínicas privadas, más de 80.000, que deberán ahora ser asumidos mayoritariamente por la sanidad pública en detrimento de otros servicios más urgentes.

Finalmente, la implementación de medidas de protección de la salud como la concesión de bajas en mujeres con dismenorrea, embarazadas a partir de la semana 36 de gestación o la persecución de malas praxis médicas como el abuso de cesáreas o episiotomías, aunque es recogido explícitamente en el texto que se propone no supone ninguna novedad pues forma parte de la buena praxis médica habitual.

Reflexión final

Reconocer el derecho de las madres a terminar con la vida de sus hijos es negar el derecho de sus hijos a vivir: el derecho a decidir de la mujer no puede en ningún caso conculcar el derecho a la vida del no nacido. Privar de la información necesaria a la mujer que pide abortar es impedirle el ejercicio de una decisión libre. Una mujer angustiada o no, que quiere terminar con su embarazo debe evaluar correctamente antes de tomar una decisión las alternativas disponibles, la ayudas a las que tiene derecho, los efectos secundarios que pueden derivarse de la práctica del aborto y la naturaleza de aquello con lo que quiere terminar: su propio hijo. Sin esta información la decisión no es libre: se toma sin disponer de los datos necesarios y muchas veces en situaciones de angustia que la limitan. Allanar el camino al aborto es restringir el camino hacia la vida y la libertad.

Como afirmó Jerome Lejeune, defensor de la vida y uno de los mejores genetistas de su época: “La calidad de la civilización puede medirse por el respeto que tiene hacia sus miembros más débiles. No existe otro criterio”.

Esto sitúa nuestra actual civilización en una situación de franca decadencia que exige de todos nosotros un decidido compromiso en favor de la vida y la dignidad humanas.

Julio Tudela

Observatorio de Bioética

Instituto de Ciencias de la Vida