Se cumple un año desde la aprobación de la ley trans y convendría que el Estado hiciera un balance. Si en cualquier empresa se lleva un control de calidad sobre las decisiones tomadas, ¿cómo no hacer un seguimiento de una resolución con consecuencias sanitarias, educativas y socioculturales mayúsculas?

Algunas noticias apuntan estos días a un incremento del número de adolescentes interesados por la cirugía transgénero y los tratamientos hormonales, así como recogen las serias dudas que se plantean a los médicos a la hora de aplicarlos, sobre todo porque tantos menores han firmado consentimientos en los que no alcanzan a entender lo que están comprometiendo. Por tanto, la novedad que implica esta ley debería acompañarse de un análisis para ver si su recorrido está siendo acertado o equivocado. De hecho, un país nórdico ha frenado su aplicación debido al número disparado de jóvenes que han solicitado un cambio de sexo. Es decir, pese a su aprobación, ha puesto un interrogante o, al menos, una pausa. ¿En España estamos dispuestos a hacerlo?

Otra cuestión para detenerse en este aniversario es la oportunidad de dicha norma, que fue tramitada mediante procedimientos de urgencia cuando no había una demanda social que justificara tal vía. En este sentido, hay quien lamenta el postureo político de abanderar el cambio, la apertura y el avance, la presión de los lobbies y los intereses económicos a la hora de legislar. No obstante, detrás de ésta y otras regulaciones hay también una sensibilidad nueva hacia las minorías que, precisamente por ser deseable y razonable, puede confundir a la opinión pública.

Y es que desde hace poco tiempo se ha vuelto la mirada hacia colectivos y realidades que han sido injustamente tratadas, olvidadas o desatendidas porque la sociedad ha funcionado fundamentalmente con la mayoría. En la actualidad se presta atención a las enfermedades raras que reciben pocas subvenciones para la investigación, a especies marinas en peligro de extinción o a mujeres inmigrantes excluidas o desamparadas, por citar tres ejemplos dispares. Es decir, ha aparecido una sensibilidad hacia las minorías y una necesidad de hacer justicia si se les ha tratado mal históricamente, lo cual resulta conveniente. Ahora bien, pretender hacer justicia equiparando la minoría a la mayoría es encauzar mal la solución, porque la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde y no se puede confundir con igualitarismo. Tampoco conviene equiparar la atención con la normalización.

Esto se ve, por ejemplo, con los adolescentes. Quien entra en contacto con ellos descubre que un rasgo predominante que comparten en la actualidad es su deseo de ser normales. Le preguntas a un chaval qué quiere ser y contesta que “normal”. Tienen una necesidad exagerada de aceptación, de no ser rechazados, en el fondo, de ser amados. Por ello buscan normalizar cualquier conducta para no ser raros, minoría, excepción. Pero claro, hacer un igualitarismo que dé a todos la sensación de normalidad es una manera equivocada de ser justos; además, les otorga una falsa concepción de seguridad.

En el fondo, el problema radica en falsear la realidad. Y es que una cosa es la concepción de lo normal estadísticamente hablando y otra distinta es la idea de lo normal en la verdad. Así pues, lo que no es normal es lo que se aleja de lo verdadero por diferentes razones: por accidente, por maldad, por voluntad de apartarse, por confusión, por sufrimientos personales… Cabría preguntarse, entonces, si al normalizar lo que no es verdad, con la ideología trans y con tantas otras situaciones, se está engañando a la gente y, de un modo especial, a los jóvenes.

Ciertamente, el tema es complejo y abre muchos interrogantes. Lo que está claro es que esta ley facilita jurídica y sanitariamente la opción de dar demasiado pronto algo irreversible a quien después se puede arrepentir. De hecho, hay personas que tras someterse a un cambio de sexo han tenido un recorrido en su evolución biológica o psicológica que los ha llevado a descubrir la falsedad de la motivación que les empujaba. También gente que ha tenido una identidad sexual y luego ha cambiado a otra para finalmente decidir que ni una ni la otra. Se han recogido casos donde la transición no ha acabado solucionando la dificultad interior de poder identificarse sexualmente, de modo que la mejora deseada, perseguida, buscada, no se ha acabado alcanzando finalmente.

Cabría pararse pues, en lugar de dar rienda suelta a la ley, a analizar si se está ofreciendo una gratificación psicológica de normalización, pero que, al no apoyarse en la verdad, no acaba resultando una ayuda realmente. Apremia plantearse si, en lugar de asistir a estas personas, se les está generando una serie de problemas abiertos, imprevistos, con la frustración que ello genera. Son muchas las preguntas. ¿Y si nos paramos, al menos, a enunciarlas?