Frente a las elevadas cifras de infectados por el Covid-19, mayores que al principio de la pandemia, algunos padres se plantean la conveniencia de la asistencia de sus hijos menores a los colegios por miedo a un posible contagio debido a las nuevas cepas de esta enfermedad, lo que debe ser visto como un acto de prudencia y responsabilidad y no de dejadez o negligencia de los padres en el ejercicio de su función parental. Grave disyuntiva a la que se enfrentan los padres en esta pandemia. Se trata de dirimir un conflicto entre los padres con la Administración, en defensa de los derechos, sobre todo, a la salud del hijo.

La patria potestad se ejercerá siempre en interés de los hijos, con respeto a su integridad física y mental y con el deber de educarlos y procurarles una formación integral, que incluye una etapa de escolarización obligatoria; es, asimismo, obligación de los padres la de prevenir posibles daños a la salud de sus hijos, dadas sus funciones de cuidado y asistencia. Por ello, ante esta crisis sanitaria son los padres, ante el peligro o riesgo inminente y grave para la salud del menor quienes deben adoptar medidas de protección y prevención ante un posible contagio de una enfermedad incierta y altamente contagiosa para la población, todavía carente de cura y cuyo calendario de vacunación para los menores se prevé a medio plazo. La elección no es fácil: o se prima el derecho a la educación o el de la salud. No se trata de fomentar el absentismo escolar, ni de implantar el 'homeschooling' o enseñanza en el hogar, ilegal en España. Lo que proponen algunos padres es poder seguir el curso de manera remota, por medios telemáticos, para evitar contagios tanto al propio hijo como a los demás miembros de la familia (intereses todos ellos dignos de protección); y el Estado, que debe garantizar el acceso a la enseñanza de los menores, que es obligatoria, debe garantizar que la reciban en condiciones de universalidad, calidad y gratuidad, pero también en condiciones de seguridad y salubridad.

El problema que aquí debatimos es qué hacer cuando los padres opinan que las condiciones de seguridad para la salud ‘no se dan’ y se está poniendo en riesgo la salud sus hijos cada vez que acuden al centro escolar. La resolución del conflicto exige poner en el centro del problema los derechos del niño, por tanto, se debe exigir de los padres que procuren la asistencia de sus hijos al colegio durante la etapa obligatoria, y de los poderes públicos y centros escolares, que doten de los medios y recursos necesarios al sistema educativo para garantizar las condiciones sanitarias en los colegios e institutos. Especialmente en estos momentos, los poderes públicos deben respetar y apoyar el ejercicio de esta responsabilidad parental sin entorpecerla, favoreciendo las condiciones más óptimas para el bien de los hijos. Obviamente, el miedo parental al contagio no debe anteponerse al interés del niño y a su derecho a la educación. Sin embargo, no se trata de cualquier miedo subjetivo e inconsistente sino racional y fundado dadas las cifras de contagiados y fallecidos. En todo caso, no parece racional ni fundado pensar que esta actitud de los padres no atiende el interés del menor cuando es precisamente lo contrario, los derechos del niño están en el centro de la valoración paterna en estos casos, al decidir mejor qué derechos del hijo se deben priorizar, si el derecho a la educación, juego y esparcimiento o también su primordial derecho a la salud y a la vida; son los padres quienes deben ponderar sobre todos los intereses implicados de los demás miembros de la familia y no el Estado o la CCAA o los centros escolares.

Además, el derecho a la educación no se restringe por el hecho de que el hijo no asista físicamente al centro escolar, porque recibir sus clases por medios telemáticos en vez de presenciales no es absentismo. Quizás el problema sea que no se puede ofrecer el sistema de docencia online. Sería interesante que se ofreciera a los padres ambas posibilidades; ello garantizaría los derechos a la salud y a la enseñanza de los menores, descargaría la presencialidad de los centros escolares y no perjudicaría los intereses en conjunto de las familias.