El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia que puede considerarse ejemplar, ha estimado el recurso de amparo interpuesto por la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir», al declarar que la Generalitat Valenciana ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad al negar la concesión de becas a los alumnos que estudian en la Universidad privada, resaltando que si se ha discriminado a la Universidad católica.

Se ha de recordar que la Universidad Católica de Valencia (que por cierto es la que más ayudas económicas otorga a sus alumnos en toda España), y otras Universidades de iniciativa social, no tienen ánimo de lucro y no persiguen hacer negocio con su educación, sino que sólo pretenden poder formar en altos estándares de calidad basado en un ideario católico, sin excluir a nadie de sus aulas, y que, precisamente usan sus excedentes financieros en ayudar a los que menos tienen Sin embargo, como no son Universidades Públicas, la Generalitat los excluye, de forma que los alumnos que las elijan para su formación no podían recibir becas.

Los poderes públicos deben promover el «pluralismo educativo», por eso, diferenciar entre Universidades públicas y privadas es contrario a la Constitución ya que, como señala el Alto Tribunal «todas las universidades sin distinción, también por tanto las de titularidad privada, realizan un servicio público de educación superior, desde la investigación, docencia, estudio y transferencia de conocimiento. Todas las universidades realizan las funciones de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura, así como la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales, y siempre al servicio de la sociedad».

El sistema de becas al estudio está planteado en base a dos parámetros clásicos: el primero es el umbral de renta limitado de las personas que lo reciben y el segundo es la teoría del esfuerzo, de forma que la ayuda debe materializarse en aprovechamiento académico.

Las becas se convierten en «ascensores sociales», de forma que, cualquier persona con independencia de su capacidad económica puede acceder a las mismas oportunidades.

Sin embargo, el Conseller Vicent Marzà, titular de la Conserjería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, -tanto en la legislatura anterior como en la actual- decidió excluir del sistema de becas a los alumnos universitarios que eligieran estudiar en una Universidad que no fuera pública. La exclusión se producía para todo tipo de becas, las de ayudas al estudio, las becas salario, e incluso las becas para los alumnos valencianos que decidían realizar una estancia en universidades extranjeras a través de las conocidas becas Erasmus. Además, y, juntamente con otras Consejerías, se imposibilitó que los alumnos que deciden realizar sus estudios sobre Ciencias de la Salud en Universidades que no sean públicas, tampoco tenían derecho a realizar prácticas curriculares -obligatorias para acceder a su titulación de medicina, enfermería, fisioterapia, etc …- en Centros de Salud u Hospitales Públicos.

La idea es clara, a quien decide acudir a la parte del Espacio de Educación Superior Valenciano que no forma parte de las Universidades Públicas se les niega la ayuda de la Generalitat, esa misma autoridad que somete a examen las titulaciones y que va realizando las auditorias de funcionamiento de titulaciones y centros con igualdad, tanto de las Universidades Públicas como de iniciativa privada. No hay que olvidar que las Universidades de la Comunidad Valenciana son espejo de esta tierra dentro y fuera. Cuando una Universidad privada recibe alumnos del extranjero conocen y están en la Comunidad Valenciana y el nombre de esta tierra se hace grande por sus investigadores y por la creación del talento que es capaz de formar, y junto con Valencia, el resto de España.

Estas medidas ideológicamente caracterizadas, injustas y discriminatorias han propiciado que la Universidad Católica de Valencia se haya visto obligada a denunciar esta diferencia de trato que discrimina de forma ilegal y caprichosa a sus alumnos y a la propia Universidad durante los últimos cinco años, ante las diferentes instancias judiciales: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al Tribunal Supremo y, por último, ante el Tribunal Constitucional

Sin duda, esta actuación inconstitucional de la Generalitat Valenciana ha producido un perjuicio económico evidente en la Universidad Católica de Valencia y en el resto de las Universidades de iniciativa privada, que el Gobierno Autonómico deberá compensar, ya que, como señala el Tribunal Constitucional «el derecho fundamental a la educación, (Art. 27,6 CE) no se agota en el momento inicial del establecimiento del centro educativo, sino que se prolonga en el ejercicio de las facultades de dirección del mismo» y que también, «exige la ausencia de limitaciones absolutas o insalvables, o que lo despojen de la necesaria protección».

Por lo demás, recuerda expresamente el Alto Tribunal, que también se ha declarado inconstitucional la exclusión de la Universidad privada del deber de colaboración de las instituciones sanitarias respecto a la formación académica y profesional en materia de ciencias de la salud (circunstancia que sigue sin solucionar el Gobierno de la Generalitat de Valencia).

No podemos olvidar que la Universidad Católica de Valencia es de la Iglesia, del Arzobispado de Valencia, esto significa que se trata de un Centro universitario con ideario, con carácter propio -como ha reconocido el Tribunal Constitucional- por lo que discriminar a los alumnos por la opción de la enseñanza de ideario católico, vulnera la Constitución, pero también el derecho fundamental de libertad religiosa y el Acuerdo internacional del Estado Español con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979.

Ha tenido que ser el Tribunal Constitucional el que, a través de la Sentencia que comentamos, y con mayorías cualificadas de sus Magistrados, declare que la Generalitat ha discriminado a los alumnos y a la Universidad Católica de Valencia durante cinco años, por lo que esperamos que, para no seguir perjudicando a los estudiantes con menos recursos económicos, proceda a cumplir la Sentencia arbitrando un sistema de becas y de prácticas en Centros públicos de Salud, que cumpla ordenado por el Alto Tribunal, en conformidad con la Constitución y en diálogo con la propia Universidad.

Se debe aprender de los errores. Todas las Universidades deben ser tratadas por igual, de forma que la libre elección de Centro de formación sea realmente un Derecho de los alumnos y de sus padres y tutores y no una imposición desde una Institución que es y debe ser de todos y para todos. Esta tierra y este país se construyen desde el esfuerzo y reconocimiento de todos, desde el pluralismo y especialmente debe evitarse cualquier trato discriminatorio como ha determinado en este caso el Tribunal Constitucional.