Las prácticas clínicas son un derecho/deber para las titulaciones de Ciencias de la Salud aprobadas y reconocidas por el Ministerio de Educación. Derecho, en tanto en cuanto, al autorizar las titulaciones el Gobierno Valenciano asume esa obligación; y deber, puesto que los alumnos precisan de esa formación.

La puesta en tela de juicio de este derecho ha creado una situación de inseguridad jurídica y académica; siendo que nuestra facultad de enfermería lleva 66 años formando enfermeras, y la facultad de medicina de la UCV, ha obtenido los mejores resultados de la Comunidad Valenciana en la prueba MIR desde que accede a ella; situándonos como la única de la Comunidad entre las 10 mejores de España, según la clasificación U-Multirank.

Todas las titulaciones impartidas en las universidades valencianas han seguido el mismo proceso de evaluación por las agencias estatal y autonómica. Su autorización conlleva el compromiso del Gobierno valenciano de proporcionar los medios necesarios a todos los alumnos de la Comunidad Valenciana.

La capacidad docente de prácticas en nuestros hospitales es suficiente para cubrir esta necesidad de todas las facultades actualmente verificadas, y por eso, el Gobierno Valenciano autorizó estas titulaciones y su capacidad docente.

En la red de hospitales públicos, sólo en provincia de Valencia, existen 5.128 camas. De esta capacidad docente la UV, en el grado en Medicina, sólo utiliza el 56,4%, mientras en el grado en Enfermería ocupa el 28%. Existen numerosos hospitales en la provincia que no reciben ningún alumno de prácticas.

No existe ninguna incompatibilidad en la actividad de un profesional sanitario que, coincidentemente con su actividad asistencial, lleve a cabo la tutorización de alumnos en prácticas de cualquier universidad valenciana; ya que la docencia es consustancial a su actividad profesional. Por otro lado, no hay ningún argumento ni legislación que prohíba la actividad docente en prácticas de universidades de iniciativa pública, social o privadas. El fundamento que les asiste es que, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes. Deberes, en este caso, de contribuir al bien común con el pago de los impuestos, y derechos de acceder a los recursos que con ellos se generan.

No debemos perder la oportunidad de reconducir, desde el diálogo, una situación que permita a los valencianos sentirse orgullosos de una oferta universitaria de calidad, plural y competitiva a nivel nacional e internacional.