La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Teresa Freixes, ha pronunciado en la Universidad Católica de Valencia (UCV) la conferencia Europa no paga traidores; amnistía o secuestro del Estado de derecho, invitada por el Instituto de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales.

Freixes fue una de las personalidades que intervino al final de la multitudinaria manifestación contra la amnistía organizada por la plataforma Sociedad Civil Catalana el pasado 8 de octubre en Barcelona. En su discurso, la catedrática de la UAB aseguró que quienes apoyan la decisión tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez “deberían avergonzarse de estar en ese lado de la historia”. De igual manera, pidió a los dos grandes partidos nacionales volver al “consenso” para que “nuestros hijos y nietos no pasen por lo que pasaron nuestros padres ni abuelos, ni lo que estamos ahora pasando”.

Señaló usted en la manifestación de Barcelona que la única justificación para la futura amnistía de Puigdemont es una “infame compra de votos”. Parece que se equivocaba en esa valoración, doña Teresa, porque el presidente del Gobierno en funciones aseguró después que tomaba la senda de la amnistía “por el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles”.

El candidato a la investidura tan pronto dice una cosa como otra; en el mismo encuentro en que hizo esa afirmación también dijo que «había que hacer de la necesidad, virtud». Es decir, reconoció que había una necesidad: los votos para poder ser presidente del Gobierno. Ahora estamos esperando ver cómo traduce esa necesidad en virtud.

Se mostró también preocupada el otro día en Bruselas porque, en su opinión, “la amnistía abre la puerta a la autodeterminación”. Pero si la Constitución establece que España es “una nación indivisible”, el Tribunal Constitucional no tendría margen jurídico para interpretar la norma a favor de un referéndum vinculante, aunque el Gobierno lo aprobase en un futuro, ¿no?

A pesar de que en estos últimos meses estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, hasta ahora el TC ha negado siempre la posibilidad de una autodeterminación sin una reforma constitucional previa. Hay otro escollo en la ruta secesionista, el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a que los Estados miembros respeten los límites territoriales. Europa se encuentra en un proceso de integración, no de disgregación; aceptar cambios en los límites territoriales a través de la formación de nuevos Estados derivados de Estados preexistentes no está en absoluto en el horizonte de la UE.

La organización Citizens Pro Europe (CPE), que usted preside, ha solicitado a la Comisión Europea que se pronuncie con claridad sobre las consecuencias de que se apruebe en España la ley de amnistía. ¿Qué actitud ve usted en Bruselas?

En el informe anual de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en los países miembros se ha llamado ya la atención a España por diversos asuntos, sobre todo en relación al poder judicial, pero es que ahora los indicadores fallidos están creciendo. Véase, por ejemplo, la nominación de cargos jurisdiccionales a personas provenientes del Gobierno.

En España no se han respetado los estándares europeos, que recomiendan que exista siempre un impasse de entre tres y cinco años para que alguien pase de tener un cargo en el poder ejecutivo a tener otro en el judicial, con el objetivo de evitar que se dé una contaminación del nuevo órgano, dada la posición política de una persona que formaba parte del Ejecutivo. Pero éste no es el único problema; se están dando otros, también graves, como el uso abusivo del decreto ley, o el mal uso de la proposición de ley.

¿A qué se refiere con esto último?

En mi opinión, el Ejecutivo ha dado un uso fraudulento a la figura de la proposición de ley, utilizándola en lugar del proyecto de ley. De esa manera, ya no les hace falta solicitar los informes preceptivos al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial sobre la ley que quieren sacar adelante.

Estos y otros indicadores fallidos están situando a España en una posición bastante complicada en el marco europeo del Estado de derecho.

Se atribuye a Voltaire la siguiente frase: “La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”. ¿La desmemoria y la falta de principios están detrás de la amnistía de Puigdemont y del resto de cargos imputados?

Sí, sí y sí. Otra vez: sí. De ahí viene todo el problema. En este país no ha habido manera de que las grandes fuerzas políticas, aquellas sobre las que reposa lo que yo denomino la centralidad, donde está la inmensa mayoría de los votantes, lleguen a acuerdos sobre unas líneas rojas o puntos mínimos; es decir, sobre las grandes cuestiones de Estado. Como eso no se ha producido, cuando estos partidos no han obtenido mayorías absolutas, se han aliado con los nacionalismos periféricos.

No deben buscarse mayorías exiguas con quienes quieren cargarse el orden constitucional. Saltárselo está en el ADN del secesionismo catalán, de Bildu, del PNV y de otros minipartidos independentistas. Hace años, esa intención se disfrazaba un poquito, pero hoy está clarísima. En estos momentos, estamos viviendo cómo, para conseguir una investidura, se pretende condicionar la gobernabilidad del país y las políticas a desarrollar a lo que impongan estos partidos antisistema. No hay coherencia política alguna, estamos ante una compra de votos, como decíamos antes.

¿Es éste el peor momento de la España democrática nacida en 1978?

Sin duda. Algunos decían, "parece que estemos en la Cataluña de 2017". En mi opinión, la situación es aún peor, porque los problemas que se evidenciaron entonces se encuentran ahora en el marco político español general. Y eso es muy grave. Aunque pueda recordar de algún modo a las zozobras de la Transición, que fue también una época problemática, en aquellos momentos había una esperanza que hoy no se ve. Sin ella, sin ese deseo de construir con amplias mayorías un país democrático, la situación es mucho más peligrosa.

La Cataluña actual “está secuestrada por el marco mental del secesionismo”. Es una frase suya. ¿Podría describir ese marco para aquellos que no conozcan la situación de primera mano?

Es el marco mental de unos pocos, en el que se habla de buenos y malos catalanes. Como no soy nacionalista y estoy en desacuerdo con las políticas de los partidos secesionistas yo misma he tenido que escuchar que no soy una buena catalana. Que en el siglo XXI se establezca un ambiente de este tipo es algo inaudito, y sucede porque un grupo de personas pretende imponer su concepto de Cataluña a todo el resto. A partir de sus razones históricas, políticas e ideológicas, entre otras, pretenden decidir cómo debemos ser los catalanes, qué podemos y qué no podemos hacer; es decir, de qué manera hemos de estar subyugados. Para ellos lo primero es esa buena nueva que anuncian, pretendiendo hablar en nombre de Cataluña.

Desde fuera, a veces da la impresión de que el sentir independentista ya es mayoritario en su tierra.

Los secesionistas quieren dar esa impresión, pero es totalmente falsa. Cataluña es muy plural, como lo es España o como lo son Europa y el mundo entero. No todos pensamos igual; afortunadamente, la realidad muestra justo lo contrario. Ni siquiera desde el disparate de la pureza de sangre puede decirse que los nacidos en familias catalanas piensan de una manera y quienes han venido de otros lugares de España piensan de otra. Si nos ponemos a hablar de apellidos catalanes, yo no tengo ocho, sino dieciséis y no soy nacionalista. El secesionismo nos está haciendo perder la racionalidad.

¿Cuál es su idea de la patria, de la nación española?

El martes pasado estuve precisamente dando una conferencia sobre el concepto de patriotismo constitucional en la figura de Jürgen Habermas. Esa idea surgió en la Alemania posterior a los horrores del nazismo, cuando se reflexionaba sobre cómo sentirse orgulloso de pertenecer a un país sin que ese orgullo tuviera unas bases etnicistas, nacionalistas o históricas. Habermas apostaba por la identificación con aquello que conduzca a un país de manera racional a tener una constitución fundamentada en la libertad y los derechos, en el respeto a las personas, en la democracia y en el Estado de derecho. Esa es mi perspectiva también, así entiendo yo el patriotismo.

Por ejemplo, debemos estar orgullosos de nuestra Constitución: fue el culmen de la Transición, donde conseguimos alcanzar unos acuerdos realmente impresionantes, que eran difíciles de construir. Es la Constitución que trajo la democracia, que se fundamenta en el Estado de derecho, que nos ha fijado las obligaciones constitucionales; en definitiva, que ha marcado la estructura de nuestra vida política.

Lo que no es óbice para que se pueda reformar en algunos puntos…

Claro, la Constitución es evidentemente mejorable y reformable, porque ella misma tiene sus procedimientos. No somos conscientes de que nuestra Constitución fue un modelo a seguir en los países de la Europa del Este, cuando se pasó del comunismo a democracia; también en muchos países de América Latina, en los cambios constitucionales de los años noventa.

Ahora parece que tengamos que renegar de la Constitución. Pues no, señores, yo estoy muy orgullosa y satisfecha de ser una persona forjada durante la Transición. Quiero que España vuelva otra vez a cimentarse en los valores del consenso, de las grandes mayorías, de buscar lo que nos une en vez de lo que nos separa, de avanzar en derechos y en dignidad, y en conocimiento, para ser ciudadanos libres, conscientes, activos, no parte de unas masas amorfas que digan amén a lo que proponga el líder.

Es decir, que en España no somos todavía ciudadanos en el pleno sentido del término.

La gente en nuestro país no responde a las situaciones anómalas, esos indicadores fallidos de los que hemos hablado, porque existe un desconocimiento grandísimo de la estructura política y jurídica del Estado, de cómo se hacen las leyes, de qué derechos y obligaciones tenemos… Somos el único país de toda la UE que no enseña estas cosas en la educación obligatoria y, así, la gente no entiende nada cuando se critica el mal uso de las proposiciones de ley, por ejemplo. Es más, al no entenderlo, puede creer aquello que se le quiera colar con técnicas populistas y psicología política.

Dado que, además de jurista, es docente, le pido que me responda como educadora: ¿cree que es posible, a largo plazo, deshacer los caminos del nacionalismo a través de la enseñanza de valores y principios que alejen a la sociedad del dogmatismo identitario?

Va a ser el único camino y va a ser difícil. Siempre cuesta mucho más construir que destruir. Hoy tenemos medios de destrucción masiva, no únicamente militares, sino también ideológicos. En determinados medios de comunicación y en las redes sociales no se adopta la práctica constructiva de educar críticamente a la sociedad, se busca el sensacionalismo y así nos quedamos con el cliché. Todo esto solamente lo podremos contrarrestar con educación, y no hablo sólo de la escuela, también los medios educan, con su actividad, la propia sociedad también lo hace. Hay muchísimo trabajo por delante, porque lo que tan trabajosamente se construyó en la Transición ahora está siendo laminado de manera constante. Pero debemos reconstruirlo; es la única forma que tenemos de crear una sociedad más justa.