La Universidad Católica de Valencia (UCV), en colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, ha celebrado las II Jornadas Científicas ‘Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia en el Ámbito de la Comunidad Valenciana desde un Prisma Multidisciplinar’. Tomás L. Martín, magistrado titular del Juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, ha criticado en su intervención que el Gobierno no haya cumplido con el “mandato” inserto en la ley de protección del menor de 2021, de crear en toda España juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia; unos tribunales “que cambien los procesos judiciales y se adapten a las necesidades de este tipo de víctimas”.

La voz de Martín es especialmente relevante en este ámbito jurídico, pues dirige desde hace un año el único proyecto piloto que existe en España de ese tipo de tribunales, y que fue aprobado el pasado año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su pionero programa lleva “con carácter exclusivo”, como él mismo ha explicado, “todos los asuntos relacionados con la violencia contra menores; desde el abuso sexual a la violencia intrafamiliar, contra la libertad, la intimidad, o tecnológica, entre otros”.  

El periodo de tiempo establecido por la nueva ley para regular la creación de juzgados como el de Martín por todo el país era de doce meses, que se han cumplido ya sin que "nada haya cambiado", y el magistrado de Las Palmas ve “pocas posibilidades” de que lo haga en un futuro cercano.

- ¿Su valoración es pesimista o realista?

- Sin duda, realista. Creo que no hay otro modo de verlo, vistos los plazos y el tratamiento que se le ha dado al mandato que se puso el propio legislador. Ha transcurrido el periodo establecido en que se debía haber elevado a las Cortes el proyecto de ley y no existe ni siquiera un borrador.

- ¿No ha habido tampoco ningún pronunciamiento al respecto, aunque solo sea de palabra?

- Al final, que esto se haga no dependerá de buenas intenciones sino de voluntad política; y la realidad a día de hoy es que estamos entrando en periodo electoral, con el cambio y constitución de un nuevo Gobierno en el horizonte. Por eso, no se alcanzarán los objetivos que indica la ley ni en un corto ni en un medio plazo razonable.

- En su participación en las jornadas ha afirmado que la nueva legislación persigue que el ámbito en que se desarrolla la administración de justicia evolucione hacia un “mejor trato” de las víctimas menores. ¿Qué es entonces lo que se está haciendo mal en la actualidad?

- El cambio más importante que establece la ley es el respeto a la posición de la víctima dentro del proceso penal, que debe estar en igualdad con la que ocupa la parte investigada.

Deberíamos atender a lo que la normativa nacional e internacional establece que debe hacerse en los juzgados. En el caso de la infancia tenemos, además, una particularidad y es el momento evolutivo en que se encuentra la víctima. El proceso judicial puede agravar su situación, paralizar las medidas de afrontamiento del hecho delictivo adoptadas o simplemente no conducir a una buena resolución del caso porque no se atiende a las características propias del niño; desde el lenguaje a situaciones transversales de discapacidad, por ejemplo.

- Entiendo que estos errores se resumen en el nuevo concepto de ‘revictimización’ o victimización secundaria (respuesta que da el sistema a la persona que ha sufrido un delito y que hace que esta reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima).

- Sí. Es una idea nueva que no se conoce demasiado, aunque todo el mundo opina sobre ella. Por ejemplo, se suele partir de la base de que la victimización secundaria surge del número de veces que se recibe testimonio a la víctima, y nos centramos muy poco en el cómo se recibe esa declaración, porque ahí hay un matiz muy importante; o cómo se hace una exploración ginecológica a una menor de seis años; o cómo deben coordinarse los juzgados con los servicios sociales y otras entidades protectoras para evitar que haya organismos públicos practicando la misma pericia hasta tres y cuatro veces cada uno por su lado.

- ¿Cómo es posible esa falta de entendimiento institucional?

- La verdad es que ni los juzgados ni los servicios sociales ni cualquier otro agente de la Administración teníamos hace un tiempo la voluntad o los conocimientos para aprender a coordinarnos.

Una vez esto se ha podido dar, en nuestro juzgado hemos visto enseguida los frutos. En un año, tras más de 400 casos registrados y superar las 100 pruebas preconstituidas, no nos hemos encontrado con ninguna víctima renuente, o que los datos científicos nos digan que no ha salido del juzgado mejor de lo que ha entrado.

- Además de la coordinacion entre servicios, ¿cómo consiguen evitar las situaciones de ‘revictimización’ en su programa piloto?

- Una de las decisiones más importantes que hemos tomado ha sido centrarnos en los mecanismos que consideramos reducen al mínimo las posibilidades de que eso suceda y que, a su vez, contribuyen a una notable reducción del estrés en el niño o adolescente, a una mejora en la obtención del testimonio y a una disminución de la impunidad.

- ¿Podría explicar alguno de esos mecanismos?

- En primer lugar, comenzamos el abordaje de la víctima desde su propio domicilio, a través de cuentos o herramientas tecnológicas adaptadas, y realizamos procesos de entrada y recepción en los juzgados sin esperas ni controles de seguridad.

Además, contamos con unas instalaciones específicamente destinadas a la infancia. Tenemos una sala Gesell adaptada, en la que nos acompaña un equipo de investigación universitario. Utilizamos también, por ejemplo, pulseras medidoras de frecuencia cardíaca y niveles de estrés para saber en todo momento cómo está el niño.

- Habla de “abordaje a la víctima”. ¿Los jueces reciben formación para tratar con menores que han sufrido violencia de cualquier tipo?

- No, aún no se ha cumplido ninguno de los tres pasos que el legislador define en la ley. El primero de ellos es la formación, luego la especialización y finalmente la creación de juzgados específicos.

Por otro lado, hay que recordar también que la necesidad formativa que establece la norma no se reduce solo a los jueces; también a abogados, policías, personal sanitario, incluso a periodistas; a todos los que durante un proceso judicial tratan con la víctima menor de edad.

- Según su opinión, ¿a qué cree que se debe ese prolongado agujero de conocimientos interpersonales?

- A que la perspectiva de la infancia siempre ha sido ignorada y, por tanto, desconocida. Aunque ahora poco a poco se va consiguiendo ponerla encima de la mesa, solemos olvidar que los menores son sujetos de derechos que merecen la misma protección que el resto.

- ¿Qué consejo inicial daría a un juez que se incorporase a su proyecto piloto?

- El primero, en línea con lo que estábamos hablando, es que recibiera una formación específica y especializada; desde estrategias mentales a inteligencia emocional, técnicas de interrogatorio o conocimientos interdisciplinares en psicología del testimonio. El juez debe tener una formación multidisciplinar y estar integrado en equipos multidisciplinares.

En este campo es muy importante también la prevención de riesgos laborales, pues el impacto emocional diario sobre el juez es brutal. No estamos ante casos normales y, por naturaleza humana, empatizas más con la víctima, que es un niño o adolescente, con independencia del hecho en cuestión. Hay que saber dejar atrás los procesos terminados porque la Justicia te come, nunca se acaban los casos.

- ¿Cuál es su modo de gestionar ese impacto emocional?

- Tengo mecanismos autoaprendidos para gestionar emocionalmente estos casos. Sé que necesito mantener determinadas pautas, como no despistarme con el deporte o integrarme plenamente en la vida familiar al llegar a casa. Además, mi profesión cuenta con un gran componente de motivación. No puedes no involucrarte del todo. Entonces, la satisfacción de que en muchas ocasiones salgan bien las cosas actúa de estimulante y te permite ser más resiliente con asuntos pasados.

En la judicatura hay temas tabú. Nunca te vas a encontrar a jueces hablando sobre lo que han sentido al levantar un cadáver. De eso no se habla. Nunca. Los jueces no tenemos formación en gestión del impacto emocional. Ni se ofrece, ni se prevé que se ofrezca. En mi opinión, la prevención debería contemplar también otros aspectos y no solo la revisión médica anual. 

Si situaciones que he vivido este curso me cogen con quince años menos de carrera, ahora estaría con ansiolíticos. Estoy en un proyecto para el que me he formado toda mi vida, aún con la droga de sacarlo adelante. Dentro de un año no te sé decir.