Desde que nuestro país firmó en el año 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, dicha firma nos comprometió como país y como sociedad, a aplicar y desarrollar los derechos de los niños y derivado de todo ello, la obligación de rendir cuentas.

Cada cierto tiempo, el Comité de los Derechos del Niño, analiza la situación de los derechos de la infancia a los países suscriptores del Convenio, emitiendo toda una serie de recomendacio- nes para evitar o, cuanto menos, paliar, los principales problemas detectados. De entre las asignaturas pendientes de España, destaca la falta de inversión en la infancia, la existencia de niños en riesgo de discriminación o fuera del entorno familiar, pobreza infantil, educación, niños migrantes, refugiados y no acompañados, entre otras. 

De entre las deficiencias detectadas, me preocupa especialmente la referida a la violencia contra los niños, que ha sufrido un incremento considerable en los últimos años: situaciones de agresión física o sexual, maltrato, acoso o bullying escolar, ciberacoso o ciberbullying... De los datos que arrojan los últimos informes elaborados al respecto por organizaciones como Save the Chidren, sabemos, por ejemplo, que uno de cada cuatro niños españoles sufre o ha sufrido maltrato.

Son datos preocupantes, pues se trata de situaciones de violencia, que ponen en peligro la vida de los menores y que, sin ninguna duda, pueden condicionar su desarrollo en el futuro, y acarrear consecuencias tan graves como que los niños víctimas de maltrato, sufran alteraciones neurobiológicas, que afecten al desarrollo de sus conexiones cerebrales, y todo ello al margen y además de los daños provocados en su bienestar emocional y psicológico.

Como sociedad, tenemos la obligación de proteger a los niños frente a cualquier tipo de violencia, de prevenirla para que nunca ocurra, y si es el caso que se da, para darles el mejor tratamiento posible. Una sociedad que no es capaz de garantizar los derechos de los niños, no será capaz de garantizar un futuro digno para ellos.

Vemos los derechos de la infancia no han tenido apenas protagonismo alguno en los discursos políticos de los principales partidos políticos durante la campaña electoral. Ninguna duda cabe de que, sin perjuicio de las oportunas reformas legislativas e incluso la promulgación de nuevas leyes, como la propuesta para la Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, se trata de un problema de mayor calado, una cuestión educativa, de principios y de valores, y por ello, y sin perjuicio del esfuerzo que se debe hacer por quienes nos representan, es en estas cuestiones donde se encuentra, en buena medida, la solución a la cuestión y donde se debería centrar el esfuerzo.

Nuria Martínez Sanchis
Decana Facultad de Derecho