La Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha dado inicio al ciclo de conferencias ‘Dimensiones sociales en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana’ con la intervención del catedrático de Derecho Constitucional y profesor de la UCV Vicente Garrido.

En su conferencia, que ha tenido lugar en el salón de actos del Campus de Valencia-San Juan y San Vicente, el también presidente de honor del Consell Jurídic Consultiu ha tratado los derechos y el desarrollo social del Estatuto, en concreto la regulación establecida en el Título II.

“Se debe hacer una campaña de difusión para que los valencianos, en general, conozcan las prestaciones y derechos que establece el Estatuto. Hemos de explicar el contenido del estatuto sobre todo en colegios y universidades. Derecho Autonómico es una asignatura optativa, por ejemplo, cuando debería ser obligatoria”, ha expuesto Garrido.

En ese sentido, el profesor de la UCV ha asegurado que los ciudadanos “van percibiendo poco a poco que la comunidad autónoma es un poder cercano a él. Sobre todo en materia de servicios sociales, se va conociendo que existe una serie de prestaciones establecidas por las comunidades autónomas a las que tienen derecho. Pero es cierto que no todos los ciudadanos conocen las conocen”.

“El Estatuto goza de buena salud, se va desarrollando a su ritmo. Tiene una serie de imperfecciones técnicas que podrían retocarse en una reforma pero no es necesario abrir un proceso de reforma para ello. No soy partidario de tener demasiadas leyes”, ha aducido.

Según Garrido, un exceso de legislación “asfixia al ciudadano”. Además, muchas de las normas constituyen un “derecho gaseoso”, pues realmente “no establecen derechos sino directrices o programas de gobierno a desarrollar con la adopción de determinadas medidas”.

Asimismo, el catedrático de Derecho Constitucional ha recordado que el Estatuto de Autonomía valenciano fue el primero que contuvo una declaración de derechos, seguido después por los de Cataluña, Baleares o Aragón.

“Lo cierto es que más que derechos, el estatuto establece una serie de principios rectores y mandatos al legislador. El único derecho que realmente se establece es el de comunicarse con la Administración en el idioma cooficial de preferencia del ciudadano y a que la Administración se comunique con él en la lengua que este ha elegido libremente. El resto no son derechos ejecutables ante un tribunal sino que requieren de la mediación del legislador”, ha expuesto.