Reflexión ética sobre la pandemia del COVID-19 en España
Natalia López Moratalla | 26 noviembre 2020
La Bioética, proporciona el marco de reflexión y deliberación que permite adoptar las decisiones éticamente correctas, buscando el justo equilibrio entre el interés colectivo y la dignidad del ser humano. Especialmente, en momentos en los que nuestros valores se ponen en tensión, puede caerse en el error de primar casi exclusivamente el interés colectivo en detrimento de la dignidad y derechos del individuo.
El Comité de Bioética de España (CBE), ha publicado: I. Tres Informes en plena expansión de la pandemia. Y II. Dos de sus miembros han participado en la elaboración de la Estrategia de Vacunación adelantándose en el tiempo a la aprobación de varias vacunas, de forma que la reflexión ética pueda realizarse sin presiones de inmediatez.
I. Recomendaciones del CEB en plena pandemia
A) ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS
Es importante asumir que tanto la priorización como la toma de decisiones éticamente difíciles son comunes en el ámbito de la salud. Ningún protocolo de priorización debe ser un argumento para diluir la deliberación que conlleva la toma de decisiones trágicas, cuando los recursos son escasos y el contexto de máxima tensión. Los principios generales de la buena práctica médica son, en general, aplicables a estas situaciones. Un profesional sanitario, por tanto, debe comenzar por analizar qué haría con un paciente concreto si la situación de escasez no existiera.
-La justicia supone una distribución equitativa de los recursos disponibles. Es necesario disponer de los medios imprescindibles para que los profesionales sanitarios, de Atención Primaria y farmacéutico, puedan trabajar en condiciones de seguridad. Protegiendo prioritariamente a los sanitarios, no solo nos protegemos directamente a todos, sino que el principio de justicia exige priorizar a los que en nuestro beneficio han expuesto más intensamente su salud. El principio de reciprocidad implica que la sociedad debe apoyar a las personas que asumen una carga o un gran riesgo en nuestra protección. Si bien es cierto que existen otras profesiones indispensables en una pandemia, tampoco es discutible que destaca la sanitaria, por el origen y naturaleza de la crisis. El principio de equidad exige priorizar a los colectivos más vulnerables. Las personas con discapacidad, en situación de extrema pobreza, o necesaria convivencia en lugares de encerramiento –emigrantes en campos de refugiado o cárcel– tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud. El cuidado de los grupos menos protegidos, justifica la discriminación positiva.
- El enfoque utilitarista –atender a quienes tienen más posibilidad de curarse– cae en la falacia de asumir que el valor moral de las personas es intercambiable, de forma que la salud que unos ganan compensa a la que otros pierden, si el resultado es una suma positiva.
B) DERECHO Y DEBER DE FACILITAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA ASISTENCIA ESPIRITUAL A LOS PACIENTES CON COVID-19, AL FINAL DE SUS VIDAS Y EN SITUACIONES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
La excelencia de nuestros profesionales de la salud está sosteniendo un sistema sanitario tensionado día tras día, más allá de sus posibilidades, algo que los ciudadanos han percibido claramente reaccionando con continuas muestras públicas de agradecimiento. Pasado el primer impacto organizativo, y tras comprobar carencias de tipo relacional, urge afrontar el desafío de la asistencia en situaciones especiales, como la de los menores de edad y/o personas con discapacidad, la atención a la agonía de los pacientes en los momentos finales de su vida con la mayor calidad asistencial y humana. La filosofía de los cuidados paliativos, incluyen criterios de atención psicoemocional, espiritual, religioso y de acompañamiento familiar.
C) REQUISITOS ÉTICO-LEGALES EN LA INVESTIGACIÓN CON DATOS DE SALUD Y MUESTRAS BIOLÓGICAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19
La pandemia nos está demostrando que, si bien es cierto que en determinados pacientes la edad y algunas patologías de base permiten prever un peor pronóstico, hay supuestos en los que la evolución ha sido mala o catastrófica en pacientes aparente e inicialmente sanos. Se requiere, pues, una investigación específica, que requiere el análisis del material relevante, como los datos de salud incorporados a las historias clínicas y de las muestras biológicas de los pacientes que han sido atendidos en centros sanitarios y a nivel domiciliario.
Si bien se debe proteger el anonimato de esos datos, es importante recordar que ese derecho a la intimidad se manifiesta en un entorno social de interrelaciones, en el que es tan relevante reconocer la autonomía del individuo como la solidaridad del ciudadano, a fin de usar esos datos en investigaciones sobre la COVID-19.
II. El objetivo general de la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España es reducir la morbilidad y la mortalidad causada por esta enfermedad mediante la vacunación frente a COVID-19, en un contexto de disponibilidad progresiva de dosis, y protegiendo a los grupos más vulnerables. La ciudadanía debe saber que las vacunas que finalmente se emplearán para inmunizar frente a la COVID-19 dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las que se emplean habitualmente. El objetivo general de la estrategia es generar un alto nivel de confianza. Los grupos antivacunas están socavando la confianza. La vacuna no es obligatoria, pero si es peligro para los demás no vacunarse.
a) Es un deber ético de la comunicación que esta estrategia se rija por la aplicación de los principios: A) Veracidad: información fundamentada en la evidencia científica disponible sobre los beneficios y riesgos de la vacunación. B) Transparencia. C) Participación: para lo que se escucharán las dudas para responder a las necesidades existentes. D) Equidad: se deben adaptar los mensajes a la audiencia para garantizar que sea accesible, con atención específica a las personas con discapacidad o pobres culturalmente. E) Evaluación de las informaciones.
b) Debido a la disponibilidad gradual de dosis de vacunas es necesario establecer el orden de prioridad de los grupos de población. En una primera etapa: 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad severa. 2. Personal sanitario de primera línea. 3. Otro personal sanitario y sociosanitario. 4. Personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida.
Las etapas posteriores -con disponibilidad de más dosis de las vacunas- incluirán otros grupos. Entonces otros factores como personas de edad avanzada y profesiones -como maestros o profesores- cuyos alumnos han de ser educados en sistema presencial. O los que están necesariamente encerrados -inmigrantes y encarcelados.
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Nota sobre las imágenes: